Una de las críticas constantes que se tiene en contra del sistema de justicia en el Perú es que, una vez que los criminales son capturados por la Policía Nacional del Perú, es que luego son liberados. Esta responsabilidad, que recae sobre los jueces y fiscales, generó la indignación del propio presidente del Poder Judicial, que pidió una norma para inhabilitar ‘para siempre’ a quienes cometan estos actos.
La muestra más reciente de estas actitudes se pudo ver el 15 de marzo, cuando el criminal conocido como ‘Maldito Frank’, acusado de secuestrar y asesinar al empresario Machiavelli Laura en Santa Anita, fue liberado pese a que el acto quedó registrado en cámaras de seguridad. La Fiscalía solicitaba prisión preventiva, pero solo se le dio una comparecencia con restricciones.
La jueza del caso dispuso la liberación del criminal pese a que las pericias dieron positivo para plomo, antimonio y bario, elementos residuales luego de disparar un arma de fuego.
Este es solo el caso emblemático más reciente, pero la realidad es que en los últimos siete meses se liberó a un total de 69 presuntos criminales que fueron capturados por la Policía Nacional mientras se cometían los delitos o con pruebas de que estos fueron los autores.
Otro caso que despertó la indignación en la ciudadanía incluye la liberación de tres hombres que fueron detenidos luego de haber detonado un explosivo en el distrito El Porvenir (Trujillo). Los agentes PNP intervinieron a Carlos Ávalos Fernández, Yoján Huylla Gerónimo y Andy Echevarría Blas, quienes estaban en posesión de un cartucho de dinamita.
Sin embargo la fiscal adjunta provincial, Fiorella Gutiérrez Rodríguez, indicó que no se habían realizado pericias necesarias “a fin de determinar si dichos objetos encontrados en su poder corresponden a municiones y dinamitas, que además se encuentren en buen estado de conservación y operatividad”. Por lo tanto, los presuntos extorsionadores fueron liberados porque no se verificó si los objetos realmente eran explosivos.
En enero del año 2024 también se procedió a liberar a cinco sujetos que, luego de robar celulares, violaban las claves de seguridad de los dispositivos para robar el dinero de las cuentas bancarias. Pese a que 35 víctimas de estos criminales permitieron que la PNP los identifiquen y a que los implicados tenían antecedentes, la jueza del caso también ordenó liberarlos.
En Ica tambien se han producido casos similares pues el 8 de febrero de este año también se capturó a una banda criminal conocida como ‘Los Colochos del Sur’, que extorsiona a ciudadanos con la modalidad del ‘gota a gota’. Los intervenidos incluso fueron hallados en posesión de granadas de guerra, celulares y motocicletas que serían utilizadas para escapar de la policía. Sin embargo también fueron liberados.
Las liberaciones no solo se producen cuando las intervenciones policiales generan algunos detenidos. En diciembre del 2023 la PNP intervino un ‘bunker’ en Pachacamac y detuvo a 28 personas que se encontraban al interior junto a armas de fuego, una granada y drogas. Finalmente 21 de ellas fueron liberadas, mientras que el resto, a solicitud de la jueza Leny Zapata ordenó comparecencia con restricciones y comparecencia simple.
Otro caso de liberación de gran cantidad de presuntos criminales detenidos se pudo registrar en Áncash. En esta oportunidad la banda identificada como ‘Los Elegantes de Áncash’, dedicada al tráfico de licencias de conducir, fue liberada luego de que un juez decidiera declarar improcedente un pedido de 36 meses de prisión preventiva.
Los 27 integrantes de la organización que fueron detenidos recuperaron su libertad pese a que la fiscal del caso asegurara que tenía en su poder más de 250 audios de comunicaciones telefónicas, 53 celulares y computadoras con información clave.
Los 69 presuntos criminales detenidos y posteriormente liberados forman parte del motivo por el que el Poder Judicial tiene un alto nivel de desconfianza entre la ciudadanía.
Ciudadanos no confía en el sistema de Justicia del Perú
Una encuesta reciente elaborada por Datum indica que tanto el Poder Judicial y la Fiscalía de la Nación son consideradas por los peruanos como instituciones “corruptas”.
Los resultados indican que al menos el 85% de los participantes no confía en la Corte Suprema de Justicia y el 73% de la ciudadanía tampoco hace lo mismo con la Fiscalía de la Nación. Entre los motivos que expresaron para ello en ambos casos se indica que estas “reciben coimas” o “benefician a los delincuentes”.