En el Congreso de la República culminaron con las etapas para elegir al séptimo integrante del Tribunal Constitucional que ocupará el lugar del fallecido magistrado Augusto Ferrero. Ayer se informó en la comisión especial, cuya presidencia está en manos de Idelso García (Alianza para el Progreso), quiénes fueron los abogados que aprobaron todo el proceso y serán sometidos a consideración del Pleno para entrar al TC.
Pedro Hernández Chávez, Hernando Montoya Alberti, Justo Balmaceda Quiroz y Luis Carrasco García son los letrados que superaron las distintas fases como la inscripción regular, la evaluación curricular, el periodo de tachas, el filtro y cotejo de información con otras entidades públicas como la Contraloría general y el Poder Judicial, y las entrevistas personales.
Ellos quedaron en el siguiente orden de méritos con sus respectivos puntajes que los parlamentarios les pusieron. Hernández obtuvo 95.00, Montoya logró 83.50, Balmaceda registró 79.20, y Carrasco sacó 76.10. Ahora, lo que corresponde será notificar la terna de candidatos a la Mesa Directiva de Alejandro Soto para convoque a un Pleno en un plazo no menor de 5 días hábiles.
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En la representación nacional tendrán que definir a qué postulante le otorgan su confianza para ser parte del TC. Se requiere que alguno de ellos obtenga 87 votos en el hemiciclo. Si ninguno de los cuatro abogados alcanza el respaldo, entonces se tendrá un plazo máximo de 5 días hábiles para formular una nueva terna en base al cuadro de méritos.
Quien salga elegido se unirá a Francisco Morales Saravia, presidente del Tribunal Constitucional; Luz Pacheco Zerga, vicepresidenta de la entidad, así como a los magistrados Luis Gutiérrez Ticse, Helder Dominguez, Manuel Monteagudo y César Ochoa.
Excluyeron al exabogado de Alan García
De otro lado, la comisión especial que se encargó de definir al último integrante que completará el TC respaldó con 7 votos a favor, cero votos en contra y 1 abstención la propuesta de la congresista Rosselli Amuruz (Avanza País) para excluir del cuadro de méritos y del proceso al abogado Wilber Medina.
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La tercera vicepresidenta de la Mesa Directiva alegó que su pedido obedece a que Medina no habría dicho la verdad durante su entrevista el pasado 10 de noviembre. En esa ocasión, al exdefensor legal del fallecido expresidente Alan García le consultaron si tenía procesos penales abiertos en el Poder Judicial y su respuesta fue que no.
Sin embargo, Amuruz refirió que solicitaron la información respectiva al PJ y se hallaron con que están vigentes y el postulante se encuentra en calidad de demandado.
Por ello, enfatizó que Medina incumplió el numeral 11 del reglamento del proceso especial que definió lo siguiente: “Caso de comprobarse, en cualquier etapa del procedimiento, falsedad en la declaración, información o documentación presentada, o se advierte que se encuentra incurso en algún impedimento, queda inmediatamente excluido del procedimiento de selección y se emite la respectiva resolución notificándose al excluido”.
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Hay que recordar que el letrado también tuvo una declaración polémica ante una interrogante planteada por el legislador Guido Bellido (Perú Bicentenario) respecto a si consideraba que en las protestas contra el régimen de Dina Boluarte, en diciembre del 2022 y enero de este año, se cometieron violaciones a los derechos humanos de los protestantes.
Durante su descargo, Medina dijo que opinaba que sucedieron “hechos aislados” a pesar de que diversos informes de entidades internacionales reportaron las más de 60 muertes que se encuentran ahora bajo investigación de la Fiscalía de la Nación.
“No creo que sea una violación a los derechos humanos porque para hablar de ello tiene que ser sistemático y aquí creo que no ha habido sistematicidad ni permanencia, sino hechos aislados. Incluso, conocemos que algunos casos que sean usados probablemente como excesivo uso de la fuerza”, mencionó.
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