El desafío de las políticas contra la pobreza

En estos días se conocerá un nuevo dato oficial sobre la pobreza en Argentina. Una vez más, el espejo nos devolverá una imagen incómoda: la de un país con altos niveles de pobreza y dificultades para crear y distribuir prosperidad.

¿Qué hacen hoy las políticas públicas dirigidas a las familias pobres? La política social argentina tiene una gran capacidad para transferir dinero. Esa capacidad se construyó a lo largo de este siglo, con gobiernos de distinto signo político. Según nuestro último estudio del CIAS (Centro de Acción de Investigación y Acción Social), hoy uno de cada cinco hogares recibe una transferencia por AUH, Alimentar, una pensión no contributiva o un programa social. Sin esas ayudas sociales, la indigencia del cuarto trimestre de 2025 habría sido más del doble. Para muchas familias, estas prestaciones hacen la diferencia entre poder cubrir o no –con muchas limitaciones y esforzadas estrategias– sus necesidades alimentarias más básicas.

Pero además de reconocer su importancia, la actual coyuntura nos obliga a discutir el diseño de la política social que transfiere ingresos y qué podemos mejorar. Cuando se creó la AUH, la idea fue extender a los trabajadores informales derechos sociales que ya tenían los formales. Hoy tenemos una paradoja: dos hogares pobres pueden recibir ayudas muy diferentes según la condición laboral de los adultos.

En el último informe del CIAS señalamos que un hogar de cuatro integrantes, con ingresos cercanos a la línea de pobreza, en junio accedía a unos 60 mil pesos por asignaciones familiares contributivas (el tradicional “salario familiar”). Un hogar de características similares elegible para la AUH y la Prestación Alimentar, percibía alrededor de 400 mil pesos.

Detrás de este diseño persiste una idea: que la informalidad es un buen indicador de pobreza y la formalidad, una protección. La primera parte sigue siendo en buena medida cierta; la segunda, en cambio, es cada vez menos ajustada a la realidad. Tras años de deterioro del mercado de trabajo, tener un empleo registrado ya no garantiza que un hogar cubra sus necesidades básicas, y muchos asalariados formales viven en hogares pobres.

Por eso, las políticas de transferencia de ingresos tienen que centrarse más en las necesidades reales de las personas y las familias, y menos en su condición de formalidad. Hay experiencias cercanas que permiten pensar otras opciones. En Brasil, conseguir un empleo registrado no implica perder automáticamente el Bolsa Família (el equivalente de la AUH). En Chile, la política social reconoce distintos perfiles de vulnerabilidad social y otorga prestaciones más importantes para hogares con mayores necesidades. En Argentina, avanzar en esa dirección requiere integrar y actualizar la información social existente. Necesitamos conocer mejor a las familias y sus necesidades.

También hay que discutir a quiénes está dejando afuera la red de transferencias. Aquí las decisiones del gobierno actual importan. Durante 2024 y 2025, el fortalecimiento de la AUH convivió con un retroceso de programas dirigidos a jóvenes y personas en edad de trabajar. Nuestro informe muestra que, entre el cuarto trimestre de 2023 y el mismo período de 2025, la proporción de hogares urbanos que recibía ayuda social directa y urgente cayó del 27,4% al 22,7%. La caída se explica principalmente por Progresar y los programas derivados del ex Potenciar Trabajo. Entre los hogares sin niños pero con jóvenes de 18 a 24 años, la cobertura se redujo prácticamente a la mitad, del 33,3% al 16,9%.

Esta decisión profundiza un problema que va más allá de la coyuntura. Estar en edad de trabajar no garantiza tener un empleo, y tener un empleo no garantiza salir de la pobreza. Necesitamos pensar instrumentos que acompañen también esas situaciones: jóvenes que buscan terminar sus estudios, personas que pierden su trabajo y trabajadores cuyos ingresos son insuficientes o inestables.

Y, finalmente, aunque hay que discutir el diseño y la mejora de las “políticas contra la pobreza”, es necesario empezar a ampliar un poco la mirada. Hay que volver a pensar la política social desde el bienestar y la igualdad y no solamente desde la contención: las transferencias de ingresos, por sí solas, no generan desarrollo.

Imaginemos a una mamá que vive con sus dos hijos en un barrio popular del Conurbano: no hay asfalto, no hay veredas y cuando llueve se corta la luz y el barro dificulta que los chicos vayan a la escuela. Una transferencia les ayuda a tener lo mínimo para llevar los gastos cotidianos más básicos. Pero para cambiar radicalmente sus condiciones de vida y que sus hijos tengan una expectativa de movilidad social, hace falta también un barrio con infraestructura, una buena escuela, un centro de salud que funcione y posibilidades de conseguir un buen trabajo. De lo contrario, lo que predomina es la gestión de la pobreza, pero no su transformación.

Una política social que ayude a reducir la pobreza y genere bienestar, tiene entonces dos desafíos por delante. Primero, sostener la red de transferencias de ingresos, discutiendo también sus criterios de acceso y a qué grupos se protege menos o se está excluyendo. Segundo, invertir en lo que las transferencias no pueden comprar: cuidados, integración socio-urbana, vivienda, educación de calidad y salud, en especial allí donde la pobreza está concentrada. Sin avanzar en el primero de esos desafíos, la pobreza se vuelve más dura; sin avanzar en el segundo, se vuelve más permanente.