El ministro de Defensa, Jorge Chávez Cresta, se refirió al informe difundido ayer por la Oficina de Derechos Humanos de Naciones Unidas (ONU) respecto a que el gobierno de Dina Boluarte hizo uso de la “fuerza letal” contra las personas que participaron de las manifestaciones que se dieron entre diciembre del 2022 y julio de este año.
En declaraciones a RPP Noticias, el titular del Mindef anotó que la Fiscalía de la Nación será la encargada de esclarecer lo ocurrido en las protestas antigubernamentales y hallar a los responsables de las más de 60 muertes que se dieron en medio de los enfrentamientos con la Policía Nacional del Perú y las Fuerzas Armadas.
“En repetidas oportunidades se ha solicitado la celeridad, pero el esclarecimiento de los hechos será llevado por el Ministerio Público como muy bien lo viene haciendo”, sostuvo Chávez Cresta. Consideró que el asunto resulta muy complejo porque las indagaciones abarcan a varias regiones del país que van desde Apurímac hasta Ica.
El integrante del Ejecutivo enfatizó que cada acción militar y policial, que se registró durante la ola de marchas contra Boluarte Zegarra, debería ser individualizada.
Sin embargo, Chávez registró una contradicción cuando se le preguntó por el polémico ascenso de un oficial del Ejército que es señalado de haber disparado contra un menor C.R.A. y José Luis Aguilar Yucra, un joven de 20 años, durante las protestas que se dieron en Ayacucho. Nos referimos al teniente coronel Jimmy Alex Vengoa Bellota.
“En el caso específico de este teniente coronel que asciende a coronel siempre tiene que haber la presunción de inocencia. Si bien es cierto está en un proceso de investigación aún no hay una sentencia firme”, anotó el encargado de la cartera de Defensa.
“En el marco de la presunción de inocencia se ha llevado a cabo todo el procedimiento normal y regular. Aún no se ha determinado la culpabilidad sobre el oficial en mención”, mencionó.
Actualmente, Vengoa se encuentra incluido por la fiscal Mirela Coronel Molero, del Equipo Especial de Fiscales de Protestas Sociales, dentro de la investigación por la muerte de 10 personas ocurridas el 15 de diciembre del 2022 en Ayacucho. Se le acusa de cometer el presunto delito de homicidio calificado con alevosía.
Informe demoledor
Naciones Unidas publicó un informe respecto al manejo que el Estado peruano tuvo durante las protestas de diciembre del 2022 y julio de este año. Al respecto, el documento detalla una serie de conclusiones contundentes.
En el reporte de 54 páginas de la ONU, al que Infobae Perú tuvo acceso, se menciona que el régimen de Dina Boluarte hizo “uso de la fuerza, incluida la fuerza letal con armas de fuego, fuera de las circunstancias que serían permitidas por las normas internacionales de derechos humanos, lo que equivaldría a una privación arbitraria de la vida”.
“Esto incluye casos en los que manifestantes o transeúntes no suponían una amenaza aparente para las fuerzas de seguridad”, se lee en el documento. Además, se agrega que se documentó que se hizo uso de armas menos letales que provocaron lesiones graves, incapacitantes y mortales a las personas que salieron a protestar.
Seguidamente, la oficina de DD.HH de la Naciones Unidas detalla que cientos de protestantes fueron detenidos con el pretexto del control de identidad, en algunos casos en masa, por parte de la Policía Nacional del Perú (PNP). A su juicio, la mayoría de estas intervenciones “podrían implicar un trato cruel, inhumano y degradante de los manifestantes, posiblemente equivalente a tortura”.
Entre las recomendaciones que se mencionan en el informe es que el Estado peruano debería usar la figura del Estado de Emergencia sólo en situaciones excepcionales. Además, planteó que las FF AA y la PNP deberían cooperar con las investigaciones de la Fiscalía para hallar a los responsables de las muertes en las protestas.