Un nuevo golpe contra la educación está en marcha. El congresista del Bloque Magisterial, Paúl Gutiérrez, presentó un proyecto de ley para cambiar la denominación de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (SUNEDU) y enfatizar de que su responsabilidad es el registro de los grados y títulos.
Según el proyecto de ley 5657/2023-CR, la Sunedu pasaría a llamarse “Superintendencia Nacional de Educación Superior (SUNES)” cuya responsabilidad sería “llevar un registro centralizado y actualizado de todos los grados y títulos universitarios, títulos pedagógicos y títulos técnicos otorgados en el Perú”.
De acuerdo a la iniciativa de Gutiérrez, las funciones específicas de la “SUNES” serían:
- Registrar y mantener actualizada la información de todos los grados y títulos otorgados en el país.
- Verificar la autenticidad y validez de los grados y títulos presentados para su registro.
- Emitir certificados y constancias de registro de grados y títulos.
- Establecer mecanismos de intercambio de información con las instituciones de educación superior para garantizar la actualización del registro.
Aunque en la exposición de motivos se reconoce la competencia de la SUNEDU para otorgar y denegar licencias, en la fórmula legal del proyecto de ley no se precisa si la modificación implica añadir o restar labores a la entidad.
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“La creación de la Superintendencia Nacional de Educación Superior (SUNES) como entidad responsable del registro de grados y títulos representa un paso importante en la consolidación del sistema educativo peruano, en este caso ya existe la autoridad en este y caso es la SUNEDU, y lo único que se regula en la presente iniciativa legislativa es el cambo de la denominación a fin de que esta entidad sea la que regule el registro de grados y títulos de todos los profesionales en el Perú. Al contar con una institución especifica encargada de esta función, se busca dotar al proceso de registro de mayor rigurosidad y eficiencia, evitando la dispersión de responsabilidades y garantizando la coherencia en la gestión”, reza el texto.
Lo que sí señala el proyecto de ley es que se modificaría, una vez más, la Ley Universitaria y “otras normas aplicables en el ámbito de la educación superior”: “Es posible que se requieran ajustes para asegurar la coordinación y coherencia entre las distintas regulaciones relacionadas con el otorgamiento de títulos y la competencia de la SUNES”.
La contrarreforma
Este Congreso promovió la contrarreforma universitaria al intervenir el consejo directivo de la SUNEDU. Se trata de la Ley 31520, ley que “restablece la autonomía y la institucionalidad de las universidades peruanas”.
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En resumen, ahora tres representantes de universidades (dos de universidades públicas y uno de universidades privadas) pasaron a integrar el consejo directivo. Eso no esto, podían ser elegidos superintendentes de la SUNEDU, a pesar de estar relacionados directamente con casas de estudios.
Un grupo de docentes interpuso una acción de amparo ante el Poder Judicial a fin de frenar la pretensión del Congreso. No obstante, desde el Parlamento se promovió una cuestionada acción de inconstitucionalidad con el objetivo de que el Tribunal Constitucional intervenga y determine en definitiva instancia si la norma era constitucional.
Es así que el TC, elegido por el Congreso, falló a favor del Legislativo, pese a que en sentencias anteriores reconocieron la independencia de la SUNEDU.
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