La Fiscalía concluyó que las 192 personas que fueron detenidas en el campus universitario por pernoctar días previos a las protestas de enero no cometieron ningún delito por disturbios, robos o daño alguno. Por lo que se archivó la investigación contra ellas. Sin embargo, las autoridades de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) han impugnado contra esta decisión.
Ronald Gamarra, abogado especialista en derechos humanos, dijo que este viernes 22 de setiembre recibió información oficial de Fiscalía que “las autoridades de la Universidad San Marcos han impugnado el justo y fundamentado archivo de la investigación fiscal contra las casi 200 personas que ejercieron su derecho a la protesta y pernoctaron en la Universidad por invitación de los estudiantes”. Sin embargo, no tienen copia aún del recurso presentado por la universidad, señaló a Infobae Perú.
Mientras tanto, la Defensoría del Pueblo también está en proceso de conseguir la información sobre la apelación. La entidad emitió un informe en mayo en donde daba cuenta de la vulneración a los derechos de las personas que fueron privadas de su libertad de manera arbitraria.
En agosto se hizo público el archivamiento fiscal contra las personas que fueron detenidas en la UNMSM. En el documento fiscal, los testimonios policiales confirmaron que no encontraron evidencias de daños en la universidad y que no encontraron armas de ningún tipo. Se concluye que no hay delitos que inculpar, puesto que no hubo disturbios ni “incursión violenta”, como fue denunciado por Marco Antonio Tovar Raqui, decano de la Facultad de Ciencias Contables y apoderado de la Universidad.
Tovar Raqui dijo en su declaración ante la Fiscalía que solo tuvo una comunicación verbal del jefe de seguridad Carlos Fretel Martínez, quien le hizo el reporte de la “violencia”, informó Epicentro, medio que tuvo acceso al documento fiscal que concluyó con el archivamiento. En este se lee que “la Federación Universitaria de San Marcos comenzó a retirar a los vigilantes de la puerta número 3, pero no han agredido a ninguna persona. No han golpeado al personal de seguridad. Solo han causado un daño al candado de la puerta de ingreso a la UNMSM”, testificó Fretel.
Según el recuento de los hechos, la policía ingresó el 21 de enero a horas de la mañana, tumbaron la puerta número 3 con una tanqueta y casi 600 policías intervinieron el lugar para detener a quienes se encontraban dentro. Fueron 192 los ciudadanos que arrestaron con los cargos de supuesta usurpación agravada y disturbios de Tovar Raqui.
Finalmente, la Fiscalía, luego de analizar los videos y testimonios, llegó a la conclusión de que “no hay un dato objetivo que evidencie la existencia de la violencia y amenaza y mucho menos que esta haya sido dirigida contra una persona determinada o cierta”. La presencia de los ciudadanos en el campus no ocasionó disturbios. Sin embargo, sí se cometieron arbitrariedades contra ellos.
Ronald Gamarra ha declarado para distintos medios informando que la intervención policial fue arbitraria y desproporcionada. “Lo que correspondía es que se realice una investigación, citando a las personas que presuntamente serían responsables de aquello y no proceder con su inmediata detención”, dijo a Wayka.
Para Gamarra, este procedimiento fue un caos debido a que ni la Fiscalía ni la Policía estaban preparados para revisar declaraciones de casi 200 personas, que incluía niños, ancianos, madres, delegaciones de regiones y dos periodistas de Puno. Tampoco para realizarles exámenes de identificación ni ser llevados al médico legista. Además, hay videos en redes sociales que demuestran el trato violento de la policía con los detenidos, gritos y tratos físicos abusivos.
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