Una mujer de 45 años que se hacía pasar por arquitecta vinculada a la Línea 3 del Metro de Panamá y ofrecía supuestos contratos de construcción para captar dinero quedó bajo detención provisional, luego de múltiples audiencias celebradas en el Sistema Penal Acusatorio (SPA) de Plaza Ágora.
El caso ha generado asombro por el monto involucrado y la modalidad empleada, que habría permitido a la imputada despojar a sus víctimas de 242 mil 500 balboas.
De acuerdo con lo expuesto en audiencia, la investigada contactaba a potenciales inversionistas y les ofrecía participar en un supuesto proyecto ligado al Metro de Panamá. Solicitaba desembolsos para iniciar contratos que nunca fueron ejecutados. La mujer fue capturada el 10 de febrero en Arraiján, Panamá Oeste, y mantenía múltiples órdenes de aprehensión y conducción.
Los jueces de garantías realizaron cinco audiencias relacionadas con este caso. En cuatro de ellas se decretó la medida cautelar de detención provisional, al considerar que se trataba de delitos graves contra el patrimonio económico y que existían riesgos procesales de peligro de fuga y peligro para la comunidad.
En una quinta audiencia, vinculada a una estafa simple, se impuso detención domiciliaria, decisión que fue apelada por el Ministerio Público.
Previo a estas decisiones, se legalizó la aprehensión y se formalizó la imputación de cargos por estafa agravada y delitos contra el orden económico. Además, se concedió un plazo de seis meses para la investigación.
En las diligencias participaron fiscales de las Secciones Tercera y Quinta de Delitos contra el Patrimonio Económico, así como querellantes y abogados particulares en representación de las víctimas.
La defensa estuvo a cargo de abogados del Instituto de la Defensa Pública, mientras que la audiencia de apelación fue programada para el 26 de febrero en el Tribunal Superior de Apelaciones, en el edificio Plaza Fortuna, en San Miguelito.
La imputada habría utilizado como elemento central de su engaño la Línea 3 del Metro de Panamá, uno de los proyectos de infraestructura más relevantes del país.
La Línea 3 conectará la ciudad de Panamá con Panamá Oeste mediante un monorriel elevado que cruzará el Canal, con una extensión aproximada de 25 kilómetros, y forma parte de la estrategia de ampliación del sistema de transporte masivo. El proyecto ha generado amplio interés público y empresarial, lo que habría sido aprovechado para dotar de credibilidad al esquema fraudulento.
El caso se produce en un contexto en el que las estafas y otros fraudes continúan representando una proporción significativa de las noticias criminales en Panamá.
Según el informe estadístico del Ministerio Público correspondiente al período del 1 de enero al 31 de diciembre de 2025, se registraron 6,230 noticias criminales por estafa y otros fraudes, lo que representa un incremento de 13% en comparación con 2024, cuando se reportaron 5,489 casos.
Del total de 2025, 5,948 correspondieron al delito de estafa (artículo 220 del Código Penal), lo que equivale al 95.5% de los casos registrados en esta categoría.
En cuanto a estafa agravada (artículo 221), se contabilizaron 158 casos, mientras que los delitos vinculados a modificación o manipulación de programas informáticos sumaron 101 registros.
En el ordenamiento jurídico penal panameño, el delito de estafa está tipificado en los artículos 220 y 221 del Código Penal, y se diferencia entre estafa simple y estafa agravada según las circunstancias del acto y las agravantes que concurren en la conducta delictiva.
La estafa simple consiste en causar un perjuicio patrimonial a otro mediante engaño y se sanciona con pena de uno a cuatro años de prisión, sin la concurrencia de agravantes.
En cambio, la estafa agravada se configura cuando existen circunstancias que incrementan la reprochabilidad del hecho —como la utilización de relaciones de confianza, un daño económico significativo o la concurrencia de medios complejos para la comisión del delito— y en esos casos la pena se eleva, pudiendo alcanzar de cinco a diez años de prisión, reflejando la mayor gravedad de la conducta ilícita bajo la ley panameña.
Por área geográfica, la provincia de Panamá concentró 3,517 casos, seguida por Panamá Oeste con 783, Chiriquí con 614 y San Miguelito con 308. Estas cifras reflejan que las zonas con mayor densidad poblacional y actividad económica registran también mayor número de denuncias relacionadas con estafas.
El comparativo anual muestra que, aunque la estafa agravada disminuyó 12% en 2025 respecto a 2024, el delito de estafa simple aumentó 18%, pasando de 5,062 casos en 2024 a 5,948 en 2025. Asimismo, el fraude en servicios públicos presentó un incremento porcentual significativo, aunque con menor volumen absoluto de casos.
Paralelamente, el Ministerio Público también informó sobre otras investigaciones recientes vinculadas a delitos económicos. A través de la Operación Certificados, la Fiscalía Anticorrupción llevó a cabo diligencias por la supuesta falsificación de certificados de incapacidad y de buena salud, documentación que habría sido presentada como emitida por policlínicas y hospitales del Ministerio de Salud. En esa acción fueron aprehendidas tres personas.
Las autoridades reiteraron que continuarán desarrollando investigaciones objetivas y transparentes y ejerciendo la acción penal ante los tribunales, conforme a lo establecido en la Constitución y la ley. Los casos recientes evidencian la diversidad de modalidades utilizadas en delitos contra el patrimonio económico, desde esquemas que explotan grandes proyectos de infraestructura hasta la falsificación de documentos oficiales.
Mientras avanza la investigación contra la supuesta arquitecta vinculada a la Línea 3, el proceso judicial seguirá su curso bajo el esquema del Sistema Penal Acusatorio, con el objetivo de determinar responsabilidades penales y establecer el alcance total de los perjuicios económicos denunciados.