Ante la crisis política que se agudizó esta semana, la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas (Confiep) instó a “los tres niveles de Gobierno” (local, regional y central) a la reflexión. En el comunicado no se hace mención expresa al caso de la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, quien sería la líderesa de una organización criminal enquistada en el Ministerio Público.
“Las organizaciones empresariales y cámaras de comercio de las diversas regiones del país que suscribimos el presente pronunciamiento exhortamos a las autoridades de los tres niveles de gobierno a reflexionar acerca de la difícil situación actual en el Perú, y a actuar con madurez y respeto por el Estado de derecho, tomando decisiones dentro del marco estricto de la Constitución”, inicia el comunicado.
“En el actual momento de recesión económica, los peruanos acudimos, una vez más, a una situación de incertidumbre política, que afecta directamente la confianza en el país y la creación de empleo. Por ello, instamos a las autoridades a actuar con ponderación y transparencia, respetando sus fueros de autonomía institucional”, agregan.
Según la Confiep y las cámaras de comercio de regiones, se requiere que las instituciones del Estado “generen confianza y sean garantes del desarrollo de la nación” para que se puedan “activar los motores de la economía y combatir la pobreza”.
Pese a la gravedad de los hechos en los que se ha visto involucrada la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, no aparece en ninguna parte del comunicado una exhortación para que se garantice las investigaciones en su contra en un debido proceso.
Programan audiencia
La Junta Nacional de Justicia (JNJ) ha establecido para el próximo miércoles, 6 de diciembre, una audiencia donde se evaluará la suspensión preventiva de la fiscal de la Nación, Patricia Benavides. Durante esta sesión, Benavides tendrá la oportunidad de ejercer su derecho a la defensa.
En el marco de esta audiencia, una vez concluida la instancia de defensa, el Pleno de la JNJ se encargará de deliberar y emitir un voto respecto a la propuesta presentada por la instructora del caso, Imelda Tumialán, quien ocupa un papel significativo como encargada de la instrucción en la situación legal que enfrenta la actual titular del Ministerio Público.
La decisión que tome la Junta Nacional de Justicia respecto a esta propuesta será crucial, ya que tendrá un impacto directo en la permanencia de Benavides en su cargo actual como fiscal de la Nación. Un procedimiento como este es parte del sistema de justicia en Perú, donde la JNJ cuenta con autonomía para tomar medidas disciplinarias contra altos funcionarios del ámbito judicial y fiscal.
Durante el allanamiento a las oficinas de los asesores de Patricia Benavides, los fiscales y agentes encontraron documentación relevante para la investigación solo en una de las oficinas inspeccionadas. Un informe de la Autoridad Nacional de Control (ANC) contenía referencias a Marita Barreto, fiscal cesada del equipo investigador, además de una lista de seguimiento a iniciativas legislativas y acusaciones relacionadas con casos de corrupción. El acta también mencionaba un reporte de pago y un cuaderno sobre cuestionamientos del Poder Ejecutivo hacia el Ministerio Público.