Dina Boluarte: un año de gestión con acusaciones de corrupción que siguen impunes

Ha pasado un año completo desde que la presidenta Dina Boluarte asumió su cargo como jefa de Estado; y dentro de este tiempo las controversias respecto a los diferentes escándalos por temas de presunta corrupción no han faltado. En 12 meses, la mandataria se ha visto expuesta a críticas por irregularidades que se fueron revelando y que abarcan periodos de su vida que van desde su acreditación laboral en el Reniec (Registro Nacional de Identificación y Estado Civil), hasta su círculo más íntimo y personal, su hermano Nicanor Boluarte.

Las investigaciones contra la presidenta pasan desde presuntos casos de tráfico de influencias, pérdidas de millones de soles en pruebas caducas, acusaciones de plagio para cumplir las condiciones de un puesto de trabajo, acusaciones de financiamiento ilícito e incluso retención de bienes contables para edificaciones de su ciudad natal; sin contar con las acusaciones de homicidio culposo que pesan sobre ella y su primer ministro Alberto Otárola.

El primero de ellos se suscitó en marzo de este año, cuando se implicó a su exasesora de confianza Grika Asayag, en la comisión del delito de tráfico de influencias, al presuntamente haber interferido en el pago de un total de 41 millones de soles por parte de EsSalud a la empresa Aionia Technology Corporation S.A.C. en 2020. El caso refiere de un informe de la CGR en el que se detectaron irregularidades en la adjudicación del contrato.

El nexo con Boluarte en este caso refiere a que la propia presidenta habría tomado conocimiento de los pagos pendientes a Aionia y habría instado, a través de Asayag, a que Aurelio Orellana se reuniese con los involucrados para resolver el asunto. La Fiscalía tiene entre sus investigados a la misma Asayag, a Orellana, expresidente de EsSalud; y a Arturo Adrianzén, exministro de Salud.

Otro de los hechos que se revelaron a los pocos meses de iniciada su gestión era su implicancia en el financiamiento no declarado por parte del partido de Perú Libre durante la campaña electoral del 2021, cuando formaba parte de la plancha presidencial del Castillo. El hecho estalló luego de que el investigado Henry Shimabukuro revelara haber sido el principal financista de Dina Boluarte durante el viaje a Arequipa de cierre de campaña electoral.

Shimabukuro presentó boletas, pagos, gastos en gasolina, cuentas de hotel y de comida que fueron refrendados por su persona para beneficio tanto de la ahora presidenta como de la comitiva que la acompañó. También se detalló el recibimiento de pagos ilícitos por parte de los empresarios Marco Bustíos y Eduviges Beltrán; pero en las campañas desarrolladas en Lima.

Maritza Sánchez y Marcela Saldarriaga fueron excolaboradoras de Boluarte que declararon haber llevado la contabilidad de estos aportes que terminan por configurarse ilegales por no haber sido declarados ante la ONPE por parte del partido de Perú Libre, lo que constituye hasta la fecha, un delito.

Para mayo de este año, otro hecho contundente marcó la pauta en cuanto a investigaciones acumuladas contra la presidenta. Y es que esta vez una detección de plagio a un libro de su autoría la posicionaba bajo el escrutinio. Se trataba, irónicamente, de un libro de su autoría conjunta titulado “El reconocimiento de los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario”, el cual, al ser pasado por el programa Turnitin reveló un 55% de plagio.

El hecho por sí solo ya constituye un delito, el de falsedad genérica; sin embargo este tema se agrava cuando incluso algunos de sus autores revelaron no tener recuerdos de haber participado en una publicación junto a la presidenta.

Como si no fuera poco, este libro fue consignado en sus publicaciones durante su postulación a un puesto dentro del Reniec, en donde trabajó por muchos años; pero posteriormente fue eliminado de su currículum. De la copia de este ejemplar, no se supo mucho hasta hace una semana, cuando después de siete meses de haberse iniciado una investigación por el caso, el Poder Judicial dispuso, tras un requerimiento fiscal, la incautación de un ejemplar.

Este es otro de los casos señalados por Carrión como el que la involucra más directamente y que, aún así ha sido avanzado de manera muy lenta.

El último de los escándalos alrededor del círculo íntimo de la presidenta terminó por configurarse a inicios de noviembre; cuando se supo que el alcalde de Nanchoc, en Cajamarca, Nixon Hoyos, recibió un presupuesto de más de 20 millones de soles a días de haber conferenciado con el hermano de la presidenta, Nicanor Boluarte. El hecho resalta pues la figura de Nicanor desde ya constituye un antecedente peligroso.

A inicios de este año, ya era palpable la figura de Nicanor Boluarte en el Gobierno. La presidenta había puesto a ministros, prefectos y subprefectos reconocidos por ser muy cercanos a su hermano; pero el hecho se hizo más escandaloso aún cuando el medio Hildebrandt en sus trece decidió hacerle un seguimiento a las personas que ‘Nicanor’ recibía en su domicilio por su cumpleaños. Uno de estos sería Hoyos. La respuesta de Dina Boluarte dio qué hablar y defendió a su hermano señalando que él podía recibir “a quien le pegue la gana”.

El motivo del recuento de estos casos de corrupción no es en balde, al consultar al especialista en temas penales, Andy Carrión respecto a cómo percibe el desarrollo de estos en este año de Gobierno, este consideró que la jefa de Estado se encontraba en una situación cómoda, en la que las imputaciones pasan cerca a ella, pero no la tocan; e incluso, cuando la hacen, no terminan por ponerla en una situación de gravedad, pues las pesquisas sobre ellos se dan de manera muy distendida.

“Si uno compara como venían la investigación por parte de la Fiscalía en los casos de Pedro Castillo y ahora con los de Dina Boluarte, creo que hay cierta, no sé si genuflexión, por parte de la Fiscalía, de investigarla. El tema de su tesis está caminando muy lento. El caso del hermano Nicanor Boluarte; recordemos que la fiscal de la Nación o el Equipo Especial recién abrió una investigación después de días ya de advertidos o meses, incluso, porque su participación política y la eventual gestión para nombrar a proyectos y sus prefectos ya se conocía desde hace mucho tiempo”, aseveró.

Este mismo detalle fue señalado por la politóloga Paula Távara, quien lleva revisando el accionar político del Perú desde hace años. Según ella, esta falta de atención advertida por Carrión da la sensación de “alguien que, poniéndose de acuerdo con otros, ha logrado quedar impune; de que no haya una real confrontación con los delitos. Lo otro es que, claro en este tiempo más cercano, empiezan a aparecer estas denuncias vinculadas a su hermano. Y de nuevo tienes como esa sensación de impunidad; cuando la respuesta no es un mea culpa, una preocupación o una investigación real, sino, la respuesta de decir que ‘puede recibir a quien quiera’, que creo que fue la expresión que utilizó”.

Un detalle que ambos han advertido es que esta sensación de impunidad también ha sido consolidada gracias a un agente importante que actualmente se encuentra enfrentando sus horas más aciagas, la exfiscal de la nación, Patricia Benavides.

Mientras que para el especialista Andy Carrión existiría “cierta lentitud dolorosa por parte de la Fiscalía para no investigar Dina Boluarte”, Paula Távara considera que lo que se ha dado en sí es una “expresión es alianza, pero de acuerdo, convivencia, pacto entre la fiscal de la Nación y el Gobierno”, que en los últimos días ha cesado por los cuestionamientos que pesan contra la cabeza del Ministerio Público.

En consecuencia, Távara asevera que “lo que más golpea la imagen de poder tener un gobierno legal, constitucional y etcétera; desde este aspecto, porque hay otros múltiples aspectos, es la sensación de que ninguna investigación llega a ninguna cosa y que nos quedamos con la idea de que queda limpia cuando todos percibimos que hay una responsabilidad”. Una responsabilidad que Benavides se encargó muy bien de distender a lo largo de su gestión y que finalmente terminó por acelerar el último 27 de noviembre para intentar desviar la atención sobre sí misma.

A largo plazo y con miras a un futuro, Paula Távara ha aseverado que el cambio de un fiscal, no necesariamente significa la reactivación de las investigaciones en contra de la presidenta.

“Recordemos que los actores aquí no juegan aisladamente e incluso si logramos, la salida de esta situación en esta situación tan crítica en el Ministerio Público; no nos garantiza que el resto de actores confronten a quien venga si está dispuesto a intentar hacer investigaciones más transparentes, o más adecuadas. Yo no veo una salida institucional, que no sean unas nuevas elecciones. Yo no veo un panorama en el cual algo vaya a hacer que las cosas mejores que no sea empezar de nuevo”, consideró.

Al consultarle a Andy Carrión sobre su análisis respecto a las acciones adoptadas por el constitucionalista Joseph Campos, actual abogado de la presidenta, y el futuro de Boluarte, este refirió que sus actitudes eran peligrosas al haber adoptado una posición en la que decidía guardar silencio, pero que estas no constituyen a una situación que represente un peligro procesal pues, “mal que bien, ha estado participando en los interrogatorios”.

“Si tuviera una Fiscalía mucho más vemente, como en la época de Castillo, ahí si creo que la estrategia de defensa tendría que ser diferente. No solo negar, sino por ejemplo cuestionar el fondo mismo. Que ella dé explicaciones reales: que ella no habría influenciado, de que no sabían, por ejemplo, nada de lo que hacía su hermano; de que en rigor en la tesis, ella sí fue autora porque comparativamente no se replican los párrafos de de libro; etc, ir al fondo”, acotó.

En ese sentido, Carrión advirtió que para ello, el mismo Campos estaría en una condición poco adecuada. “Me parece que esa es una deficiencia que también la tiene ahora su propia defensa, que lo único que dice es negar los hechos, pero jamás discute la evidencia que sí se encuentra en las investigaciones”, concluyó.