El Congreso de la República ha vuelto a arremeter en contra del orden democrático. En esta ocasión, el Parlamento busca destituir a todos los integrantes de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) luego de que esta solicite información acerca de la medida cautelar que ordena la suspensión de las investigaciones que la entidad tiene contra la fiscal de la Nación, Patricia Benavides. La iniciativa legislativa está sustentada en una supuesta decisión sesgada, sin embargo, existirían otros motivos que impulsarían esta medida.
El Poder Legislativo es una de las instituciones públicas con mayor desaprobación de parte de los ciudadanos y, en lugar de eliminar el alto rechazo de los peruanos, con cada nueva decisión que toman refuerzan esta perspectiva. La reciente decisión de atentar contra la JNJ demuestra ello, pues representa un claro atentado contra el orden democrático del país, según el pronunciamiento de organismos especializados en derechos humanos y democracia.
La Organización de Naciones Unidas (ONU) fue una de las instituciones internacionales que expresó su preocupación ante la aprobación de la investigación contra dicha entidad autónoma. “La JNJ tiene un rol crucial para mantener el equilibrio de poderes y para la administración de la justicia en el país que incluye el nombramiento, previo concurso público de méritos y evaluación personal, a los jueces y fiscales de todos los niveles, así como a quienes lideran los organismos electorales en el país”, escribió en un comunicado.
PUBLICIDAD
La intervención de la representación nacional en la Junta Nacional de Justicia puede afectar a más instituciones y, por ende, sus decisiones pueden influir no solo en jueces y fiscales, sino en entidades como la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) y el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), como lo detalla el Sistema de Naciones Unidas.
Anteriormente, el Congreso ya ha pretendido someter a un supuesto ‘control político’ a autoridades de organismos electorales como los mencionados, luego de que estos tengan una posición contraria a la que vienen manejando los ‘padres de la patria’. En este contexto, la principal preocupación está enfocada en la designación de funcionarios que tengan como única finalidad acomodarse a las decisiones de la representación nacional.
En el caso específico de los miembros de la JNJ, cabe recordar que estos influyen directamente en quienes imparten justicia en el sistema peruano, y ello implica la forma en cómo se llevan a cabo importantes investigaciones. Aunque sus integrantes no son elegidos directamente por los congresistas, sí son nombrados por autoridades que han sido designados por el Parlamento peruano.
PUBLICIDAD
Años atrás, el Instituto de Defensa Legal (IDL) escribió sobre esta situación de las instituciones y el Poder Legislativo, y refirió que resulta “preocupante” que sea indirectamente el Legislativo quienes eligen a los miembros de la JNJ.
“El nombramiento en el cargo de algunos de sus miembros es político: el presidente del Tribunal Constitucional, el Defensor del Pueblo y el Contralor General de la República. En todos los casos es el Congreso de la República quien los elige. Elige a los miembros del Tribunal Constitucional de donde saldrá elegido su presidente; elige y remueve al Defensor del Pueblo con el voto de los dos tercios de su número legal; y, por último, a través de su Comisión Permanente, también designa al Contralor General, a propuesta del Presidente de la República”, escribió a través de su plataforma.
Recientemente, la abogada Josefina Miró Quesada también se pronunció sobre la vulneración de la autonomía de la Junta Nacional de Justicia a través de su cuenta de X, antes conocida como Twitter. “La JNJ nombra, evalúa, ratifica, sanciona a jueces y fiscales. Su rol es clave en garantizar idoneidad, independencia, imparcialidad de la justicia. El Congreso busca controlarla con ‘investigación sumaria’, una más de sus arbitrariedades. No van a parar de destruir la democracia”, expresó.
PUBLICIDAD