La situación de la presidenta Dina Boluarte y la procedencia de sus relojes Rolex es cada vez más confusa y delictiva. Al punto de que la Fiscalía de la Nación dispuso el inicio de diligencias preliminares por el presunto delito de enriquecimiento ilícito y omisión de consignar declaración en documentos. Desde entonces, distintos miembros del gabinete ministerial dejaron entrever en entrevistas que estos objetos de lujo no serían originales a modo de defensa, pero ¿es realmente una salida viable dicho argumento?
En diálogo con Infobae Perú, el abogado tributarista José Verona mencionó que, en cualquier de los casos, sea que se acepte la no declaratoria o se continúe con la premisa de falsedad, le ocasionaría problemas legales a Boluarte.
“Existe una ley de bancarización donde si la compra es mayor a S/ 3.000 soles, unos 800 dólares, tengo que declararla sí o sí. Y solo uno de estos relojes vale más de 15.000 dólares. Además, cualquier funcionario público debe consignar estos objetos, aún más ella que tiene cargos de responsabilidad desde 2017, y al ser desde hace más de un año la Presidenta, con más razón. Solo uno de los relojes en cuestión sería de después del 2020, y no está en ninguna de sus declaraciones juradas”, recordó.
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Insistió que, de no haber sido comprado por ella, también sería perjudicial, pues “no puede recibir regalos ni donaciones”, y la premisa de que es falso, también acarrea el delito por violación de los derechos de autor. “Quien la asesora para sacar esos argumentos penosos, lo que hacen es embarrar más la situación. Inmediatamente, el Indecopi debería abrir investigación de oficio al respecto”, sostuvo.
En ese sentido, mencionó que, así como la Justicia, el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual y la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT) pueden iniciar investigación preparatoria contra la mandataria.
“Si bien no pueden abrirle investigación hasta que termine su mandato porque la presidenta de la República está blindada por su derecho de investidura, solo con la denuncia, el Congreso puede plantear la vacancia porque es un acto contra la moral. [...] El dogma del Derecho dice que los millones de peruanos que no son funcionarios públicos pueden hacer todo lo que la ley no prohíba, mientras que los funcionarios públicos solo pueden hacer lo que la ley les autoriza”, subrayó el experto.
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Consideró como otro aspecto clave el saber si los relojes en cuestión ingresaron al país importados legalmente y la Presidenta los compró en Perú, o si fueron contrabandeados, ya que debe tener declaración de ingreso (DUA), porque no son fabricados aquí y son bienes de más de 10.00 dólares. “Si no tiene ninguna de esas cosas, o no las puede comprobar, cometió delito”, enfatizó Verona.
Patrimonio de la presidenta debe ser investigado
Verona también se refirió al informe periodístico sobre una investigación de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Superintendencia de Banca y Seguros (SBS) que reveló que Dina Boluarte habría recibido más de un millón de soles de origen desconocido. Al respecto, el experto ratificó que cualquier funcionario público tiene que tener el ingreso patrimonial en sus declaraciones juradas y desmintió al premier Gustavo Adrianzén.
Como se recuerda, el sucesor de Alberto Otárola argumentó que una de las cuentas, que tenía casi la totalidad de la cifra desconocida, era mancomunada entre la mandataria y el tesorero del Club Apurímac: “No tiene que llamar la atención esto, ya que es una práctica comuna en esas asociaciones civiles sin fines de lucro”, dijo.
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No obstante, Verona mencionó que “no es habitual esta práctica, porque la gran mayoría de las asociaciones sin fines de lucro tienen cuenta propia. Lo que pudo haber sucedido es que la cuenta del club podría estar embargada, y en ese caso depositaban el dinero para el manejo del club en su cuenta, pero para que eso pueda suceder, debe haber documento con firma legalizada, sino es incremento patrimonial no justificado, y amerita investigación, y más por ser la presidente de todos los peruanos”.
¿Habría desbalance después del 2022?
El jefe de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Sergio Espinoza Chiroque, precisó que no han vuelto a realizar ninguna investigación después de noviembre del 2022 sobre el patrimonio de la presidenta.
“Ni se ha solicitado ni ha surgido. Nosotros hacemos investigación en la medida que, o nos solicita una Fiscalía algo, o nosotros podemos recibir nueva información, y eso hace que el caso siga estando vivo, pero lo que se ha publicado en el diario El Comercio es todo lo referido a cosas que han ocurrido hasta noviembre del 2022″, detalló.
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