Rutas de Lima, la empresa concesionaria del peaje de Puente Piedra, ha comunicado a la Municipalidad de Lima que sí es factible la construcción de una vía alterna, propuesta por la propia comuna capitalina. Como se recuerda, el alcalde de la ciudad, Rafael López Aliaga, había asegurado, en el 2023, de que esto no era factible por la geografía de la zona.
Este nuevo camino empezaría en la plaza Dos de Mayo, en el Cercado de Lima, para seguir por las avenidas Túpac Amaru, Metropolitana, Chillón Trapiche, Industrial y Copacabana. Sin embargo, se tendría que edificar un puente para cruzar el río Chillón.
“La propia muni ha presentado un trazo y han consultado si es o no factible, según el contrato de concesión. La respuesta es que sí lo es”, manifestó Ives Becerra, gerente legal de la empresa, en entrevista con RPP. Por otro lado, aclaró que la construcción, habilitación y el mejoramiento de esta vía debería estar a cargo de la comuna.
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Previamente, el alcalde de Puente Piedra, Rennan Espinoza, había mencionado a Punto Final que el contrato prohibía edificar este tipo de alternativa.
“Acá no hay una vía paralela por la cuestión geográfica del terreno, pero adicionalmente el contrato lo prohíbe, aunque no lo dice con esa frase, lo dice con punto de fuga. Lo que dice es no puede sacarme la vuelta, tienes que pagar el peaje”, afirmó.
Ahora RDL sostiene que gracias a esta opinión favorable, se puede evidenciar que “técnicamente, siempre ha sido factible construir una nueva vía alterna”.
Sin embargo, este plan podría tener inconvenientes, ya que cuando Rennan Espinoza presentó una propuesta de camino paralelo, también estableció que se tenía que edificar un puente.
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“No podría dar un tiempo, porque el problema son las ocupaciones precarias que hay ahí. Ese es un tema social que hay que resolverlo. Esperemos que el Ministerio de vivienda nos ayude a resolverlo”, indicó.
MML denuncia a accionistas mayoritarios
Rafael López Aliaga anunció que su administración ha impuesto una demanda en Estados Unidos contra el fondo canadiense Brookfield, el principal accionista de la concesionaria Rutas de Lima. El proceso legal está siendo llevado a cabo por un despacho de abogados en Washington, aunque los detalles específicos del caso no fueron revelados durante una rueda de prensa.
El burgomaestre destacó que el objetivo principal es defender los intereses de la ciudad de Lima frente a lo que considera prácticas cuestionables por parte de Brookfield, relacionadas con la adquisición de acciones de Odebrecht.
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La controversia entre el municipio de Lima y Rutas de Lima se ha intensificado después de que la concesionaria aumentara el costo de los peajes, lo cual llevó al alcalde a buscar medidas legales para contrarrestar el incremento.
La Municipalidad de Lima, a través de su representante legal, Martin de Luca, había señalado anteriormente que las implicaciones de la demanda podrían ser de índole civil y penal, incluyendo posibles daños monetarios, aunque sin cuestionar directamente la validez del contrato con la concesionaria.
Desde el punto de vista de la compañía, las acciones de la municipalidad son hostiles y perjudiciales para los usuarios de la vía.
Desde su campaña electoral, López Aliaga prometió abordar el tema de los peajes administrados por el consorcio. En ese momento, dijo que se iba a anular el contrato durante su primer mes de gestión, lo que llevó a la empresa a iniciar un procedimiento de arbitraje ante la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional (CNUDMI).
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A pesar de los intentos de mediación, incluyendo los del exministro de Economía y Finanzas (MEF), Álex Contreras, la posición del municipio se ha mantenido firme.