La Fiscalía Superior Anticorrupción solicitó la aprehensión con fines de conducción del exvicepresidente de la República José Gabriel Carrizo, en el marco de una investigación por presunto enriquecimiento injustificado, una de las causas más relevantes abiertas contra exaltos funcionarios tras el cambio de gobierno en Panamá.
La solicitud fue emitida por la fiscal superior anticorrupción Adela Cedeño mediante un oficio fechado el lunes 26 de enero y dirigido al comisionado César Pittí, director de la Dirección de Investigación Judicial (DIJ) de la Policía Nacional.
En el documento, la fiscal pide hacer efectiva una resolución adoptada el pasado viernes 23 de enero dentro de una noticia criminal relacionada con presuntos delitos contra la administración pública.
Horas después de conocerse la orden de aprehensión, Carrizo publicó un video en sus redes sociales en el que confirmó que se encuentra fuera del país desde el pasado 17 de enero.
En el mensaje, difundido la noche del lunes 26 de enero, el exvicepresidente aseguró que está en Guatemala y que regresará a Panamá “lo antes posible” para enfrentar el proceso judicial.
Carrizo señaló que se enteró ese mismo día de la orden de aprehensión y conducción en su contra y reiteró su disposición a comparecer ante las autoridades panameñas.
“Al pueblo panameño, le reitero mi compromiso de dar la cara a la justicia”, expresó en el video. Aclaró que su salida del país ocurrió antes de que se dictara la medida judicial y que obedeció a razones personales.
En su declaración pública, Carrizo indicó además que para este martes 27 de enero estaba prevista su juramentación como exvicepresidente de la República ante el Parlamento Centroamericano (Parlacen), un derecho que —según afirmó— le corresponde ejercer. No obstante, señaló que evaluaría si asiste o no a ese acto, a la luz de la situación legal que enfrenta en Panamá.
Carrizo fue vicepresidente de la República durante el quinquenio 2019-2024 y candidato presidencial del Partido Revolucionario Democrático (PRD) en las elecciones generales de 2024, en las que fue derrotado.
Durante su gestión, también ocupó la presidencia del Consejo de Gabinete y fue una de las figuras políticas más influyentes del Ejecutivo anterior.
La eventual juramentación reviste especial relevancia jurídica. De concretarse, Carrizo adquiriría fuero por su condición de diputado del Parlacen, lo que implicaría que la investigación penal ya no podría continuar bajo la competencia del Ministerio Público, sino que tendría que ser conocida por la Corte Suprema de Justicia.
Este cambio de jurisdicción suele traducirse en procesos más extensos y complejos, como ha ocurrido en otros casos de alto perfil político en Panamá.
Un antecedente emblemático es el del expresidente Ricardo Martinelli, cuyos procesos judiciales se extendieron durante años en instancias superiores debido al fuero, así como el del expresidente Juan Carlos Varela y los hijos de Martinelli en el caso Odebrecht, en el que la Corte Suprema de Justicia mantiene competencia sobre los imputados con inmunidad, mientras más de una veintena de implicados sin fuero son procesados en la jurisdicción ordinaria.
En el video, Carrizo rechazó las acusaciones por presunto enriquecimiento injustificado y afirmó que el pasado 15 de enero presentó ante la Contraloría General de la República una auditoría forense que, según sostuvo, demuestra que no se ha enriquecido ilícitamente ni ha recibido fondos de empresas contratistas o subcontratistas del Estado. Aseguró que su patrimonio proviene de recursos familiares previos a su llegada al Ejecutivo en 2019.
El exvicepresidente también afirmó que mantiene al menos tres procesos abiertos en el Ministerio Público por la misma causa desde hace más de un año y que las autoridades conocen el origen de los fondos investigados.
Además, denunció presuntas irregularidades durante el proceso, incluyendo el secuestro de bienes que —según indicó— no le pertenecen y supuestas amenazas a familiares durante auditorías realizadas por la Contraloría.
Carrizo calificó la investigación como una “persecución política” y alegó violaciones al debido proceso. Sin embargo, insistió en que no busca impunidad ni inmunidad y reiteró que regresará al país para enfrentar la investigación.
“Voy a gestionar y voy a regresar a Panamá lo antes posible para demostrar mi inocencia”, afirmó.
La investigación por enriquecimiento injustificado no es reciente. El 22 de octubre de 2025, la Contraloría General de la República, a cargo de Anel Flores, ordenó el secuestro de al menos ocho cuentas bancarias y varios bienes inmuebles vinculados al exvicepresidente, por un monto que podría ascender hasta $1.3 millones, como parte de una auditoría patrimonial derivada de posibles inconsistencias entre sus ingresos declarados y su patrimonio.
Para intentar frenar esa medida, Carrizo presentó un amparo de garantías constitucionales ante la Corte Suprema de Justicia. En aquella ocasión, también difundió un comunicado en el que afirmó estar dispuesto a responder ante las instancias correspondientes, siempre que las investigaciones se basaran en hechos comprobables y no en conjeturas.