Tras asumir como presidenta de la República en diciembre, Dina Boluarte afrontó dos olas de protestas sociales en Lima y regiones del sur del país en diciembre y enero. Producto de esto, un saldo de 60 peruanos perdieron la vida durante los enfrentamientos con las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. Pese a esto, la opinión pública que las manifestaciones son la única vía para lograr objetivos políticos.
Según una encuesta del Instituto de Estudios Peruanos (IEP), publicada hoy en el diario La República, el 55% de los consultados cree que si se mantienen las marchas se va lograr aprobar el adelanto de las elecciones generales para este 2023 que, por ahora, no tiene consenso en el Congreso por pugnas entre las bancadas de derecha e izquierda.
Una realidad contraria es el 38% que indica que las movilizaciones no lograrán que los comicios se hagan lo antes posible.
Por su parte, un dato relevante es que el 58% de los peruanos se siente identificado con las paralizaciones. Especialmente, el apoyo viene más desde el ámbito rural (66%), luego en el ámbito urbano (62%). La macrozona del sur encabeza con el 71% de respaldo a las marchas. Le sigue el 63% en el centro del país, 61% en el oriente y 58% en el norte.
Hay también cifras respecto a la edad y el nivel socioeconómico.
Los ciudadanos entre los 25 a 39 años se muestran más entusiastas con las protestas (66%) a comparación de los que están en el rango de 18 a 24 años (42%) y de 40 años a más (42%).
Y en el nivel D/E hay más respaldo con 66% a las marchas.
Finalmente, el 40% de los encuestados cree que las protestas aumentarán, seguido del 29% que consideran que disminuirán. Un 22% indica que se mantendrán igual que hasta el momento.
Papel de las Fuerzas Armadas y la Policía
La encuesta del IEP también revela la aprobación que tienen los militares y los policías.
Los primeros cuentan 48% de respaldo a comparación del 61% que registraron en diciembre. Mientras los segundos cuentan 41% de aceptación.
Bajarán en intensidad
El primer ministro Alberto Otárola señaló que las protestas sociales que se iniciaron en diciembre del año pasado contra el Gobierno de Dina Boluarte, quien asumió el poder tras el fallido golpe de Estado de Pedro Castillo, bajarán en su intensidad en los próximos días en diferentes regiones del país.
“Vemos una meseta, hemos hecho consultas con los especialistas en el sentido de que esto [las manifestaciones] se va mantener por un tiempo y va a bajar”, indicó en entrevista con el diario El Comercio. El titular de la PCM aseguró que “han tomado decisiones adecuadas” a pesar del registro de 60 muertos durante las protestas.
“Hemos pasado por una etapa complicada para el país, que se ha expresado en una mezcla de violencia política y una proveniente de los sectores que han financiado esto, y que han pretendido algo que no se apreciaba desde la época de Sendero: la toma del poder por las armas y por la fuerza, aunque con otras características”, apuntó Otárola.
Sin embargo, el premier reconoció que Puno es la ciudad donde aún no han restablecido el orden. “Debemos tomar el control territorial. Los militares no van a entrar a reprimir, van a entrar a proteger los activos críticos. Ya se ha recuperado el puesto fronterizo; vamos a recuperar rápidamente las comisarías incendiadas”, agregó.
En otro momento, Otárola reiteró que el expresidente Castillo es el único culpable de las protestas a pesar de que se encuentra recluido en el cárcel de Barbadillo, donde cumplirá 18 meses de prisión. “Todo ha sido propiciado, azuzado y alentado por Castillo”, anotó.