El Gobierno de Panamá volvió a marcar distancia frente a un nuevo viaje de un grupo de diputados a Taiwán, previsto para el 31 de enero, y reiteró que esa visita no representa la posición oficial del Estado ni forma parte de la política exterior del país.
En un pronunciamiento el Órgano Ejecutivo subrayó que no tiene vínculo alguno con el viaje anunciado y que se trata de decisiones personales, por lo que no comprometen al Estado panameño ni su política exterior.
En el comunicado, el Gobierno recordó que la conducción de la política exterior es una atribución constitucional y exclusiva del Órgano Ejecutivo.
En ese sentido, reiteró su compromiso con la política de “una sola China”, conforme a los intereses nacionales y a los compromisos diplomáticos vigentes, y aseguró que Panamá continuará fortaleciendo sus relaciones de amistad, cooperación y respeto mutuo con la República Popular China, en el marco del reconocimiento mutuo y el respeto a la soberanía nacional.
La aclaración oficial se produce luego de que se confirmara que una delegación de diputados de distintas bancadas viajará a Taiwán este sábado 31 de enero y regresará el 7 de febrero, en lo que constituye el segundo desplazamiento legislativo a la isla durante el actual período de sesiones.
El anuncio generó nuevas tensiones entre el Ejecutivo y el Legislativo, apenas dos meses después de una visita similar realizada en noviembre de 2025, que también fue duramente cuestionada por el gobierno panameño.
En aquella ocasión, el presidente José Raúl Mulino y el canciller Javier Martínez-Acha rechazaron de forma categórica las gestiones parlamentarias, recordando que la Constitución reserva al presidente de la República la facultad de dirigir las relaciones diplomáticas del país.
El Ejecutivo insistió entonces en que cualquier contacto internacional promovido por diputados no es vinculante para el Estado panameño ni puede interpretarse como un acto de política exterior.
Los organizadores de la segunda misión han defendido su iniciativa bajo un enfoque económico y técnico.
El diputado José Pérez Barboni, una de las principales voces de la delegación, explicó que el objetivo del viaje es explorar oportunidades comerciales y conocer de primera mano el desarrollo de la industria de semiconductores en Taiwán, considerada una de las más avanzadas del mundo.
Según ha señalado, existe interés en que Panamá pueda atraer parte de esa cadena productiva y convertirse en un centro de ensamblaje, logística y distribución para la región.
“Estamos liderando la segunda delegación que va a viajar a Taiwán para tener un acercamiento comercial y conocer la industria de los semiconductores, que tenemos mucho interés de que venga a Panamá y se establezca como un hub”, afirmó Pérez Barboni.
De acuerdo con el diputado, la agenda incluye reuniones técnicas y visitas a empresas e instituciones vinculadas al sector tecnológico, con el fin de entender el modelo taiwanés y evaluar su posible adaptación al contexto panameño.
Pérez Barboni también ha insistido en que la delegación no tiene intención de firmar documentos ni compromisos internacionales, y que reconoce que esa facultad corresponde exclusivamente al Ejecutivo.
“Nosotros no vamos a firmar ningún documento ni ningún compromiso; no es nuestra facultad, no está permitido por Constitución. Respetamos la separación de poderes y las atribuciones que tiene el Ejecutivo”, ha señalado, al tiempo que defendió el derecho del Legislativo a realizar gestiones y contactos internacionales como órgano independiente.
Otro elemento que ha sido destacado por los diputados es el financiamiento del viaje. De acuerdo con la información divulgada por los propios legisladores, los gastos de esta segunda misión no serán cubiertos con fondos públicos panameños, sino que responden a invitaciones y apoyos externos, lo que, según sus promotores, refuerza el carácter no oficial de la visita y evita comprometer recursos del Estado.
Pese a estos argumentos, el Ejecutivo ha optado por fijar una posición clara y preventiva. El comunicado del 26 de enero busca dejar constancia, antes de que la delegación salga del país, de que el Gobierno no respalda ni avala la visita, y de que cualquier interpretación que la vincule con un cambio en la política exterior de Panamá carece de sustento.
La reacción refleja la sensibilidad que rodea el tema de Taiwán en la política exterior panameña desde 2017.
Ese año, el 12 de junio, Panamá anunció la ruptura formal de relaciones diplomáticas con Taiwán para establecer vínculos con la República Popular China, adoptando el principio de “una sola China”.
La decisión puso fin a décadas de relaciones oficiales con la isla y alineó a Panamá con la postura de Beijing, que considera a Taiwán como parte de su territorio. Desde entonces, esa definición se convirtió en un eje inamovible de la política exterior panameña y ha sido reafirmada por los gobiernos posteriores.
El presidente Mulino ha reiterado en varias ocasiones que Panamá mantiene relaciones diplomáticas con China y no con Taiwán, y que ese marco no está en discusión. Para el Ejecutivo, cualquier señal que pueda interpretarse como un acercamiento político con Taipei, incluso si proviene del Legislativo, puede generar tensiones innecesarias y afectar una relación diplomática que Panamá considera estratégica.
No obstante, la relación entre Panamá y Taiwán no desapareció por completo tras la ruptura diplomática. En el plano económico, Taiwán sigue siendo un destino relevante para las exportaciones panameñas de productos del mar, particularmente camarones y otros rubros de la pesca y la acuicultura.
Ese vínculo comercial ha sido utilizado por algunos diputados como argumento para justificar la necesidad de mantener contactos y explorar oportunidades, aun en ausencia de relaciones diplomáticas formales.
Mientras se mantiene el cruce de posiciones, la delegación legislativa tiene previsto cumplir su agenda en Taiwán durante la primera semana de febrero. El Gobierno, por su parte, ha optado por cerrar filas en torno a su postura oficial y dejar claro que la política exterior de Panamá no se define ni se ejecuta a través de misiones parlamentarias, sino desde el Órgano Ejecutivo, conforme a la Constitución y a los compromisos internacionales asumidos por el país.