Desde Palacio de Gobierno, la presidenta Dina Boluarte, investigada por genocidio por presunta responsabilidad en las muertes por protestas, respondió sobre estos hechos durante la presentación del balance 2023 sobre su gestión. “A la familia peruana y a las víctimas de aquellos actos violentos, casi 500, les pedimos perdón”, manifestó.
La jefa de Estado, a quien se la acusa por no haber detenido la represión policial y militar contra los manifestantes, añadió también esta tarde que han atendido económicamente a los deudos de los fallecidos “como ningún otro gobierno había hecho, para que las familias se puedan atender”.
Finalmente, sostuvo que dieron presupuesto adicional a la Fiscalía de la Nación “para que investigue de manera célere aquellos fallecimientos que han dolido a la patria y nos duele a nosotros”. Pues, señaló que esperan que el nuevo fiscal Juan Carlos Villena, asignado luego que se suspendiera a Patricia Benavides por estar supuestamente involucrada en una organización criminal, “pueda investigar para que todos sepamos la verdad, y sobre todo la misma presidenta”
Sin embargo, “el equipo especial (de fiscales del Ministerio Público) cuando vino a Juliaca, no tenía papel, ni impresoras. Nosotras tuvimos que prestarles nuestra mesa e impresoras para que emitan las actas. ¿Dónde están los millones destinados a que puedan avanzar con las investigaciones?”, cuestionó en noviembre Raúl Samillán, presidente de la Asociación de Mártires y Víctimas de Juliaca, durante audiencia de la CIDH.
Los deudos denuncian incumplimiento del gobierno
Ante ello, Raúl Samillán también denunció que 80 heridos de las manifestaciones en la ciudad de Juliaca no han recibido rehabilitación médica por parte del Ministerio de Salud de Perú (Minsa). Samillán, cuyo hermano fue una de las víctimas mortales en los disturbios, refutó las afirmaciones del gobierno y enfatizó el incumplimiento de las recomendaciones de derechos humanos referentes a atención y recuperación de los afectados
La vocera del Minsa, Claudia Fuentes, había indicado que el Estado peruano brindó atención a 1.398 afectados durante las protestas y que se realizaron 1.700 atenciones de salud, incluyendo medidas de rehabilitación y atención psicológica hasta octubre. Reportó capacitaciones en centros de salud mental en diversas regiones de Perú. No obstante, Samillán contradice tal declaración, señalando la ausencia de apoyo documentado y la continuidad del sufrimiento y maltrato psicológico de los miembros de su asociación
Entidades de derechos humanos han elevado críticas hacia el gobierno peruano por presuntamente no acatar las medidas propuestas por la CIDH después de los eventos de diciembre de 2022 y marzo de 2023, resaltando preocupaciones sobre la erosión democrática y el incumplimiento del Estado de Derecho en Perú. Florencia Reggiardo, del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional, expresó alarma por la falta de responsabilidad oficial frente a los posibles abusos cometidos y la estigmatización de los manifestantes, muchos de origen indígena.
Samillán continúa con su demanda de justicia, señalando los desafíos enfrentados durante las investigaciones de los fallecimientos y la falta de recursos adecuados para llevarlas a cabo. Critica la falta de cargos presentados contra los agentes implicados y el estancamiento en la asignación de responsabilidades por parte de las autoridades peruanas, aún cuando se había denunciado explícitamente en el informe de la CIDH.