El gobierno de Javier Milei anunció un esquema de financiamiento para reactivar el mercado inmobiliario que, en la práctica, muestra un alcance limitado. La medida coloca plazos fijos a largo plazo en bancos comerciales por $2 billones (USD 1.300 millones) mediante licitaciones, cifra que apenas cubriría unos quince mil créditos a una tasa máxima de UVA + 7,50%.
La primera licitación se activó por USD 130 millones, dándole a las entidades 90 días para transformarla en hipotecas. La letra chica revela su naturaleza excluyente: al requerir que el banco evalúe al solicitante, el sistema está diseñado para elegir sobre seguro, beneficiando casi exclusivamente a los sectores “más adinerados” para comprar viviendas que ya fueron construidas.
Esta política para pocos contrasta con la escala e inclusión del programa PRO.CRE.AR., ideado por la presidenta Cristina Fernández de Kirchner bajo la gestión de Diego Bossio en la Anses (2011-2015). En ese período, la iniciativa estatal otorgó unos 176.000 créditos a tasa fija en pesos (entre 2% y 14% anual). Del total, 154.000 préstamos financiaron la construcción de viviendas y 22.000 operaron como complementarios para terminación. Asimismo, se avanzó en 79 desarrollos urbanísticos por otras 30.000 viviendas. Lejos de la discrecionalidad actual, el acceso se rigió por un proceso transparente y público mediante sorteos televisados por la Lotería Nacional.
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El impacto económico de este modelo impulsó una fenomenal reactivación del aparato productivo local. Durante esos cuatro años, el PRO.CRE.AR. funcionó como motor de la economía interna, generando 125.000 puestos de trabajo directo y 235.000 empleos indirectos en corralones y pymes constructoras de todo el país. La inversión estatal fue de tal magnitud que los créditos hipotecarios otorgados directamente a las personas alcanzaron el 0,45% del Producto Bruto Interno (PBI) en 2014, demostrando el volumen de una economía que apostaba fuertemente por la obra pública y la inclusión social.
El programa fue tan exitoso que continuó, en menor magnitud, durante las presidencias de Mauricio Macri y Alberto Fernández, abriendo las puertas de la estabilidad habitacional a trabajadores de todo el país. Mientras el actual oficialismo ofrece créditos caros para personas de altos ingresos y viviendas ya existentes, otras políticas protegieron a las familias argentinas, promoviendo el círculo virtuoso del consumo, el empleo y la construcción genuina en todo el territorio nacional.
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