La Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Arequipa ejecutó un significativo operativo en el que se incautaron más de 400 mil soles en efectivo, tanto en moneda nacional como extranjera, en el domicilio de Verónica Luz Cruz Sulla, exgerenta de Desarrollo Urbano de la Municipalidad Distrital de Paucarpata.
El allanamiento, que tuvo lugar en el distrito arequipeño de Alto Selva Alegre, reveló la presencia de 119.233 dólares y 21 mil soles, cuidadosamente ocultos en el dormitorio de exfuncionaria.
Este procedimiento forma parte de una investigación que busca esclarecer acusaciones sobre presuntos delitos de colusión agravada y negociación incompatible cometidos entre noviembre y diciembre de 2022.
Las indagaciones sugieren que Cruz Sulla facilitó acciones indebidas relacionadas con la obra “Construcción de cobertura en el complejo multideportivo Campo de Marte” y permitió que proveedores entregaran cartas con fotografías y firmas falsificadas para declarar la finalización de dicho proyecto.
La fiscal Mery Ofelia Bellido Marroquín supervisó personalmente el operativo en el que logró incautar varios objetos que podrían ser clave para la investigación, incluyendo sellos, agendas, constancias de depósitos bancarios, celulares y documentos.
Estos elementos apuntan hacia una red de favorecimiento indebido a ciertos proveedores, incluido el de la pareja de Cruz Sulla, con pagos que superan los 400 mil soles por trabajos no realizados en el complejo deportivo Campo Marte, actualmente en estado de abandono.
El caso, que salió a la luz tras un informe de la Contraloría General de la República en 2022, ha llevado a la implementación de medidas legales, incluida la aceptación de un requerimiento de allanamiento por parte de la jueza Janett Lastra Ramírez, tras la solicitud del fiscal Arturo Valencia Paiva.
En el proceso de allanamiento, realizado en la madrugada en la vivienda situada en la manzana G de la asociación de vivienda Lealtad Democrática, se encontraron tanto a Verónica Cruz como a Joel Ccarita Salcedo, propietario de Bertrans SAC.
Según afirmaciones de la exgerenta, el dinero hallado proviene de sus ahorros generados por su actividad profesional como ingeniera. No obstante, enfrenta el requerimiento de presentar respaldos documentales que validen su afirmación.
Funcionarios públicos
En marzo, la Contraloría General de la República comunicó la sanción de inhabilitación para ejercer cualquier cargo en el sector público a 204 funcionarios y empleados, por un lapso de hasta cinco años. Esta decisión obedece a la identificación de conductas administrativas consideradas graves o muy graves, originadas tanto por acciones intencionadas como por la falta de la debida diligencia en el desempeño de sus roles.
Del total de personas afectadas por esta restricción, 175 aún se encuentran bajo el efecto de esta medida, mientras que para 29 individuos el período de sanción ya ha concluido. Los nombres y demás datos relevantes de los sancionados pueden ser consultados en el sitio web oficial de la entidad, donde la información se actualiza al cierre de cada mes.
Las infracciones más frecuentemente observadas incluyen la parcialidad en procesos de adjudicación de contratos y ejecución de licitaciones, el aprovechamiento indebido de su posición para lograr beneficios o ventajas personales, así como la omisión, negativa o demora injustificada en la realización de las tareas asignadas dentro de su espectro de funciones.
Inicialmente, la indicación de un comportamiento cuestionable a nivel administrativo, considerado como grave o muy grave, fue identificado en los informes provenientes de varias auditorías. Este apunte inicial se ratificó más adelante mediante un Procedimiento Administrativo Sancionador (PAS), fase en la cual se aseguró la protección de los derechos esenciales del debido proceso, incluyendo el derecho a la defensa, así como los principios de legalidad y de tipicidad.