Más insumos vencidos salen a la luz en depósitos de la Caja del Seguro Social en Panamá

Entre más buscan las autoridades, más insumos médicos vencidos aparecen en los depósitos de la Caja de Seguro Social (CSS). En una nueva inspección realizada en Felipillo, la Procuraduría General de la Nación, a través de la Fiscalía Anticorrupción y con apoyo de la Dirección Nacional de Inteligencia Policial (DNIP), ubicó más productos caducados en los depósitos 10, 4, 5 y 6, en medio de una investigación por delitos contra la administración pública.

Durante las diligencias, los equipos encontraron batas quirúrgicas, trajes de protección personal (overoles) y otros insumos en gran cantidad, distribuidos en cajas colocadas en el piso, en anaqueles y en áreas de mezanine, lo que evidencia un manejo irregular del almacenamiento. Además, se recopiló documentación relevante que será incorporada al expediente para determinar posibles responsabilidades dentro de la cadena de custodia de estos productos.

Estos hallazgos se suman a una investigación más amplia que ya había detectado insumos médicos y medicamentos vencidos valorados en más de $2.5 millones, tras auditorías internas realizadas por la propia CSS.

La revisión inicial, impulsada por la entidad, permitió identificar irregularidades en distintos puntos de almacenamiento, lo que derivó en la apertura de procesos por posibles faltas administrativas y hechos de corrupción.

El contraste resulta aún más crítico si se considera que, mientras estos productos permanecían almacenados y sin uso, pacientes y personal médico continúan denunciando falta de medicamentos e insumos básicos en hospitales y policlínicas del sistema público.

Este escenario ha generado cuestionamientos sobre la gestión logística y la eficiencia en la distribución de recursos dentro de la institución.

Las inspecciones también se han extendido a otros puntos, como los depósitos de El Crisol, donde las autoridades encontraron medicamentos e insumos con fechas de vencimiento que van desde 2014 hasta 2024, lo que sugiere que el problema no es reciente, sino que responde a fallas estructurales en el control de inventarios.

Este patrón evidencia un posible deterioro prolongado en los sistemas de almacenamiento y supervisión.

En términos financieros, el impacto es significativo. Solo en los primeros hallazgos se estimó una pérdida superior a $2.5 millones, una cifra que podría incrementarse a medida que avanzan las investigaciones. A esto se suma el costo indirecto asociado a la falta de estos insumos en la atención médica, lo que afecta directamente la calidad del servicio y la seguridad de los pacientes.

El origen de esta investigación se remonta a una auditoría interna ordenada por la CSS, tras detectar inconsistencias en el manejo de inventarios. Posteriormente, la Contraloría General de la República inició una auditoría forense que abarca el periodo entre 2019 y 2024, con el objetivo de analizar áreas clave como la distribución de medicamentos, las compras y el manejo de recursos dentro de la institución.

Este caso también ha escalado al plano legal. La diputada Paulette Thomas presentó una denuncia penal contra el exdirector de la CSS, Enrique Lau Cortés, solicitando al Ministerio Público que determine su posible responsabilidad en el desabastecimiento de medicamentos, pese a la existencia de inventarios vencidos. La acción legal busca esclarecer si hubo negligencia o irregularidades en la gestión administrativa.

Las autoridades han advertido que estas nuevas diligencias podrían abrir líneas adicionales de investigación, al detectar posibles hechos delictivos no identificados previamente. Esto podría ampliar el número de personas involucradas, incluyendo funcionarios vinculados a áreas de compras, almacenamiento y distribución dentro de la CSS.