La fuga de 195 privados de libertad de la cárcel La Joyita se convirtió en uno de los episodios más graves registrados en el sistema penitenciario panameño en los últimos años.
Más de 24 horas después de los hechos, las autoridades confirmaron que 123 reclusos habían sido recapturados, mientras que otros 72 permanecían prófugos, en medio de una intensa operación de búsqueda desplegada en distintos puntos del país.
La cifra oficial fue revelada este martes por la ministra de Gobierno, Dinoska Montalvo, y el director general de la Policía Nacional, Jaime Fernández, durante una conferencia de prensa convocada luego de que durante gran parte del lunes y la madrugada del martes circularan versiones contradictorias sobre la magnitud real de la evasión ocurrida en el complejo penitenciario ubicado en Las Garzas, al este de la capital panameña.
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Fernández explicó que las autoridades evitaron divulgar números preliminares hasta completar un conteo físico dentro del penal. El director policial aseguró que él mismo participó en las verificaciones realizadas desde la noche del lunes y durante las primeras horas del martes para determinar con precisión cuántos privados de libertad habían logrado abandonar las instalaciones.
Además de la fuga, los disturbios dejaron tres personas fallecidas dentro del centro penitenciario. Las autoridades no detallaron las circunstancias exactas en que ocurrieron las muertes ni aclararon si estuvieron relacionadas con enfrentamientos entre grupos rivales o con otros hechos de violencia registrados durante el motín. Tampoco se ha informado oficialmente la identidad de las víctimas.
A los fallecimientos se suman varios heridos. Fernández indicó que seis privados de libertad resultaron lesionados durante los incidentes, mientras que tres miembros de la Policía Nacional también sufrieron heridas. Uno de los agentes fue retenido temporalmente dentro de uno de los pabellones y posteriormente liberado con apoyo de otros reclusos.
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La ministra Montalvo anunció que se realizarán cambios inmediatos dentro del sistema penitenciario y que se abrirán investigaciones para determinar posibles responsabilidades administrativas y operativas. Según explicó, las pesquisas abarcarán tanto a funcionarios penitenciarios como a unidades policiales encargadas de la seguridad interna y externa del penal.
Las autoridades reconocieron que el traslado de un grupo de privados de libertad hacia otro centro penitenciario formó parte de los acontecimientos previos a los disturbios. De acuerdo con Fernández, el operativo comenzó durante la mañana del lunes y concluyó con el traslado de los reclusos sin incidentes. Sin embargo, sostuvo que la medida provocó malestar dentro de varios pabellones y derivó en una escalada de violencia que terminó afectando seriamente las instalaciones.
Durante los disturbios fueron destruidas diversas estructuras dentro del complejo penitenciario, incluyendo oficinas utilizadas por la Dirección de Inteligencia de la Policía Nacional. Las autoridades reconocieron que parte de la infraestructura resultó seriamente afectada y que será necesario desarrollar trabajos de reconstrucción.
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Pese a la información suministrada por el Gobierno, continúan sin respuesta algunas de las principales interrogantes sobre el caso. Más de un día después de los hechos, las autoridades todavía no han explicado cómo un grupo tan numeroso de reclusos logró vulnerar los controles de seguridad, atravesar los perímetros del penal y escapar sin ser interceptado oportunamente.
Tampoco se ha informado si existieron fallas tecnológicas, errores operativos o posibles actos de complicidad que facilitaran la evasión.
La propia ministra reconoció que el sistema penitenciario enfrenta graves problemas estructurales. Según detalló, Panamá mantiene una población penitenciaria nacional cercana a los 24,000 privados de libertad y registra una sobrepoblación aproximada del 35%.
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Montalvo también señaló que cerca de 8,000 detenidos permanecen a la espera de completar procesos judiciales o audiencias pendientes.
La situación es especialmente crítica en La Joyita. De acuerdo con cifras oficiales correspondientes al 30 de abril de 2026, el penal alberga 4,788 internos pese a haber sido diseñado para una capacidad de 2,837 personas. Esto representa una sobrepoblación de 1,951 reclusos y una densidad penitenciaria superior al 165%, una de las más altas del país.
Mientras avanzan las investigaciones, más de 1,200 unidades de la Policía Nacional, el Servicio Nacional Aeronaval, el Servicio Nacional de Fronteras y el Servicio de Protección Institucional participan en los operativos de búsqueda. Las autoridades pidieron a la población colaborar con información que permita ubicar a los 72 evadidos que todavía permanecen fuera del sistema penitenciario.
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Se informó que se estarán publicando fotos de los evadidos que no han sido capturados para que la población pueda informar sobre su paradero.