El Gobierno de Panamá abrió una licitación pública con un precio de referencia de $85 millones para el diseño, construcción, equipamiento y mantenimiento de un nuevo Centro de Resarcimiento y Rehabilitación que será desarrollado en el corregimiento de Las Garzas, dentro de los terrenos del complejo penitenciario La Joya.
El proyecto busca crear una instalación especializada para personas privadas de libertad que se encuentren en la etapa final de cumplimiento de sus condenas y próximas a obtener su libertad definitiva.
A diferencia de los centros penitenciarios tradicionales, el nuevo complejo fue concebido bajo un modelo orientado a la transición progresiva hacia la vida en libertad, con énfasis en la capacitación laboral, la educación, la atención psicológica y la convivencia comunitaria. La propuesta forma parte de los esfuerzos del Estado para fortalecer los programas de reinserción social y reducir los niveles de reincidencia delictiva.
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La licitación establece que el centro tendrá capacidad para albergar a 2,500 personas privadas de libertad clasificadas como preliberadas y de confianza. Además, contará con instalaciones destinadas al alojamiento de hasta 160 custodios encargados de la supervisión y operación del recinto.
El diseño contempla edificios residenciales organizados en pabellones de varios niveles. Las habitaciones tendrán capacidad para entre cuatro y seis internos, incorporando áreas de estudio, baños internos y espacios comunes.
El pliego destaca que la intención es ofrecer condiciones que favorezcan la convivencia, la disciplina y la preparación para el regreso a la sociedad, alejándose del concepto tradicional de grandes galeras o pabellones masivos que caracterizan a muchas cárceles de la región.
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Uno de los componentes más llamativos del proyecto es la amplia infraestructura educativa y de formación técnica prevista dentro del complejo. El centro incluirá seis aulas para enseñanza teórica, dos aulas multipropósito, biblioteca, laboratorio de informática y una serie de talleres destinados a desarrollar habilidades laborales entre los internos.
Entre ellos figuran talleres de herrería, soldadura, carpintería, ebanistería, panadería, repostería, ventanería, prefabricados de concreto, artesanías y bordados.
La documentación de la licitación también exige que el futuro contratista presente una propuesta detallada sobre los programas productivos que se implementarán dentro del centro, justificando cómo estas actividades pueden contribuir a mejorar las oportunidades de empleo de los participantes una vez recuperen su libertad.
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Asimismo, se contempla la coordinación con instituciones como el Instituto Nacional de Formación Profesional y Capacitación para el Desarrollo Humano (Inadeh) y otras entidades públicas vinculadas a programas de inclusión social.
En materia de salud, el complejo contará con instalaciones significativamente más amplias que las disponibles en muchos centros penitenciarios actuales. El proyecto prevé dos consultorios médicos de atención primaria, áreas de urgencias, sala de trauma y choque, consultorios de odontología, oftalmología, psicología y psiquiatría, además de espacios destinados a terapias grupales y entrevistas especializadas.
El componente psicológico y de salud mental ocupa un papel central dentro del modelo planteado. El pliego establece que la infraestructura debe apoyar los procesos de resocialización mediante programas educativos, terapéuticos y comunitarios, integrando espacios especialmente diseñados para el acompañamiento emocional y la preparación para la vida fuera del sistema penitenciario.
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Las instalaciones también incorporarán áreas deportivas y recreativas. Entre ellas figuran dos canchas multiuso techadas, una cancha sintética de fútbol rápido, gimnasio de pesas, espacios para ajedrez y juegos de mesa, así como un área de oración destinada a actividades espirituales y consejería religiosa.
Otro elemento poco común dentro de la infraestructura penitenciaria nacional será el área destinada a visitas familiares. El proyecto incluye espacios abiertos para encuentros con familiares, zonas especiales para niños, módulos para visitas conyugales y cubículos para reuniones con abogados.
La documentación enfatiza que estos espacios deberán diseñarse para facilitar el contacto humano dentro de un entorno controlado y seguro, evitando ambientes excesivamente hostiles o restrictivos.
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Desde el punto de vista arquitectónico, el Ministerio de Gobierno exige que las propuestas incorporen criterios de accesibilidad universal, sostenibilidad ambiental y eficiencia energética. El complejo deberá utilizar iluminación LED, sistemas de ventilación natural, materiales de alta durabilidad y bajo mantenimiento, además de áreas verdes y paisajismo integrado. También se solicita que el diseño proyecte una imagen institucional moderna y compatible con el objetivo de reinserción social.
La infraestructura incluirá además planta de tratamiento de aguas residuales, lavandería industrial, talleres de mantenimiento, áreas administrativas, estacionamientos, sistemas de videovigilancia, centro de monitoreo y equipamiento de seguridad. Todo el complejo deberá operar bajo estándares de control que garanticen la seguridad tanto de los internos como del personal penitenciario.
La licitación fija la recepción de propuestas para el próximo 14 de julio de 2026. El contrato contempla una fase de construcción y equipamiento de aproximadamente dos años, seguida por un período de mantenimiento de tres años, para una vigencia total cercana a cinco años.
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La construcción del nuevo centro ocurre en un momento crítico para el sistema penitenciario panameño. A finales de febrero de 2026, el país mantenía una población de 24,651 privados de libertad, frente a una capacidad oficial de 14,695 plazas, lo que representa una ocupación cercana al 168%. La cifra implica un excedente de casi 10,000 reclusos sobre la capacidad instalada.
La situación también se refleja en el complejo penitenciario de La Joya, donde será construido el nuevo centro. Las cárceles La Joya, La Joyita y La Nueva Joya fueron diseñadas para albergar 9,909 personas, pero mantienen una población conjunta superior a 15,000 privados de libertad, lo que evidencia la presión que enfrenta la infraestructura carcelaria del país.
La licitación se produce en medio de una nueva crisis penitenciaria. Este lunes se registró un motín y una fuga masiva en el centro penitenciario La Joyita, hecho que dejó dos privados de libertad fallecidos y obligó al despliegue de operativos policiales en el este de la capital. Aunque las autoridades reportaron la recaptura de decenas de internos, todavía no existía una confirmación definitiva de que todos los evadidos hubiesen sido localizados.
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Las autoridades sostienen que el nuevo complejo no solo permitirá ampliar la capacidad instalada del sistema, sino también separar a los internos que se encuentran en la fase final de cumplimiento de sus condenas. El objetivo es ofrecerles condiciones distintas a las de los centros tradicionales, enfocadas en educación, capacitación laboral, atención psicológica y preparación para la reinserción social.
De concretarse, el Centro de Resarcimiento y Rehabilitación de Las Garzas se convertiría en una de las inversiones penitenciarias más importantes realizadas por Panamá en los últimos años.