Pese a las contradicciones y cuestionamientos alrededor del congresista Alejandro Soto, el segundo vicepresidente del Parlamento, Waldemar Cerrón (Perú Libre), salió en su defensa y aseguró que no contribuye en la desaprobación de la ciudadanía, la cual es menor del 10%, según la última encuesta realizada por Datum.
En diálogo con Canal N, el hermano de Vladimir Cerrón, sentenciado a cuatro años por colusión, consideró que Soto “de ninguna manera genera mala imagen al Congreso”. En ese sentido, minimizó las acusaciones en su contra: “En el país, todo político es denunciado por cualquier persona y es sometido a críticas”.
Otros de los parlamentarios que defendieron la permanencia de Soto en la Mesa Directiva fueron Diego Bazán y Rosselli Amuruz, de Avanza País. Incluso, el primero de ellos aseguró que “volvería a votar por Alejandro Soto, ya que era lo mejor que estaba en ese momento”.
Como se recuerda, la lista número uno, liderada por Soto e integrada por Cerrón, Hernando Guerra García y Amuruz, se posicionó como la favorita con 77 votos a favor en el Pleno; mientras que su rival, Luis Aragón, junto a Edgard Reymundo, Paúl Gutiérrez y Elías Varas, obtuvo 39 adhesiones.
En ese sentido, su correligionaria apuntó a lo mismo e indicó que habría que revisar cuáles son los procedimientos cuando uno es investigado, “porque si no hay una sanción, él tiene que continuar al frente del Congreso porque tampoco vamos a paralizar la gestión parlamentaria”.
¿Cuáles son los cuestionamientos de Alejandro Soto?
No tiene ni un mes en la presidencia de la Mesa Directiva del Congreso, pero ya afronta serios cuestionamientos relacionados con delitos no prescritos, leyes a su favor y presunto nepotismo.
De acuerdo a una investigación del portal El Foco, la alta autoridad cuenta con 55 investigaciones abiertas en el Ministerio Público que datan desde el 2000 hasta el 2022. Falsificación documentaria, enriquecimiento ilícito, peculado, abuso de autoridad, falsedad genérica, falsedad ideológica y corrupción de funcionarios públicos, son algunos de los delitos que se le atribuyen.
Asimismo, se le cuestiona el haber votado a favor de la Ley 31751 que establece que la suspensión de la prescripción para la acción penal sobre procesos judiciales sea acortado a un año. El parlamentario no se abstuvo de emitir su posición, pese a que la iniciativa lo iba a beneficiar directamente e impidió que reciba una condena de 8 años y 8 meses que el Poder Judicial iba a dictar en su contra.
Otro de los temas que lo puso en el ojo de la tormenta fue la contratación de Yeshira Peralta Salas, hermana de la madre de su menor hijo, como coordinadora de su despacho congresal desde agosto de 2021.
Al respecto, la parlamentaria Flor Pablo (no agrupada) remitió un oficio a fin de que, una vez instalada, la Comisión de Ética Parlamentaria investigue el caso contra el apepista y que, “en caso de demostrarse falta ética, se le imponga la sanción correspondiente”.
Aunque aún no está en claro que el legislador no mantenga una relación con la madre de su hijo, negó ante los medios de comunicación que exista impedimento para la contratación de Peralta, ya que no se encuentra casado.