Desde el 13 de marzo de 2019, nueve mujeres oriundas de Manta, Huancavelica, marcaron un hito en la historia del Perú al dar inicio al segundo juicio sobre el Caso Manta, en el que denuncian por violencia sexual a 13 integrantes del Ejército peruano, que se posicionó como máxima autoridad en la zona durante el conflicto armado interno. Actualmente, en medio de una serie de irregularidades, el proceso legal ya se encuentra en su etapa final.
Frente a ello y debido a la importancia histórica de este juicio, ya que es el tercero en toda Latinoamérica que aborda la violencia sexual como crimen de lesa humanidad en contexto de conflicto, desde la organización feminista Demus se reiteró el pedido de que las audiencias sean públicas, con la finalidad de que la población se mantenga vigilante al resultado.
Caso Manta: audiencias públicas
El pedido de audiencias públicas durante el juicio histórico no es reciente, sino que ha sido solicitado por las demandantes del caso desde hace ya un tiempo. Sin embargo, pese a que esto ayudaría a garantizar su acceso a la justicia por todo lo sufrido durante aquella época, las autoridades no han contestado favorablemente al requerimiento de las mujeres mantinas.
Ahora, cuando ya el fiscal Luis Javier Ramírez Cancho se halla en medio de la sustentación, se ha considerado relevante reiterar el tema, especialmente luego de las acusaciones por acciones dilatorias y otras irregularidades en contra del letrado.
Acusan a fiscal de obstruir el juicio del Caso Manta durante su etapa final
Silva ha manifestado inquietud ante la actuación de la Fiscalía de la Nación en el proceso judicial en curso por el Caso Manta. La letrada ha hecho especial énfasis en el desempeño del fiscal Luis Javier Ramírez Cancho, quien asumió la responsabilidad tras reemplazar a Pedro Orihuela, sin que se hicieran públicos los motivos del cambio. La abogada puso especial énfasis en la importancia de que el representante del Ministerio Público ejecute sus funciones adecuadamente, ya que de ello depende el sostén de la acusación y, por consiguiente, la posibilidad de que las víctimas alcancen justicia.
A esto se sumó que, entre los antecedentes de Ramírez, resaltó uno en particular: fue parte de la sustentación de los hechos por los cuales se detuvo a ocho dirigentes del Frente de Defensa de los Derechos del Pueblo de Ayacucho (Fredepa) en el marco de las manifestaciones contra el Gobierno de Dina Boluarte a finales del 2022. Según La República, el magistrado precisó que los dirigentes habrían cometido actos de terrorismo al solicitar la instalación de una asamblea constituyente para acceder a una nueva constitución.