La presidenta de la República, Dina Boluarte, se encuentra en el ojo de la tormenta, luego de que un programa denunciara que plagió más de la mitad de un libro en el que fue coautora y que presentó al Reniec para postular a un cargo público.
En la víspera, el dominical Punto Final reveló que, luego de haber sometido el texto coescrito por la jefa de Estado al software Turnitin, el programa arrojó un 55% de partes de tesis, monografías y artículos académicos publicados en México, Argentina y Costa Rica, que jamás citó.
Pese a que ello fue difundido el domingo y contraviene un delito, la mandataria se ha mantenido en silencio, por lo que la vicepresidenta del Congreso, Martha Moyano (Fuerza Popular), le exigió que se pronuncie.
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Sobre la gravedad del hecho, el cual amerita hasta ocho años de cárcel, indicó que en su agrupación parlamentaria filtran todos los proyectos de ley que se presentan y, si se detecta copia, se retorna.
“En mi bancada cuando uno presenta un proyecto de ley, los asesores lo primero que hacen es revisar si tiene plagio o no. Si tiene la mayor cantidad se les devuelve. Hasta el momento no se ha devuelto. Así nos manejamos”, sostuvo.
De acuerdo a la abogada penalista Romy Chang, la jefa de Estado estaría al tanto de que podría tener problemas futuros, pues, si bien lo consideró en su curriculum vitae, luego borró de su hoja de vida la obra titulada ‘Reconocimiento de los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario’.
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“El Ministerio Público podría investigar de oficio. […] Yo sí creo que, en este caso, el delito no prescribiría porque si bien ella lo hizo hace muchos años, lo cierto es que el libro está impreso, se sigue consultando en la biblioteca nacional y sigue difundiéndose; entonces los afectados continúan siendo afectados, por tanto, podemos hablar de un delito continuado”, mencionó Chang.
En ese sentido, explicó que, como ciudadana, ameritaría una sanción penal contra ella y los otros siete coautores actualmente afiliados al Colegio de Abogados de Lima, pero que, como funcionaria pública, corresponderá al Congreso de la República decidir qué hacer en su caso.
Cabe mencionar que, en el caso del exmandatario Pedro Castillo, los legisladores consideraron el plagio de su tesis como una causal de vacancia por incapacidad moral. Tal es así, que fue uno de los puntos expuestos en la tercera moción que buscaba su salida de la Presidencia. Dicho recurso fue presentado por el parlamentario Edward Málaga-Trillo (no agrupado) y admitido con 73 votos a favor, 32 en contra y seis abstenciones.
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Hasta el momento, no se conoce si el Poder Legislativo adoptará alguna acción contra la actual jefe de Estado. No obstante, este martes 11 de julio, la Fiscalía Especializada en Delitos Aduaneros y contra la Propiedad Intelectual acudió a la Biblioteca Nacional del Perú para solicitar la entrega del libro.
Pronunciamientos del Ejecutivo
Hasta el momento, solo el premier Alberto Otárola y la ministra de la Mujer, Nancy Tolentino, han declarado al respecto. Si bien ambos indicaron que la presidenta Boluarte está presta a ser investigada, solo la líder del Mimp invocó a que se realicen las diligencias.