Panamá prepara una evaluación financiera para determinar qué recursos necesita para cumplir sus prioridades de biodiversidad y qué brechas deberá cerrar.
Ese diagnóstico, denominado Evaluación de Necesidades Financieras, será el siguiente paso de la Iniciativa de Finanzas para la Biodiversidad, conocida como BIOFIN.
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La etapa posterior será la formulación de un Plan de Financiamiento para la Biodiversidad, instrumento que permitirá ordenar las alternativas disponibles, mejorar el uso de los fondos existentes y buscar nuevas fuentes de recursos para la protección de los ecosistemas.
Panamá destinó $95,9 millones a proyectos vinculados con ambiente, desarrollo sostenible y biodiversidad durante 2024.
La cifra representó el 0,48% del presupuesto devengado del Sector Público No Financiero y el 0,11% del producto interno bruto.
El gasto identificado permitió respaldar la gestión de áreas protegidas, la restauración de ecosistemas, la investigación científica y el uso sostenible de los recursos naturales. La información surgió del primer análisis del gasto público con impacto en ambiente y biodiversidad del país, denominado BER.
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La revisión del gasto público buscó establecer qué parte de las inversiones estatales tiene efectos directos sobre la biodiversidad. Los resultados ofrecen una línea base para seguir la evolución de esos recursos y ajustar las estimaciones cuando haya nueva información.
Forma parte de los beneficios asociados a estas inversiones La conservación de los bosques, los ríos y la vida silvestre. También se relaciona con la protección de servicios como el abastecimiento de agua, la producción de alimentos y la capacidad de respuesta ante eventos climáticos.
La iniciativa BIOFIN comenzó a implementarse en Panamá en 2025 a través del Ministerio de Ambiente y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. El programa apunta a mejorar la planificación, la movilización y la gestión del financiamiento destinado a los ecosistemas.
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El Programa de Saneamiento de Panamá fue presentado como un caso para mostrar cómo puede aplicarse este enfoque. Su propósito principal consiste en reducir la contaminación, aunque sus efectos también alcanzan a la Bahía de Panamá, los manglares y los humedales.
El estudio considera solo la porción de los recursos de ese programa que aporta beneficios directos a la biodiversidad. De esa manera, separa el componente ambiental específico de una inversión con objetivos más amplios de saneamiento.
Además del análisis presupuestario, los responsables del proyecto presentaron dos estudios complementarios. Uno examinó el marco institucional y de políticas que influye sobre el financiamiento de la biodiversidad.
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El otro trabajo se concentró en los subsidios e incentivos económicos, y el objetivo fue identificar cuáles de esas herramientas pueden favorecer la sostenibilidad y cuáles requieren ajustes para reducir posibles efectos perjudiciales.
La revisión de subsidios abarcó seis instrumentos seleccionados por su relevancia ambiental, fiscal y operativa. El análisis detectó alternativas para incorporar criterios ambientales, mejorar la definición de los beneficiarios y elevar el aporte de esos mecanismos a los objetivos de sostenibilidad.
Para elaborar los tres documentos, el equipo utilizó información oficial, realizó entrevistas técnicas y organizó espacios de diálogo con instituciones públicas y otros actores. Los resultados reúnen datos que podrán actualizarse durante las siguientes etapas de BIOFIN.
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Los responsables de la iniciativa sostuvieron que el material disponible no constituye un diagnóstico definitivo. La información funcionará como referencia inicial para mejorar el seguimiento de las inversiones y profundizar el conocimiento sobre las necesidades financieras del país.
Resultados se expusieron durante un acto que incluyó el panel de alto nivel “De la evidencia a la inversión: perspectivas para movilizar recursos hacia la biodiversidad en Panamá”. La actividad reunió a representantes gubernamentales, mecanismos nacionales de financiamiento, banca de desarrollo y empresas.
Los participantes debatieron cómo transformar la información recopilada en decisiones de inversión. También coincidieron en la necesidad de coordinar el trabajo entre el Gobierno, la cooperación internacional, el sector privado, la academia y la sociedad civil.
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La secretaria general de MiAmbiente, María del Carmen Silvera, señaló que el propósito de los estudios no se limita a describir el escenario actual. La funcionaria planteó que los datos deben servir para mejorar las decisiones, coordinar a las instituciones y aprovechar mejor los recursos disponibles.
Silvera también destacó la necesidad de encontrar mecanismos adicionales para financiar la biodiversidad. Ese uso práctico de la información orienta el diálogo promovido por BIOFIN en Panamá.
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