Inteligencia artificial: cuando ver y escuchar ya no alcanza como prueba

Durante décadas, ver y escuchar parecían suficientes. Una imagen podía destruir una reputación. Un audio podía alterar una causa judicial. Un video podía cerrar una discusión pública. La inteligencia artificial acaba de modificar esa lógica.

Hoy una voz puede ser clonada, una imagen fabricada y un video manipulado con niveles de precisión difíciles de detectar incluso para personas entrenadas. Una conversación puede ser editada, fragmentada o descontextualizada sin que millones de usuarios logren advertirlo.

Y el problema ya no pertenece al futuro.

La crisis ya no es solamente informativa. Empieza a ser probatoria.

Los sistemas judiciales enfrentan un desafío completamente nuevo: ya no alcanza con determinar si un archivo existe. Ahora también hay que establecer si es auténtico, si fue alterado, cómo fue obtenido y bajo qué condiciones puede transformarse en prueba válida dentro de un proceso judicial.

El cambio es mucho más profundo de lo que parece.

Hoy una operación digital, un audio manipulado o un video alterado pueden destruir una reputación, afectar una negociación empresarial, alterar mercados, generar presión institucional o incluso condicionar una investigación judicial mucho antes de que exista una validación técnica real.

Ahí aparece uno de los grandes problemas de esta época: la velocidad de circulación digital suele ser infinitamente más rápida que la capacidad técnica y judicial de verificar un contenido.

Muchas veces el daño reputacional, político, económico o judicial ya ocurre antes de que exista cualquier posibilidad real de determinar si aquello que circuló era auténtico.

Anticipando escenarios que probablemente empiecen a discutirse con mucha más intensidad hacia las elecciones presidenciales de 2027, el desafío ya no pasa únicamente por las fake news tradicionales o las operaciones políticas clásicas. La inteligencia artificial introduce una capacidad inédita para producir contenidos técnicamente plausibles, emocionalmente efectivos y capaces de generar consecuencias públicas antes de que exista tiempo técnico real para verificar su autenticidad.

Frente a ese escenario, los distintos espacios políticos, equipos técnicos, áreas de comunicación y estructuras institucionales probablemente deban empezar a trabajar de manera mucho más anticipada sobre mecanismos de validación, reacción y contención frente a operaciones digitales cuya viralización puede producirse en cuestión de horas.

Porque en escenarios altamente polarizados, la combinación entre inteligencia artificial, velocidad de viralización y dificultades de verificación puede generar impactos capaces de alterar discusiones públicas, condicionar agendas o influir sobre climas sociales antes de que exista capacidad técnica o judicial suficiente para esclarecer los hechos.

Precisamente por eso, las futuras campañas probablemente obliguen a desarrollar mecanismos institucionales de reacción rápida y validación técnica que permitan contener operaciones digitales potencialmente desestabilizadoras antes de que sus efectos resulten irreversibles.

Eso explica por qué esta discusión excede ampliamente a la tecnología.

La evidencia digital hoy atraviesa litigios penales, civiles, comerciales, regulatorios, societarios, laborales y empresariales. También atraviesa directorios, compliance, investigaciones internas y escenarios de crisis donde la información puede transformarse rápidamente en un activo, una presión o un riesgo.

Y ahí aparece un punto central que muchas veces se pierde en el debate público: no todo contenido impactante constituye automáticamente prueba judicial.

Puede justificar una investigación, generar consecuencias públicas inmediatas o tener relevancia periodística. Pero para convertirse en evidencia válida necesita algo mucho más delicado: autenticidad, trazabilidad, posibilidad de control y respeto por las garantías constitucionales.

El fenómeno tampoco se limita a los llamados “deepfakes”. Empieza a consolidarse una categoría todavía más compleja: contenidos parcialmente verdaderos, audios editados, imágenes manipuladas y narrativas amplificadas artificialmente que terminan construyendo lo que algunos especialistas ya describen como “deep news”: información técnicamente plausible, emocionalmente efectiva y extremadamente difícil de desmontar en tiempo real.

El derecho no puede funcionar con la lógica emocional de las redes sociales. No alcanza con que un contenido impacte, emocione o confirme prejuicios previos. La evidencia necesita poder ser controlada, discutida y técnicamente validada por todas las partes.

Ahí aparece el verdadero sentido del debido proceso.

Porque una cosa es que un contenido exista. Otra, que sea auténtico. Otra, que esté completo. Otra, que haya sido obtenido legalmente. Y otra muy distinta, que pueda utilizarse válidamente dentro de un expediente judicial.

Por eso el rol del juez sigue siendo insustituible. Y en el nuevo sistema acusatorio ese rol aparece todavía más claro: el fiscal investiga, las partes producen y controlan evidencia y el juez garantiza reglas claras, debido proceso y respeto por las garantías constitucionales.

Cuando se secuestra un celular, una computadora, un servidor o cualquier dispositivo —o incluso cuando ese material es aportado por un imputado, un denunciante, un testigo o una empresa— lo primero que debe preservarse es la integridad de la evidencia.

Por eso una pericia seria no consiste simplemente en “abrir un teléfono y mirar”.

En investigaciones complejas, preservar la integridad del material es tan importante como acceder a su contenido. Primero se realiza una extracción o copia forense técnicamente controlada. Recién después se trabaja sobre esa copia y no sobre el dispositivo original.

Ese procedimiento permite garantizar algo esencial: que la evidencia sea verificable, auditable y susceptible de control por todas las partes del proceso.

La evidencia digital no se presume. Debe verificarse, corroborarse y validarse técnicamente.

Argentina, además, cuenta con profesionales y equipos técnicos de enorme nivel en materia de informática forense y análisis digital.

El Cuerpo de Investigaciones Judiciales del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad de Buenos Aires —que brinda apoyo técnico a los fiscales porteños en investigaciones complejas—, la DATIP de la Procuración General de la Nación y distintas áreas especializadas de Gendarmería y Policía Federal trabajan hoy con herramientas forenses y capacidades técnicas de enorme nivel para analizar evidencia digital e investigaciones cada vez más sofisticadas.

Las investigaciones complejas ya no se explican únicamente desde el derecho. Hoy intervienen ingenieros, analistas forenses, especialistas en comunicaciones, criminalistas, expertos en extracción digital, contadores y equipos interdisciplinarios altamente especializados.

Frente a ese escenario, muchos modelos tradicionales del ejercicio profesional empiezan a mostrar limitaciones.

Y esto no es una cuestión de marketing profesional ni de modernidad estética. Es una cuestión de defensa efectiva.

Porque hoy la defensa seria de derechos exige estructuras capaces de interpretar, controlar y discutir evidencia compleja en igualdad de condiciones.

No se trata de desconfiar del trabajo técnico estatal. Muchas veces los organismos especializados realizan tareas altamente profesionales. Pero el abogado tiene la obligación de controlar la prueba, proponer puntos de pericia, aportar especialistas de parte, observar procedimientos e impugnar conclusiones cuando técnicamente corresponda.

Ese equilibrio es parte esencial del sistema.

Con el avance del sistema acusatorio, las partes deberán producir y discutir evidencia de manera mucho más rápida, técnica y dinámica, especialmente en litigios orales donde la calidad del material probatorio será cada vez más decisiva.

La inteligencia artificial no sólo empezó a fabricar imágenes falsas.

También empezó a acelerar la circulación de información técnicamente plausible a una velocidad inédita.

Y probablemente ahí esté uno de los grandes desafíos de esta nueva era: preservar la calidad, la fiabilidad y la capacidad de validación de la información en sistemas democráticos donde millones de personas toman decisiones, forman opinión o reaccionan públicamente en tiempo real.

El problema ya no pasa solamente por detectar contenidos falsos. También pasa por desarrollar capacidades institucionales, técnicas y sociales capaces de verificar, contextualizar y contener información potencialmente manipulada antes de que sus efectos resulten irreversibles.

La inteligencia artificial no necesariamente destruye la verdad. Pero sí obliga a replantear cómo las sociedades construyen confianza, validan información y protegen la autenticidad en un escenario de circulación digital cada vez más acelerado.

Durante años, la gran discusión judicial fue qué ocurrió.

En la era de la inteligencia artificial, la discusión empieza a ser otra: qué puede demostrarse como auténtico.

*El autor es abogado, doctor en Ciencias Jurídicas y Sociales. Posgrado en Derecho Procesal Penal profundizado.

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