Clementina Shinquireri solo pide vivir y trabajar en paz dentro de su comunidad. Ella es la primera mujer jefa de Catungo Quempiri, comunidad nativa ashaninka ubicada en Junín, ubicada al norte del Vraem, amenazada constantemente por invasores de tierras y cocaleros ilegales que talan ilegalmente para el sembrado la hoja de coca dentro de los territorios indígenas donde vive la lideresa.
Después de casi dos años de espera, expuesta a situaciones de peligro por quienes realizan actividades ilícitas en sus tierras, el Poder Ejecutivo finalmente le otorgó medidas de protección a través del Mecanismo intersectorial para la protección de las personas defensoras de derechos humanos. Pese a ello, Shinquireri no brinda entrevistas a la prensa por ser riesgoso contra su vida, así lo señaló la Central Asháninka Río Ene (CARE), organización a la cual pertenece, y que agrupa a 19 comunidades y 33 anexos de la cuenca del Río Ene, para Infobae Perú.
La situación de Shinquireri destaca el problema de la ineficiencia en los mecanismos de protección para líderes indígenas. Su caso refleja la vulnerabilidad de los defensores de derechos humanos y del medio ambiente en territorios en disputa por intereses económicos y de explotación de recursos naturales.
La petición de la lideresa en 2021 fue un grito de auxilio frente a una situación de riesgo inminente, un llamado que hasta la fecha parece no ser suficientemente atendido. La ausencia de un plan de resguardo mantiene a Shinquireri en una posición de riesgo permanente, pese a la diplomacia ejercida para conseguir la ayuda necesaria
La comunidad Catungo Quempiri está ubicada en una zona que es objeto de constantes conflictos por presiones de diversa índole, incluyendo la expansión de actividades ilegales. Shinquireri, en su lucha por preservar el territorio y los derechos de su comunidad, se ha convertido no sólo en una figura representativa, sino también en un blanco para amenazas. Estas circunstancias ponen de manifiesto la precariedad de las salvaguardas para activistas indígenas y la necesidad de medidas efectivas y diligentes por parte del gobierno. “No hay acciones concretas y ella continúa bajo amenazas”, expresó un miembro cercano a la lideresa, resaltando la inacción que agrava la vulnerabilidad de Shinquireri y su gente.
Los defensores de derechos humanos y organizaciones dedicadas a la protección de líderes indígenas se han hecho eco de la situación, exigiendo que el Estado otorgue atención inmediata al llamado de Shinquireri y otras figuras en posiciones similares. La activación de medidas de protección no sólo es una cuestión de justicia y obligación estatal, sino también un emblema de compromiso con los derechos humanos y la preservación de las culturas nativas. Mientras tanto, la comunidad internacional observa y espera respuestas concretas que aseguren la vida y libertad de los líderes como Clementina Shinquire
La abogada de CARE, Irupé Cañari, junto al presidente Ángel Pedro Valerio y la jefa de la comunidad Clementina Shinquireri Quispe, han señalado para Inforegión, que Catungo Quempiri sufre de constantes invasiones por parte de colonos cocaleros. A pesar de contar con un título de propiedad registrado en la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos (Sunarp), las tierras indígenas son vulnerables a la deforestación para cultivos de hoja de coca, lo cual ha llevado a la detección de pozos de maceración en el área.
Clementina Shinquireri Quispe ha estado recibiendo amenazas de muerte por los grupos que están detrás de las actividades ilícitas. En octubre de 2021, ella solicitó amparo al Estado a través del Mecanismo Intersectorial del Ministerio de Justicia, que protege a defensores de derechos humanos. Sin embargo, no se le ha brindado ninguna medida preventiva efectiva hasta la fecha. Cañari indica la urgencia de que Shinquireri sea inscrita en el Registro de Personas de Alto Riesgo y menciona las repetidas denuncias realizadas a la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental
Ante la creciente inseguridad, Irupé Cañari y Ángel Pedro Valerio instaron a un diálogo entre las autoridades de los distritos de Junín y Cusco con el fin de alcanzar la titulación con georreferenciación para la comunidad indígena y así proteger su territorio de manera efectiva contra la expansión de actividades ilícitas y violentas.
La historia de la comunidad de Clementina Shinquireri
La comunidad de Catungo Quempiri, en la provincia de Satipo, Junín, ha experimentado un masivo éxodo de sus habitantes, de 200 personas en 2015 a solo 40 actualmente, debido a la presión de colonos cocaleros y amenazas de violencia. Esta situación afecta de manera directa a Clementina Shinquireri, líder de la comunidad y víctima de amenazas por parte de grupos terroristas.
Catungo Quempiri, limítrofe con Cusco, ha denunciado desde 2018 la invasión de su territorio por parte de estos colonos que buscan cultivar coca. La líder comunitaria, Clementina Shinquireri, es destacable por ser la primera mujer al mando en Catungo Quempiri y la segunda en la historia de CARE. Ella continúa la lucha iniciada por su padre, asesinado por Sendero Luminoso, en defensa del territorio que fue legalmente reconocido en 1999.
La deforestación es otra grave consecuencia de la problemática, con 1.962 hectáreas (4.848 acres) de bosque perdidas hasta diciembre de 2021. Irupé Cañari Aragón, asesora legal de CARE, ha reportado 10 denuncias por tala ilegal en Catungo Quempiri a la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental. Estos actos no solo atentan contra la integridad ecológica de la región, sino también amenazan la supervivencia cultural y social de la comunidad indígena.
Líderes asháninkas amenazados
Ángel Pedro Valerio y Fabián Antúnez, líderes asháninkas de las organizaciones indígenas Central Asháninka del Río Ene y Central Asháninka del Río Tambo, respectivamente, enfrentan amenazas y criminalización por su lucha contra el narcotráfico y la minería ilegal en la Selva Central del Perú. Valerio, amenazado desde 2019, está bajo investigación por la desaparición de cuatro personas; Antúnez es acosado por su defensa del territorio y enfrenta una audiencia de prisión preventiva en el mismo caso, según revela un reportaje de Mongabay.
La persecución contra estos líderes asháninkas se intensifica en un contexto donde las mafias buscan silenciar a quienes se oponen a sus actividades ilícitas en el valle de los ríos Apurímac, Ene y Mantaro (Vraem), una región conocida por su alta peligrosidad debido a la presencia de organizaciones criminales. Cline Chauca, presidente de la Asociación Regional de Pueblos Indígenas (ARPI) de la Selva Central, identifica un patrón de amedrentamiento hacia los dirigentes que defienden el medio ambiente y los territorios indígenas.
Un total de 26 líderes y numerosos dirigentes de las 487 comunidades nativas afiliadas a la ARPI han sido blanco de amenazas mortales por enfrentarse al narcotráfico y la minería ilegal, operaciones mafiosas que se extienden sobre los territorios ancestrales. Sin embargo, muchos de estos casos no se denuncian a la policía por desconfianza en las autoridades y temor a represalias, perpetuando así la impunidad y el avance de estas redes ilícitas sobre la región amazónica peruana.
