La Iglesia panameña inició un proceso de revisión independiente de su actuación frente a los casos de abuso sexual de menores y personas vulnerables ocurridos entre 2001 y 2025, una decisión que marca un giro relevante en la forma en que la institución aborda un tema que ha generado críticas y cuestionamientos durante años.
La Arquidiócesis de Panamá convocó a una Comisión de Transparencia conformada por expertos internacionales para analizar con rigor los procedimientos internos, los mecanismos de atención a las víctimas y la gestión institucional general en estos casos.
El anuncio fue hecho público por el arzobispo monseñor José Domingo Ulloa Mendieta, quien explicó que la decisión responde a la necesidad de evaluar con honestidad institucional cómo se han manejado denuncias a lo largo de más de dos décadas y de aprender de los errores para fortalecer los procesos de prevención, atención y acompañamiento a las víctimas.
La comisión fue formalmente establecida mediante un comunicado oficial en el que se indica que el propósito principal es comprender no solo la ocurrencia de los abusos, sino cómo y por qué ocurrieron, y cómo respondió la Iglesia ante cada uno de ellos.
Para ello, se analizarán seis áreas específicas en el marco de esta valoración: jurídico-canónica, clínica, rendición de cuentas, teológica-pastoral, sociocultural y comunicacional.
La composición del equipo es multicultural y multidisciplinaria, integrada por expertos en derecho, psicología, comunicación, teología y prevención del abuso. Entre los integrantes hay profesores universitarios de Estados Unidos, España, México, Chile, Argentina y Paraguay, así como profesionales con experiencia en la gestión de ambientes seguros y el acompañamiento a víctimas.
El comunicado oficial destaca que la comisión está financiada por la Universidad de Notre Dame (Estados Unidos) y la Universidad Villanueva (España), lo que le aporta respaldo académico.
Las autoridades eclesiásticas han subrayado que este proceso busca garantizar transparencia y credibilidad, y que no pretende sustituir las investigaciones judiciales ni la competencia de las autoridades civiles y penales.
De hecho, representantes de la Oficina de Escucha de la Arquidiócesis han reiterado que, cuando la Iglesia ha tenido conocimiento de abusos bajo su jurisdicción, ha procedido a denunciar ante las autoridades competentes, en cumplimiento con el marco legal panameño.
La fase inicial del proceso se extenderá hasta el 30 de abril de 2026. Durante estos meses, la comisión revisará documentos institucionales y jurídicos relevantes, realizará entrevistas y abrirá un periodo especial de escucha para que personas que hayan sufrido abusos o sus familiares puedan presentar sus testimonios de manera confidencial.
El objetivo declarado es que la investigación sea exhaustiva, rigurosa y respetuosa del contexto de cada caso.
Un aspecto central del enfoque de la comisión es que el proceso no se limita a recabar cifras o a leer expedientes: busca entender patrones, fallas institucionales y las respuestas que se dieron en su momento, con la intención de proponer recomendaciones concretas que fortalezcan la gestión de casos similares en el futuro.
Las víctimas o personas que deseen aportar información pueden comunicarse con la comisión a través del correo denuncia@comisiontransparencia.com, con la confianza de que se respetará la confidencialidad y la integridad de cada testimonio.
Según la Arquidiócesis, el informe final de esta investigación se espera para septiembre de 2026, y su publicación será clave no solo para esclarecer cómo ha actuado la Iglesia ante casos de abuso, sino también para indicar qué cambios deben implementarse en la estructura, los protocolos y la cultura institucional para prevenir que se repitan situaciones similares.
La creación de una comisión de este tipo no es un hecho aislado en el contexto global. Diversos países han enfrentado escándalos de abuso sexual perpetrados por miembros de la Iglesia católica y han implementado investigaciones similares, a veces bajo la supervisión del Vaticano o de comisiones civiles.
En muchos casos, los resultados han impulsado reformas profundas en los protocolos de prevención y en las políticas de protección de menores. Aunque cada contexto es único, el movimiento hacia la apertura y la rendición de cuentas ha sido una demanda constante de sobrevivientes y grupos de apoyo.
En Panamá, en los últimos años la justicia ha procesado y condenado a miembros del clero por delitos sexuales relacionados con menores. En 2022 un sacerdote colombiano fue sentenciado a varios años de prisión tras ser hallado culpable de actos libidinosos agravados cometidos contra un adolescente, en un caso que también motivó su destitución por parte de la Iglesia.
Asimismo, en 2023 otro expárroco recibió una condena de 30 años, luego de que el tribunal encontrara pruebas contundentes de violación sexual y otros actos ilícitos en perjuicio de una persona menor de edad.