El 15 de diciembre del 2022, una serie de asesinatos fueron perpetrados luego de que un grupo de manifestantes se acercaran a las instalaciones del aeropuerto de Huamanga, en Ayacucho. En el marco de la ola de protestas suscitadas tras la toma de mando de la presidenta Dina Boluarte, la muerte de 10 peruanos ha sido considerado como una masacre para la que, hasta la fecha y a casi un año del hecho, no existen responsables. Sin embargo, este miércoles, se reveló un informe de las Fuerzas Armadas que brinda luces sobre la presunta identidad de algunos de los perpetradores.
Este documento, al que tuvo acceso en exclusiva el medio La Encerrona, correspondería a un informe de la Inspectoría del Ejército, en el que se consignan declaraciones de una serie de jefes de brigadas del Ejército implicados en estos asesinatos. Es entre estas declaraciones que el capitán EP Víctor Grados Rivas, destacado junto a su brigada en el aeropuerto de Huamanga, reveló los hechos denunciados en un intento de ser eximido de toda responsabilidad.
“Mi general, los responsables que saben quiénes son asuman su responsabilidad como tal y dando la cara y diciendo la verdad y no queriendo tomar otros nombres, haciendo quedar mal a otras patrullas todo para que ellos queden libres de todo; cuando hay responsables quienes son los verdaderos en haber salido a los exteriores del aeropuerto y haber disparado a quema ropa contra la turba de manifestantes”, se lee en el documento al que accedió el periodista Ernesto Cabral.
Según el expediente, que es catalogado de carácter confidencial en el marco de la investigación interna de la Cuarta División del Ejército, estas declaraciones fueron recogidas en diciembre del 2022, apenas unos días después de perpetrados los hechos homicidas contra 10 civiles.
Pero las declaraciones de Grados Rivas no quedaron ahí. Las acusaciones de disparos a quemarropa fueron respaldadas por el mismo en preguntas posteriores, cuando reveló que “sí hay verdaderos responsables”, los cuales pertenecían a “las patrullas que se quedaron y salieron a las afueras del aeropuerto”.
Exculpación, impunidad e injusticia
El informe no solo recoge las declaraciones de Grados Rivas, sino que también precisa las afirmaciones de otros miembros del Ejército, los cuales señalan al teniente Jimmy Vengoa Bellota, de haber sido uno de los efectivos que abandonaron las instalaciones del Aeropuerto y salieron a las calles de Ayacucho a disparar civiles. Su responsabilidad en el marco de los asesinatos implica a dos de las diez víctimas fallecidas aquel 15 de diciembre.
Pese a estos señalamientos directos, el encargado de la elaboración del informe, Marco Marín Saldaña, Inspector de la IV División del Ejército, resolvió dejar sin efecto las imputaciones que pesan en contra de casi 40 soldados, uno de ellos, Jimmy Vengoa Bellota. A todos estos efectivos se les imputaba faltas graves y muy graves.
No obstante, en las conclusiones, Marín Saldaña detalló que “no estaba probado que los heridos y/o fallecidos mencionados en los medios de comunicación social y en las redes sociales hayan sido producto del accionar de los integrantes de las patrullas de las Fuerzas Armadas”; pese al amplio registro fotográfico y audiovisual que existe sobre el caso de los asesinatos que incluso fueron plasmados en un reportaje periodístico que ganó sendos premios hace poco.
Mientras que en el caso específico del teniente coronel Jimmy Vengoa Bellota, el informe concluyó que solo habría incurrido en una “infracción leve” por “haberse aislado de su equipo sin autorización”. El medio denunció también que durante meses el Ejército intentó encubrir la existencia de este documento en el que aseveraban que “no se había iniciado ningún proceso de investigación en las dependencias consultadas”. Pese a ello, el documento salió a la luz.