La presunta existencia de una red dedicada en Panamá a la compra y venta de documentos para la obtención de permisos de armas de fuego ha dado pie a una investigación por parte de la Fiscalía Anticorrupción.
Se informó que las investigaciones preliminares reflejan que entre 2025 y 2026 se habría gestado un esquema de compra-venta irregular de la documentación necesaria para tramitar los permisos de portación y tenencia de armas, un proceso que por ley corresponde exclusivamente a la Dirección Institucional en Asuntos de Seguridad Pública (Diasp), del Ministerio de Seguridad.
La Dirección Institucional en Asuntos de Seguridad Pública es la dirección responsable de garantizar el cumplimiento de las normas concernientes a armas de fuego, municiones y materiales relacionados, pirotecnias y explosivos, así como las agencias de seguridad privada.
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La diligencia de allanamiento a la sede de la Dirección Institucional en Asuntos de Seguridad Pública, enmarcada dentro del denominado "Caso Certificados“, permitió recabar indicios que el Ministerio Público calificó como clave para el avance de las pesquisas. El delito que se investiga es contra la administración pública, en su modalidad de corrupción de servidores públicos, reporta el diario Critica.
El reporte periodístico indica que el caso tomó impulso luego de que en febrero de este año la propia dirección de la Dirección Institucional en Asuntos de Seguridad Pública, mediante su unidad de asesoría legal, presentó una denuncia formal ante el Ministerio Público, lo que activó el proceso penal que ahora avanza con el allanamiento realizado.
Recientemente esta entidad había descentralizado por primera vez el servicio de renovación y reactivación de permisos de porte y tenencia de armas de fuego, para que ciudadanos de las provincias de Chiriquí, Bocas del Toro y Veraguas realizaran este trámite sin trasladarse a la ciudad de Panamá.
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Una nota de prensa institucional explica que como resultado de la gira regional, se recibieron 111 solicitudes de renovación y reactivación, se entregaron 85 permisos y se atendieron 64 consultas.
Esto, agrega la comunicación, como parte de los esfuerzos del Ministerio de Seguridad Pública para descentralizar sus servicios y acercarlos a la ciudadanía.
Hasta ahora, prosigue, renovar o reactivar un permiso de porte y tenencia de armas en el país implicaba para muchos ciudadanos de las provincias recorrer cientos de kilómetros hasta la ciudad capital.
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La descentralización de este servicio, siempre de acuerdo al Ministerio de Seguridad, “representa un nuevo paso en la modernización”.
“Más que trasladar un trámite al interior del país, el Ministerio de Seguridad Pública, a través de la Dirección Institucional en Asuntos de Seguridad Pública (Diasp), acerca el Estado a las comunidades, elimina barreras de acceso y reafirma su compromiso de brindar servicios públicos más cercanos, eficientes y oportunos”, se afirma.
Citada por la nota institucional, la teniente de la Dirección Institucional en Asuntos de Seguridad Pública, Marixenia Viquez, recordó que mantener vigente el permiso de porte y tenencia de armas constituye una obligación establecida en la Ley 57 y exhortó a los usuarios a realizar sus renovaciones dentro de los plazos previstos para evitar sanciones administrativas y penales.
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En 2018, el Ministerio Público imputó cargos a varios funcionarios de la Dirección Institucional en Asuntos de Seguridad Pública, por la manipulación de documentos para la obtención de permisos para portar armas de fuego, de acuerdo con el diario La Prensa.