El último miércoles, la Junta de Fiscales Supremos emitió un pronunciamiento en el que rechazaba el Decreto Supremo aprobado por el Gobierno de Dina Boluarte; el mismo que que les quitaba facultades en materia de investigación y otorga el mismo a la Policía Nacional del Perú (PNP) para realizar intervenciones sin la presencia del Ministerio Público.
Tras enterarse del comunicado, el presidente del Consejo de Ministros, Alberto Otárola, se pronunció al respecto y saludó la postura de la Junta de Fiscales e indicó que pueden interponer las acciones que crean conveniente, pero siempre “en el marco de derecho”; sin embargo, optó por defender el dictamen del Ejecutivo.
En esa línea, adelantó que el gobierno de la presidenta Dina Boluarte se viene encargando de que los 50 DL que fueron emitidos por el Ejecutivo “respeten escrupulosamente el marco constitucional”.
Por tal motivo, aunque la disposición que da mayores facultades a la PNP haya sido aprobada, señaló que no significa que estará por encima del rol de otras entidades y continuará respetando la estrategia de investigación, “siempre a cargo del Ministerio Público”.
¿Qué dice el Decreto?
Según el dictamen aprobado a vísperas de fin de año, la PNP podrá realizar una intervención policial sin la necesidad de contar con la presencia de algún representante del Ministerio Público. Según el artículo 67 del Decreto Legislativo, la Policía Nacional tomará conocimiento de las acciones y comunicará a la autoridad correspondiente, por lo que podrá realizar investigación en casos “urgentes o inaplazables”.
En palabras de la mandataria, con esta medida, la PNP recuperará sus capacidades de investigación de delitos luego de 19 años. Sin embargo, Otárola agregó que “la Policía no puede intervenir tampoco de manera arbitraria a los ciudadanos sin la presencia de un delito flagrante. Todos aquellos comentarios que dicen que se le han dado poderes extraordinario y excepcional a la policía, no corresponden a la realidad”, afirmó.
Junta de Fiscales evalúa acciones legales
En medio de su pronunciamiento, la Junta de fiscales Supremos indicaron que esta norma “vulneran las funciones constitucionales” de la institución, por tal motivo destinaron una comisión evaluadora para presentar acciones legales contra la disposición del gobierno.
En otro momento lamentaron el gobierno no haya convocado a ningún miembro de la Fiscalía que para brindar su posición respecto a la medida, pese a que son los titulares de las acciones penales en el país.
De esta manera, a pesar de las facultades entregadas a la PNP, la Junta enfatizó que los agentes policiales están obligados a cumplir con los mandatos de la Fiscalía.