El Congreso de la República comenzaría hoy a buscar el procesamiento de las autoridades del sistema electoral peruano. El primero será Jorge Luis Salas Arenas, presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), quien sería sometido a un juicio político que podría acabar en su destitución.
La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, liderada por Lady Camones (Alianza para el Progreso), dará cuenta de la denuncia interpuesta por la parlamentaria Roselli Amuruz (Avanza País) contra el titular del JNE por presuntamente haber vulnerado los artículos 38 y 39 de la Constitución que está referida a la Ley de Contrataciones del Estado y principio de legalidad.
En su escrito, Amuruz argumenta que Salas Arenas cometió una irregularidad al contratar al politólogo Fernando Tuesta Soldevilla y autorizar que el abogado Vicente Sánchez Villanueva reemplace a uno de los integrantes del tribunal del JNE, Jorge Rodríguez Vélez.
En esa línea, la congresista sostiene que el presidente del JNE debería afrontar un juicio político en amparo del artículo 99 de la Carta Magna.
Sin embargo, el dispositivo legal dice lo siguiente: “Acusar ante el Parlamento: al presidente de la República, a los representantes del Congreso, a los ministros de Estado, a los miembros del Tribunal Constitucional; a los miembros del Consejo Nacional de la Magistratura (ahora Junta Nacional de Justicia), a los vocales de la Corte Suprema, a los fiscales supremos, al Defensor del Pueblo, y al Contralor General, por infracción de la Constitución y por todo delito que cometan en el ejercicio de sus funciones y hasta cinco años después de que hayan cesado en estas”.
Esto podría cambiar tras la sentencia del Tribunal Constitucional que señaló que los miembros del JNE, el jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) y el jefe del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) deberían ser sometidos a un juicio político por delitos que hayan cometido en el ejercicio de sus funciones.
Esta función le correspondería a la Comisión Permanente, donde la integran los representantes de la Mesa Directiva, los voceros e integrantes de las diferentes bancadas parlamentarias. Este órgano solo acusaría, según el magistrado del TC Gustavo Gutierrez Ticse, denunciar constitucionalmente al presidente del JNE, pero no a los demás miembros.
Ya hay propuestas para modificar el artículo 99 de la Constitución. Al ser una reforma constitucional se requiere de 87 votos en dos legislaturas.
Rechazo ataques
Jorge Luis Salas Arenas, titular del JNE, denunció que una vez más que “están siendo objeto de ataques, en particular su presidente, por cualquier motivo” en los últimos días. A pesar de ello, agregó que seguirán defendiendo su autonomía.
“El jurado se encuentra defendiendo su autonomía e independencia, cuando se alega que se han hecho contrataciones indebidas. (...) Hay la intención de someter a los miembros de los organismos electorales a decisiones políticas y no jurídicas”, indicó durante una actividad en la que se firmó un convenio entre el JNE y el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado.
Salas Arenas agregó que este tipo de presiones a los organismos electorales ya han sido advertidas por entidades vigilantes de derechos humanos como la Corte Interamericana o la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
“Una situación que la Corte Interamericana y también la CIDH ya han conocido en anteriores asuntos de otros países. Y han señalado la inconveniencia absoluta de que los organismos judiciales y, desde luego, también los electorales, se encuentren sometidos a tales criterios”, anotó.
El magistrado recalcó que su institución “se está defendiendo y seguirá defendiéndose como corresponde, con las armas que le da la ley y la democracia”. En esa línea, enfatizó que hay un “enorme riesgo que tiene por objetivo el doblegamiento de la independencia con la finalidad de obtener resultados políticos a como dé lugar”.
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