El sargento Marco Antonio Auccatoma Felices, perteneciente al Batallón de la Policía Militar del Pentagonito, ha sido reportado como desaparecido luego de haber denunciado un presunto esquema de robo de gasolina dentro del cuartel de la Comandancia General del Ejército, ubicado en el distrito de San Borja. Desde hace ocho días, su familia no ha podido establecer comunicación con él, y según declaraciones de su madre, Marlene Felices Bellido, las autoridades del Pentagonito no le brindaron información y solo le expresaron que es un “desertor”.
Medios periodísticos difundieron que la madre del sargento envío una carta al parlamentario Guillermo Bermejo para solicitarle ayuda para ubicarlo.
Horas después, el medio que reveló sobre el ‘Gasolinazo’ comunicó lo siguiente: “El soldado Auccatoma Felices, denunciante del “gasolinazo”, se encuentra cumpliendo con la Justicia” En comunicación con el canal televisivo, “envió mensaje sobre su paradero y aseguró que se encuentra bien. En las próximas horas se comunicará con su familia.”
El testimonio de Auccatoma Felices fue respaldado con evidencia fotográfica, grabaciones de audio y videos, los cuales fueron difundidos ampliamente por el programa televisivo Panorama, planteando serias acusaciones sobre la sustracción ilegal de gasolina, lo cual representa un atentado contra los recursos del Estado peruano.
En este contexto, la preocupación principal de la familia de Auccatoma Felices es su bienestar y paradero actual, mientras que el Ejército y las instituciones correspondientes enfrentan el reto de esclarecer la situación y, de ser necesario, tomar las medidas pertinentes contra los involucrados en las acusaciones de corrupción.
Hasta el momento, no se ha ofrecido una respuesta clara desde el Comando ni por parte de otros organismos de defensa respecto a las medidas que se están tomando para investigar tanto el supuesto robo de combustible como la desaparición del sargento.
Este caso se suma a antecedentes de corrupción dentro de las fuerzas armadas peruanas, recordando el incidente del general retirado Edwin Donayre, quien actualmente cumple condena por el delito de peculado debido a un caso similar de hurto de combustible.
Procuraduría solicita a Fiscalía investigar los hechos
La Procuraduría Anticorrupción ha solicitado a la Fiscalía de la Nación iniciar una investigación preliminar en torno al llamado caso del ‘gasolinazo’, un escándalo que implica el supuesto desvío de combustible dentro del Ejército peruano, específicamente en el Pentagonito, por parte del comandante Jimmy Grández Sánchez. La denuncia, presentada frente a evidencias de un delito de peculado doloso, apunta hacia un mal manejo de recursos asignados para el funcionamiento de vehículos oficiales.
La investigación está motivada por las acusaciones de que Grández Sánchez y posiblemente otros miembros del ejército se apropiaron de manera ilícita de combustible destinado a vehículos del estado. Este caso salió a la luz tras una denuncia periodística y ha llevado a la Procuraduría a demandar una serie de acciones por parte de la fiscalía, incluida la toma de declaraciones y la revisión de las evidencias disponibles.
En paralelo, la Inspectoría General del Ejército del Perú también ha iniciado un proceso de investigación interno, liderado por el Comandante General del Ejército del Perú, César Briceño Valdivia, lo que refleja la seriedad con la que se está tomando la situación.
El alcance del escándalo parece extenderse más allá de un solo individuo, ya que investigaciones preliminares indican que hasta doce miembros del Ejército podrían estar implicados. Estas acusaciones fueron confirmadas por el Ministro de Defensa, Jorge Chávez Cresta, quien subrayó la variedad de rangos militares entre los sospechosos. Este escándalo, no solo plantea serias preguntas sobre la gestión de recursos al interior del Ejército peruano, sino que también amenaza con entorpecer la confianza pública en la institución.
Con las investigaciones todavía en sus etapas iniciales, el público y las autoridades competentes esperan con interés los resultados de ambos procedimientos, el de la Procuraduría y el interno del Ejército, para esclarecer los hechos y determinar las responsabilidades correspondientes.