El miércoles pasado, las organizaciones indígenas del Perú viajaron hasta Dubai, —la cúspide de la península arábiga—, para hacer una denuncia importante durante la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático (COP 28). La reunión impulsada por las Naciones Unidas que reúne a 200 países cada año para evaluar y potenciar los esfuerzos conjuntos contra el calentamiento global, entre otros temas vinculados a la defensa del ambiente.
Durante su participación, los pueblos originarios del país, a través de la Organización Regional de Pueblos Indígenas del Oriente (Orpio), la Federación Nativa del Río Madre de Dios y Afluentes (Fenamad), y el Consejo Machiguenga del Río Urubamba (Comaru), denunciaron la inacción del Estado peruano para asegurar la vida de los Pueblos Indígenas en Situación de Aislamiento y Contacto Inicial (PIACI), considerados entre los más vulnerables del planeta por depender exclusivamente de los recursos naturales que hay en sus territorios ancestrales.
Los reclamos de las organizaciones indígenas se dividieron en dos temas principales. En primer lugar, el avance de las economías ilegales, tales como la tala y minería ilegal, que amenazan gravemente la continuidad del grupo indígena, y, por otro lado, los factores externos provenientes del sector privado que también suponen altos riesgos para su supervivencia.
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¿Cuáles fueron las demandas urgentes?
En su intervención, los pueblos indígenas enfatizaron sus descargos contra el Consorcio Camisea, que opera en la Reserva Territorial Kugapakori-Nahua-Nanti y Otros, creada en 1990 y localizada en las provincias de La Convención, en Cusco; y Atalaya, en Ucayali, cuyas tierras pertenecen a los pueblos Nahua y Matsigenka (Kirineri y Nanti) en situación de aislamiento y contacto inicial y otros de pertenencia étnica aún no identificada en situación de aislamiento.
De acuerdo a las organizaciones indígenas que representaron las voces de las nueve bases regionales de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP) en la COP28, las actividades del consorcio integrado por Pluspetrol, Hunt Oil, SK Innovation, Tecpetrol, Repsol y Sonatrach serían una amenaza para la supervivencia de estos pueblos que viven y se desplazan en dicha área.
Esto debido a que se ha reportado la presunta extracción de recursos naturales por parte de la compañía en esta zona protegida, impactando de manera negativa en la vida de dichos grupos étnicos que dependen del equilibrio y la integridad de su entorno natural.
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Además, han detallado que la presencia de cientos de trabajadores genera epidemias mortales para los Piaci, y la contaminación del agua que afecta a más del 80% de las comunidades nativas nahua, entre otras causas.
Pueblos indígenas increparon al Congreso en la COP28
En la conferencia anual del clima de las Naciones Unidas, —celebrada en la ciudad más grande y famosa de los Emiratos Árabes Unidos— el Apu Beltrán Sandi acusó directamente al Estado peruano por su falta de una política efectiva para proteger a los pueblos indígenas aislados.
En esa línea, recordó el intento del Congreso de la República por aprobar el proyecto de ley, conocido como Proyecto de Ley N.° 3518-2022-CR o Ley de Genocidio Piaci, que fue finalmente desechado tras la intervención de organizaciones civiles e indígenas.
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Y, por último, el presidente de la Federación Nativa del Río Madre de Dios y Afluentes, Alfredo Vargas, advirtió sobre la vulnerabilidad de los Piaci ante un proyecto de carretera que se planea construir en la región de Madre de Dios. La controvertida carretera uniría las localidades de Boca Manu y Boca Colorado, y atraviesa áreas naturales protegidas como el Parque Nacional Manu y la Reserva Territorial Madre de Dios.