La tesis con la cual Marita Barreto, jefa del Equipo Especial contra la corrupción del Poder, obtuvo el grado de magíster en Derecho Constitucional y DD. HH. por la Universidad Alas Peruanas (UAP) se encuentra “no habida”, según un informe difundido este martes por El Foco.
La fiscal suprema, a cargo del equipo que investiga al expresidente Pedro Castillo, logró el título en 2013, pero su investigación no aparece en el repositorio virtual de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu) ni en el de la UAP, la misma casa de estudios donde se graduó la titular del Ministerio Público, Patricia Benavides.
El despacho de la magistrada indicó que ha tomado vacaciones hasta este jueves, mientras se agudiza el escándalo de la empresaria Sada Goray, que implica supuestos pagos ilícitos que llegaron a manos de Castillo, una de las investigaciones a cargo del equipo que Barreto dirige.
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Otros cuatro altos funcionarios presentan la misma situación sobre sus tesis, según el informe periodístico. Se trata de Willy Ramírez y Aarón Oyarce, miembros del Jurado Nacional de Elecciones (JNE); la jueza suprema Ana María Aranda; y el secretario general de la Contraloría e integrante del Consejo Directorio de la Procuraduría General, Luis Miguel Iglesias.
“Toda solicitud de información es formal, yo no puedo ir a preguntar si tienen las tesis ahí”, abundó Rogovich, el mismo directivo que en marzo pasado admitió a Hildebrandt en sus Trece que los documentos académicos de Patricia Benavides en la UAP estaban desaparecidos.
Benavides se matriculó esta universidad —que durante años tuvo convenios con el Ministerio Público para facilitar títulos a los fiscales y sus familiares― solo para obtener los grados de magíster y doctora. Previamente, había llevado los cursos en la Universidad San Martín entre 1994 y 1995.
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La Junta Nacional de Justicia (JNJ) investiga estas presuntas irregularidades en sus títulos, en un expediente que está en manos de Aldo Vázquez, vicepresidente del organismo. Las tesis con las cuales alcanzó estos grados se encuentran inubicables; parte del jurado no recuerda esa sustentación ―por la que obtuvo calificación máxima—, y siete excompañeros de clase revelaron al semanario que no recuerdan haberla visto en el aula.
Susel Paredes, la congresista que encabeza un pedido para que la magistrada difunda sus trabajos académicos, detalló que su despacho fue informado de que los documentos habían sido “plagiados” por completo. Para Benavides, se trata de “críticas sin sustento”.
Inés Tello, expresidenta de la JNJ, lidera otras tres investigaciones contra la magistrada referidas a presuntas irregularidades en los cambios que realizó en el equipo especial Cuellos Blancos; las siete llamadas que registró con Antonio Camayo, empresario incluido en la red delincuencial; y la condecoración que recibió del alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, investigado por lavado de activos.
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