Panamá ante la geopolítica: soberanía, democracia y diplomacia parlamentaria

Las democracias modernas nacen de la convicción fundamental de que el poder siempre necesita límites para que la libertad pueda existir en los pueblos.

Tanto es así que el influyente filósofo y médico inglés John Locke, quien es considerado el padre del liberalismo clásico, sostuvo que la autoridad política encuentra su legitimidad en el consentimiento de los gobernados y afirmaba que ningún gobernante está por encima de la sociedad.

Décadas después, Charles-Louis de Secondat, barón de Montesquieu, desarrolló en su obra El espíritu de las leyes los principios esenciales del constitucionalismo moderno, lo que conocemos como la separación de los poderes del Estado.

Montesquieu siempre comprendió que no basta con proclamar libertad, sino que es necesario construir las instituciones que son capaces de protegerla.

Todo tipo de poder debe encontrar límites frente al propio poder, y es allí donde nace la independencia entre el Ejecutivo, Legislativo y Judicial, pero no vista como una simple distribución administrativa de funciones de un Estado, sino que es la plena garantía que tiene la democracia ante cualquier intento de concentración de poder o sometimiento.

Más de 300 años han transcurrido desde que se constituyeron estas doctrinas y pilares sobre los cuales se construye la democracia, hoy son parte fundamental y esencial de nuestra tradición republicana.

La instalación del Grupo Multipartidista de Amistad entre Panamá y Taiwán en la Asamblea Nacional de Panamá debe analizarse no desde la óptica de la disputa entre China y Taiwán, sino desde un principio superior e inalienable, que es el respeto a nuestra soberanía de la República de Panamá y a la independencia de sus instituciones democráticas.

Cualquier analista político, consultor o estratega reconoce inmediatamente que el Órgano Ejecutivo es quien conduce las relaciones exteriores de un Estado y que este grupo parlamentario no sustituye las funciones del Ejecutivo, sino que representa el ejercicio de la diplomacia parlamentaria por diputados que son democráticamente electos en el país.

Cabe señalar que Taiwán mantiene oficinas representativas, económicas, comerciales, educativas y culturales en más de 100 países de todo el planeta, que simultáneamente también mantienen relaciones diplomáticas con la República Popular China.

Si estos países pueden desarrollar intercambios, la pregunta legítima sería: ¿Por qué Panamá tendría que renunciar a estos intercambios comerciales que otros Estados soberanos ejercen libremente?

Panamá, como país soberano y democrático, en ningún momento, mediante la Asamblea Nacional, pretende inmiscuirse en la política interna de China y, asimismo, China no debe pretender determinar las decisiones internas de nuestras instituciones soberanas panameñas. Es un principio sencillo, pero contundente, de ser recíproco.

Si el Partido Comunista Chino tiene su cuestionable derecho de defender sus intereses nacionales, Panamá posee exactamente el mismo derecho.

Las relaciones entre Estados se construyen sobre la base de la igualdad soberana, el respeto mutuo y no por injerencia; sobre todo, nunca sobre la falsa idea de que el tamaño de una economía le concede autoridad sobre las decisiones de otra nación.

Nuestra relación histórica con Taiwán no puede simplemente borrarse, ni mucho menos desconocerse, ya que, en el año 2003, Panamá y Taiwán suscribieron un Tratado de Libre Comercio aprobado por nuestro Órgano Legislativo mediante la Ley 62 de 18 de octubre de 2003.

Este instrumento estableció el marco legal en Panamá para ampliar el comercio, promover inversiones en el territorio nacional y generar oportunidades para productores y empresas panameñas. Hasta el día de hoy, Taiwán se convierte en uno de nuestros principales socios comerciales, según la balanza comercial que brinda el Ministerio de Comercio de la República de Panamá.

Este hecho histórico lo convierte en incontrovertible, ya que Panamá decidió soberanamente establecer esa relación comercial y la convirtió en una legislación nacional mediante la Asamblea Nacional de Diputados.

Es propicia la ocasión y merece nuestra reflexión respecto al Canal de Panamá. El Protocolo del Tratado Concerniente a la Neutralidad Permanente está abierto a la adhesión de los Estados y parece ilógico e inaudito que la República Popular China, gobernada por el Partido Comunista Chino, siendo uno de los usuarios más importantes del Canal, esté entre los pocos Estados del mundo que se niegan a ser Estado adherente al Protocolo.

Sin embargo, Panamá respeta el derecho de sus naves a utilizar nuestra vía interoceánica conforme al régimen de neutralidad y sin discriminación.

Es precisamente allí donde reside la esencia de nuestra posición: Panamá respeta los derechos de las demás naciones y espera exactamente el mismo respeto hacia los suyos, incluyendo nuestras instituciones democráticas, ya que la discusión no es si estamos a favor de China o Taiwán; se trata de estar a favor de Panamá.

Mucho antes de las controversias geopolíticas actuales, Justo Arosemena comprendió que nuestra realidad geográfica exigía construir una conciencia política propia. Fue así como su pensamiento se convirtió, mediante la defensa de la autonomía istmeña, en una verdadera doctrina nacional.

Décadas después, Eusebio A. Morales, en la Asamblea Nacional, preocupado por la construcción moral de la República, llamó a despertar, desarrollar, engrandecer y ennoblecer el espíritu nacional.

El espíritu nacional no se demuestra únicamente levantando nuestra bandera; se demuestra cuando nuestras instituciones tienen la firmeza necesaria para defender su competencia y cuando nuestros representantes comprenden que la primera obligación de un servidor público es con Panamá.

Podemos dialogar, comerciar y construir amistad con todas las naciones, pero sin subordinarnos a ninguna. Nuestra generación tiene el deber de preservar ese espíritu nacional para quienes vendrán. Panamá respeta al mundo y coopera con él, pero las decisiones de Panamá se toman soberanamente en Panamá, y nuestras instituciones democráticas, incluyendo la Asamblea Nacional del Estado, son plenamente soberanas.

*Mgter Elvins k. Santander C. Especialista en Política Exterior y estratega.