El Poder Judicial admitió a trámite este jueves el pedido de apelación solicitado por el Ministerio Público contra la ex primera dama, Lilia Paredes, quien mantiene la condición de comparecencia simple, una medida que la Fiscalía busca variar por 28 meses de prisión preventiva al implicarla a una presunta organización criminal dedicada a realizar licitaciones públicas fraudulentas durante el gobierno de su esposo, Pedro Castillo (2021-2022).
El juez Raúl Justiniano, titular del Octavo Juzgado de Investigación Preparatoria, determinó que el recurso interpuesto por el fiscal Jorge García, representante del Equipo Especial contra la Corrupción en el Poder, cumplió con los presupuestos de todo medio impugnatorio para que sea elevado a la Segunda Sala Penal de Apelaciones Nacional.
En junio pasado, el mismo juez declaró infundada la solicitud tras considerar que no existen “nuevos elementos de convicción” para variar la situación de los tres imputados. En ese momento, la Fiscalía aseguró que el asilo otorgado a Paredes por el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador (México) también podía afectar el proceso y abrir la posibilidad de que otros investigados de su entorno puedan solicitar una medida similar.
La ex primera dama puede ser condenada a un mínimo de ocho años de prisión, pues la Fiscalía le atribuye ser “coordinadora de una presunta red criminal en el Ejecutivo” que presidió su esposo entre julio de 2021 y diciembre de 2022, cuando fue destituido tras intentar dar un golpe de Estado.
Según las tesis del Ministerio Público, los tres hermanos, así como el exalcalde de Anguía, José Medina, estarían involucrados en una presunta red criminal dedicada a licitaciones públicas fraudulentas, cuyos campos de acción fueron Lima, Cajamarca y Amazonas.
El pasado 7 de diciembre, tras intentar dar un golpe de Estado, Castillo buscó llegar a la Embajada mexicana con toda su familia, pero fue detenido en el camino. Su esposa y sus dos hijos sí lograron ingresar a la representación diplomática y luego recibieron este beneficio que, según un expediente difundido por Punto Final, consigna información falsa.
De acuerdo con la cronología de los oficios, el 8 de diciembre del 2022, por la mañana, Paredes se acercó a la embajada mexicana en Lima y presentó una carta a su representante, Pablo Monroy, ahora declarado persona non grata. Entonces, hizo referencia a un asilo diplomático ante “una situación de inseguridad” y peligro de “su integridad”.
En uno de los últimos párrafos, Reyes mencionó que su despacho lo consideraba favorable al adjuntar una “valoración política” de lo ocurrido en Perú, que, rigor, expresa que el golpe de Estado no es más que “una interpretación” de varios sectores.