El general Danilo Vera, jefe de la Región Policial de Junín, reconoció el lunes que los efectivos tienen “la mala costumbre de usar el teléfono” durante la jornada laboral, por lo que dispuso una fiscalización minuciosa y anticipó sanciones más “drásticas” si los agentes persisten en la práctica.
“He salido al llano y pude constatar que el personal policial hace mal uso de celulares, así como otros que tienen cercano su vehículo particular y les permite ausentarse de su puesto de trabajo. Todo esto se acabará y nuestro personal cumplirá con un servicio adecuado de la ciudadanía”, dijo al presentar a 520 policías que patrullarán a pie las calles de la región.
La limitación se enmarca únicamente al ámbito personal, ya que los uniformados tendrán acceso a los móviles en el ejercicio debido a la ausencia de intercomunicadores inalámbricos en la región. Frente a ese déficit, Vera ha planteado que acrediten su ubicación en tiempo real, mediante aplicativos o videollamadas.
A inicios de enero, durante su ceremonia de reconocimiento, el general se comprometió a priorizar el trabajo coordinado, promover la implementación de programas preventivos y radicalizar las denuncias por corrupción que salpican a la institución para “recuperar la confianza” de la ciudadanía.
Además del veto a los celulares, el jefe policial anunció que coordina con los alcaldes distritales de El Tambo y Chilca la implementación de patrullaje aéreo con drones, otra iniciativa pionera en la región. “Recién se está coordinando; es una propuesta de ambas partes que permitiría identificar rostros y placas”, confirmó a Huanca York Times el alcalde de El Tambo, César Llallico.
La prohibición ya había sido dispuesta anteriormente en otros dos departamentos del país: en febrero del 2022 lo hizo exjefe de la IX macrorregión Policial Arequipa, Miguel Cayetano, quien además estableció penalidades para los agentes que no usaran adecuadamente el uniforme. Días después, la medida fue ordenada por el extitular de la XII macrorregión Policial de Áncash, Freddy Del Carpio.
Policía ‘tiktoker’
Solo hace unas semanas, un agente policial y creador de contenido fue criticado en redes sociales cuando realizaba una ‘batalla’ en tiempo real con otra streamer durante su horario de servicio. El suboficial Jeysi Villarreal se dejó ver a bordo de un vehículo, mientras enviaba saludos o contestaba a las críticas de algunos internautas que cuestionaban el uso del traje oficial para actividades no relacionadas con su función.
Villarreal se mostró desafiante cuando fue alertado de que podría enfrentar una penalidad. “Que me den de baja, normal, pero de acá a unos meses, [...] en junio todavía. ¿No te da vergüenza utilizar el uniforme para transmisiones? Imagínate, no me da vergüenza para otras cosas, peor será para hacer transmisiones. Y con respecto a la imagen, más bien yo le doy imagen a la PNP. Si fuera feo, fuera mala imagen”, dijo entre risas.
El efectivo ya había compartido otras ‘batallas’, videos de viajes, rutinas de ejercicios o fotos del emblema de la PNP, pese lo prohíbe una directiva firmada en 2017 por el entonces director de la institución, Vicente Romero, exministro del Interior de Dina Boluarte. Incluso estuvo a punto de mostrar su marbete, un distintivo policial en el que se puede ver su nombre.
A la fecha, la PNP cuenta con 133,880 efectivos (entre oficiales como a suboficiales) desplegados en diversas unidades del territorio nacional. Antes de que fuera censurado por el Congreso, Romero informó que, de 2002 al 2022, se habían retirado unos 52 mil agentes.
Reglamento de la PNP
El Anexo III de la Ley que Regula el Régimen Disciplinario de la PNP indica que existen al menos 50 motivos diferentes por los cuales un oficial de la institución podría pasar a la situación de retiro. Las razones incluyen el consumo de drogas, agredir o violentar a otro miembro de la institución, adulterar evidencia, difundir documentos que afectan a la imagen institucional, pertenecer a un partido político, etc.
Otras formas de sancionar a los oficiales que incumplen con el reglamento es por medio de su suspensión temporal (el período puede variar entre dos días y dos años, dependiendo de la gravedad de la falta cometida).