La presidenta Dina Boluarte se ha convertido en una de las principales preocupadas de que el prófugo Alejandro Sánchez Sánchez, dueño de la casa de pasaje Sarratea y exfinancista de Pedro Castillo investigado por el caso de los Asesores en la Sombras regrese al Perú. Ello luego de que se supiera que el investigado intentaba cruzar ilegalmente la frontera entre México y Estados Unidos el último viernes 8 de septiembre, en donde fue detenido por la policía fronteriza.
Según lo declarado por la mandataria, el Ejecutivo ya ha empezado con las diligencias por medio de la Cancillería para solicitar la expulsión de Sánchez Sánchez de los Estados Unidos, así como su retorno al territorio peruano en donde tiene pendiente el cumplimiento de una prisión preventiva por 30 meses producto de la presunta comisión de tráfico de influencias que la Fiscalía de la Nación le imputa.
¿Puede Alejandro Sánchez Sánchez evadir la justicia peruana?
No obstante, el pedido de Dina Boluarte podría resultar ser más tedioso de lo esperado. Como se sabe, sobre el investigado exfinancista de Pedro Castillo no existía una orden previa de ubicación y captura por parte de la interpol, ello debido a que los abogados de Sánchez alegaron ante la institución que existía una intención política en la decisión del Poder Judicial de otorgarle 30 meses de prisión preventiva.
Ante ello, en conversación con Infobae Perú, el abogado penalista Andy Carrión aseveró de que esta decisión adoptada por la Interpol podría servir como una vía que puede utilizar Sánchez Sánchez en un futuro para evitar ser expulsado o extraditado al Perú y, en cambio, acogerse a medidas que le permitan evadir la justicia peruana como el acogerse a un asilo político ya sea en México o Estados Unidos.
En ese sentido, la disposición realizada por su defensa ante la Interpol a fin de cuentas podría ser beneficiosa para él y dejaría por fuera las posibilidades de enfrentar la prisión preventiva en territorio peruano. En balde quedarían las afirmaciones de Boluarte así como los anuncios realizados por el ministro del Interior, Vicente Romero, que sobre ello ha afirmado existir una clara intención del Ejecutivo de pedir su expulsión.
El ministro Romero afirmó, el último lunes 11 de septiembre en un evento protocolar, que el dueño de la casa en el pasaje Sarratea “sigue en los Estados Unidos y esperamos que en las próximas horas o días sea expulsado”; no obstante, según el penalista Andy Carrión, existe una posibilidad que alivianaría la situación de Sánchez Sánchez, y es el hecho de que él sí cuente con una visa de ingreso a dicho país, “lo que lo pone en una situación de menor gravedad con respecto a la mayoría de casos de migración ilegal”.
Los otros prófugos de Pedro Castillo
Pero la detención de Sánchez Sánchez, sobre quien aún no existe una decisión final sobre su situación judicial, no es la única que está pendiente por atenderse. Existen otros prófugos del Gobierno de Pedro Castillo que hasta la fecha no han sido ubicados por las autoridades peruanas.
Estos son el sobrino del expresidente, Fray Vásquez Castillo, y el exministro de Transportes, Juan Silva Villegas, sobre quienes también existen pedidos de prisión preventiva que aún no se cumplen por su condición de no habidos. Al ser consultada respecto a ellos, la presidenta Dina Boluarte aseveró: “Estos señores que están fugitivos a la justicia peruana serán prontamente capturados y puestos ante las respectivas instancias para que puedan rendir cuentas”.
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