La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) emitió una resolución que condena a las instituciones públicas peruanas que persiguen, amedrentan, hostigan e insultan a medios de comunicación.
Además, piden al Congreso de la República que no presenten proyectos que puedan ser “lesivos a las libertades de expresión, prensa e información, en cumplimiento de lo que prescriben instrumentos internacionales en la materia”.
La entidad también solicita al Poder Judicial y al Ministerio Público que se respete el derecho constitucional a la protección de las fuentes de información que manejan los periodistas.
“(Se acuerda) instar a las autoridades públicas a actuar frente a los abusos y agresiones de grupos civiles radicales que amedrentan a periodistas”, se lee en el texto.
¿Por qué se pronunció la SIP?
Durante su reunión de medio año, entre el 17 y el 19 de abril, la SIP discutió la actualidad de la prensa peruana. En ese sentido, tomaron en consideración que la presidenta de la República, Dina Boluarte, habría criticado “sin fundamento” a los medios por “investigar y destapar el origen de sus joyas”.
En cuanto al Parlamento, se menciona algunas iniciativas legislativas que buscarían ampliar las penas de cárcel por difamación, criminalizar la difusión de procesos de colaboración eficaz, y obligar a revelar las fuentes. Además, sostienen que la Fiscalía, el Ejército y la Policía han realizado seguimiento, reglaje y/o espionaje a profesionales.
También se consideró “la falta de acción de las autoridades peruanas respecto de grupos civiles radicales que amedrentan a periodistas”, en referencia al accionar de colectivos ciudadanos.
Finalmente, para elaborar el comunicado citan el principio 10 de la Declaración de Chapultepec, el cual establece que “ningún medio de comunicación o periodista debe ser sancionado por difundir la verdad o formular críticas o denuncias contra el poder público”.
Consejo de la Prensa Peruana rechaza PL
El Consejo de la Prensa Peruana (CPP) expresó su preocupación y rechazo al proyecto de ley número 7348, impulsado por el congresista Luis Cordero Jon Tay, de Acción Popular, por presuntamente restringir a la libertad de prensa. Este dictamen, según el organismo, representaría una limitación encubierta a la labor periodística, especialmente en lo que respecta al papel de la prensa en la revelación de actos de corrupción, como el de los ‘Vladivideos’. En consecuencia, solicitaron formalmente que se descarte la propuesta legislativa.
Entre las críticas que ha recibido la iniciativa legislativa se encuentra que podría impedir que la ciudadanía acceda a información relevante mediante la implementación de sanciones hacia los fiscales que compartan datos de interés público.
En cuanto a los periodistas Liubomir Fernández de La República, Gustavo Gorriti de IDL - Reporteros, y Rosa María Palacios, el CPP, junto a otras organizaciones como la Asociación Nacional de Periodistas (ANP) y el Instituto de Prensa y Sociedad (IPS), han manifestado su preocupación por varios incidentes que sugieren un ambiente hostil hacia la prensa.
Desde solicitudes de medidas cautelares ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) hasta investigaciones preliminares y hostigamiento por parte de grupos que han sido criticados por tener posturas radicales.
Liubomir Fernández, por ejemplo, denunció haber sufrido amenazas y agresiones físicas en el pasado, particularmente en relación con su cobertura de presuntas negligencias por parte de autoridades militares en Puno. Gustavo Gorriti, por otro lado, fue objeto de una investigación preliminar por parte del Ministerio Público, que incluye la posible revelación de sus fuentes periodísticas, un acto que podría comprometer seriamente la confidencialidad que sustenta la labor periodística. Rosa María Palacios ha sido igualmente blanco de agresiones por grupos políticos. En este caso, incluso la periodista fue perseguida cuando salía de un supermercado y hasta su vivienda.