Fuentes señalaron que la Policía Nacional recibió un dato de que Cerrón Rojas buscaba acudir la sede diplomática boliviana o a la residencia del embajador Carlos Aparicio, que se encuentran ubicadas en el distrito de San Isidro, para obtener un asilo político.
Ante este movimiento inesperado del dirigente izquierdista es que se puso en marcha un operativo para reforzar con más unidades policiales a ambos lugares. De esta manera, se pretende evitar que Vladimir Cerrón se instale en alguna de las sedes que representan al gobierno del presidente boliviano Luis Arce.
Tras conocerse la noticia, el exsocio político del expresidente Pedro Castillo publicó un mensaje en su cuenta personal de X (antes Twitter). “Cada necedad que tenemos que leer en las redes, cada mentira que se fabrica para engañar al pueblo, solo expresa la desesperación de quienes ven amenazado su poder malhabido”, escribió.
“¿Por qué insistir en el deseo de los ricos? ¿A quién le conviene que abandone el país? Nosotros vamos a dar pelea aquí en nuestra patria, Perú Libre volverá con la fuerza nacida del pueblo”, agregó en otro mensaje.
Prófugo de la justicia
Hace más de dos meses que no se conoce el paradero de Vladimir Cerrón. El líder de Perú Libre se encuentra inubicable para las autoridades desde que conoció que la Sala Penal de Apelaciones Transitoria Especializada en Delitos de Corrupción de Junín dispuso que reciba una sentencia de 3 años y 6 meses de prisión efectiva por el caso Aeródromo Wanka, donde se le halló culpable del presunto delito de colusión junto a otras seis personas.
Si bien Cerrón pasó a la clandestinidad, se encuentra muy activo en redes sociales. Desde la virtualidad no ha dejado de postear mensajes y videos sobre la coyuntura política. Lo más reciente que hizo fue llamar ‘usurpador’ al gobierno de la presidenta Dina Boluarte, quien cuestionó al Poder Judicial por facilitar su fuga, y exigió que Pedro Castillo afronte en libertad su proceso por el fallido autogolpe de Estado.
La Policía Nacional le sigue el rastro para capturarlo y ponerlo a la orden de la justicia. Incluso, el Ministerio del Interior ha ofrecido una recompensa de 100 mil soles a quien brinde información sobre el paradero de Cerrón y la Interpol ha solicitado que haya una “alerta roja” a nivel internacional.
Mientras sigue la búsqueda, el fiscal provincial Richard Rojas logró que el magistrado Leodan Cristóbal Ayala, titular del Sexto Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional, dispusiera 36 meses de prisión preventiva contra Cerrón por incumplir las reglas de conducta en la investigación que se le sigue por los presuntos delitos de lavado de activos y organización criminal.
En la indagación preparatoria contra el político de izquierda también están otras 10 personas, entre los que se encuentran su hermano, el congresista Waldemar Cerrón, su madre Bertha Rojas y exfuncionarios del Gobierno regional de Junín.
Según la tesis que se maneja en el Ministerio Público es que Cerrón y sus demás coprocesados formaron parte de una estructura que usó de fachada a Perú Libre para la captación y colocación de dinero a través de un sistema económico interno que no era más que el cobro de cupos a funcionarios públicos y tráfico de brevetes en Huancayo.
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