Waldemar Cerrón, hermano del condenado exgobernador de Junín y fundador de Perú Libre, presentó un proyecto pensado en “salvar” a su agrupación política y que haría lo mismo con otros partidos como Fuerza Popular. La iniciativa legal propone que cuando uno de los integrantes sea investigado, no se responsabilice “a las organizaciones políticas como personas jurídicas de interés público”.
Además de exponer el reconocimiento de los partidos “como asociaciones de interés público”, el artículo 4 busca la individualización de los presuntos responsables. “Cuando uno o varios de los militantes, afiliados o fundadores de una determinada organización política estén inmersos en una investigación por cualquier hecho delictivo, deben ser individualizados de acuerdo a su grado de participación” y “sin responsabilizar a las organizaciones políticas como personas jurídicas de interés público”, menciona el documento.
De acuerdo al exprocurador Antonio Maldonado, dicha iniciativa contradice la Ley 30997 de agosto de 2019, la cual modificó el Código Penal al incorporar el delito de financiamiento ilegal de partidos y campañas políticas, y fue aprobada por el Poder Legislativo.
En diálogo con La República, el experto mencionó que el propósito de la autógrafa es “blindar a los partidos políticos, empezando con el suyo”, considerando que “hay una relación cada vez más cercana entre las organizaciones criminales y las agrupaciones partidarias”.
El exprocurador César Azabache coincidió con el exfuncionario e indicó que la medida “busca construir inmunidades a favor de organizaciones políticas”. “Todas las tendencias que observo van en sentido contrario: la responsabilidad penal (bajo cualquier nombre) de las empresas y de las personas jurídicas se está estableciendo con mucha fuerza y las cláusulas de prevención de corrupción y de la circulación de fondos ilegales de diferente tipo en organizaciones políticas, también”, agregó al medio mencionado.
No es la primera vez
En junio pasado, el hermano de Vladimir Cerrón, sentenciado a tres años y seis meses de cárcel, también presentó un proyecto de ley orientado a lo mismo. Es decir, para evitar que los partidos políticos sean investigados por los delitos de organización criminal, lavados de activos, entre otros.
“La presente ley tiene como objeto reconocer a los partidos políticos como instituciones fundamentales para la participación política de la ciudadanía, base del sistema democrático y asociaciones de interés público no criminalizable (...) La finalidad es que no se criminalice a los partidos políticos cuando uno o varios de sus asociados y/o afiliados cometan delitos”, se lee en la iniciativa que se quedó en la Comisión de Constitución.
El proyecto, además, sostiene que, si uno de sus afiliados, como el líder del partido político comete “delitos contra la vida, el cuerpo y la salud; así como la libertad, patrimonio, administración pública, lavado de activos, trata de personas, tráfico ilícito de drogas, minería ilegal entre otros, estos deben ser individualizados a los autores y/o cómplices y no responsabilizar a los partidos políticos como personas jurídicas de derecho privado”.
“Se debe evitar ‘criminalizar la política’, porque éste hecho nos puede llevar al caos o a una anarquía, la Ley contra el crimen organizado N° 30077 se publicó en el diario oficial el Peruano el 20 de agosto del 2013 y podemos ver que la ley ésta poniendo ingobernable nuestro país, desde julio del año 2016 a la fecha nuestro país ha tenido 05 presidentes, se ésta perdiendo el principio de autoridad, razón por la cual se plantea el presente proyecto de ley”, se detalla en la parte del efecto de la vigencia del proyecto.