El Ejecutivo panameño concedió rebajas de pena a 955 personas condenadas por delitos comunes, una medida que vuelve a poner bajo escrutinio una facultad presidencial capaz de reducir condenas y acelerar excarcelaciones, incluso en medio del debate público por casos recientes que han involucrado a figuras vinculadas a procesos de alto perfil.
Del total de beneficiados, 691 corresponden a hombres y 228 a mujeres panameñas. A ellos se suman 36 extranjeros, de los cuales 17 son hombres y 19 mujeres. En conjunto, las mujeres representan cerca del 26% de los favorecidos, mientras que los hombres constituyen el 74% restante.
La mayor cantidad de beneficiarios se concentró en los complejos penitenciarios masculinos de La Joya, La Joyita, La Nueva Joya y Chiriquí. En el caso de las mujeres, los principales grupos favorecidos proceden del Centro Femenino de Rehabilitación Cecilia Orillac de Chiari, el Centro Femenino Los Algarrobos y el Centro Femenino de Llano Marín.
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La decisión fue adoptada mediante la facultad que otorga al presidente de la República el numeral 12 del artículo 184 de la Constitución Política, que le permite, junto con el ministro correspondiente, decretar rebajas de pena y conceder libertad condicional a personas condenadas por delitos comunes.
La misma disposición constitucional también autoriza al mandatario a otorgar indultos, aunque exclusivamente en casos relacionados con delitos políticos.
Esa diferencia suele generar confusión. Mientras el indulto extingue total o parcialmente la pena impuesta por delitos políticos, la rebaja de pena aplica a personas condenadas por delitos comunes y forma parte de los mecanismos de individualización de la ejecución penal.
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El propio Ministerio de Gobierno ha aclarado en ocasiones anteriores que las rebajas de pena no constituyen indultos y que ambos beneficios tienen fundamentos jurídicos distintos.
Para acceder a una rebaja de pena, los privados de libertad deben pasar por un proceso de evaluación dentro del Sistema Penitenciario. Sus expedientes son analizados por juntas técnicas y posteriormente se publica un listado preliminar para que posibles víctimas u otras personas puedan presentar objeciones antes de la decisión final.
En abril de este año, por ejemplo, el Ministerio de Gobierno publicó una lista de 1,187 candidatos potenciales antes de que se emitiera el decreto definitivo.
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El decreto firmado por Mulino señala que los beneficiados fueron condenados por delitos comunes y que, tras la evaluación correspondiente, cumplían con los requisitos exigidos por la normativa vigente para optar por la medida.
La rebaja de pena implica, en muchos casos, la excarcelación inmediata de quienes ya han cumplido la porción de condena requerida luego del descuento concedido por el Ejecutivo.
Uno de los casos más comentados de los últimos meses fue el de Milena Edith Vallarino Morales de Ferrufino, esposa del exministro de Desarrollo Social Guillermo Ferrufino. En enero de 2026 recibió una rebaja de pena que le permitió recuperar su libertad tras cumplir parte de una condena de seis años por enriquecimiento injustificado.
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La sentencia había sido confirmada en 2023 luego de que los tribunales concluyeran que la pareja no logró justificar un patrimonio acumulado de aproximadamente $2.2 millones durante el período en que Ferrufino ocupó cargos públicos.
La rebaja otorgada a Vallarino formó parte de los Decretos Ejecutivos No. 1 y No. 2 del 7 de enero de 2026, mediante los cuales fueron beneficiadas 475 personas privadas de libertad. En aquella ocasión, el Ministerio de Gobierno destacó que la medida se aplicó exclusivamente a condenados por delitos comunes que habían cumplido los requisitos establecidos por la legislación penitenciaria.
Otro antecedente fue el de la exdefensora del Pueblo Patria Portugal, quien recibió una rebaja de pena en julio de 2025 tras haber sido condenada por peculado, por irregularidades en contratos de consultoría durante su gestión al frente de la institución.
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La práctica de conceder rebajas de pena no es nueva en Panamá. Administraciones anteriores también recurrieron a esta facultad presidencial. En 2017, durante el gobierno de Juan Carlos Varela, se otorgaron rebajas de pena a 112 personas privadas de libertad. Más recientemente, los gobiernos de Laurentino Cortizo y José Raúl Mulino han continuado utilizando este mecanismo previsto en la Constitución.
Con los 955 beneficiados incluidos en el decreto de mayo de 2026, el Ejecutivo vuelve a poner sobre la mesa un instrumento que históricamente ha generado debate entre quienes lo consideran una herramienta de reinserción social y quienes cuestionan que algunos condenados por delitos de alto impacto puedan acceder a una reducción anticipada de sus penas.