Santa Fe apuesta a la cultura como inversión estratégica

La reciente reglamentación de la Ley de Promoción Cultural registrada con el Nº 14365 en la provincia de Santa Fe marca mucho más que una decisión administrativa, es un punto de inflexión sobre cómo se entiende la cultura en la provincia, no como gasto público o como consumo simbólico, sino como inversión estratégica para el desarrollo social, económico y educativo.

El Gobernador Maximiliano Pullaro firmó la reglamentación de una norma sancionada a fines de 2024 que permitirá que empresas y contribuyentes destinen hasta el 10% de Ingresos Brutos al financiamiento de proyectos culturales y patrimoniales.

Sin embargo, más allá del porcentaje, la verdadera cuestión de fondo es destacar qué lugar ocupa la cultura en el presente y en el futuro de una provincia y de un país.

Durante años, en Argentina se instaló una mirada reduccionista sobre las políticas culturales. La cultura quedó muchas veces atrapada entre dos extremos: o convertida en espectáculo de consumo rápido o limitada a subsidios fragmentados que dependían exclusivamente del Estado.

Esta Ley abre la posibilidad de construir un tercer camino: una alianza virtuosa entre sector público, sector privado y comunidad. Eso implica comprender algo esencial: la cultura no es ornamental, es infraestructura simbólica, es identidad, es producción de sentido colectivo. Y en tiempos atravesados por la fragmentación social, los discursos violentos y el debilitamiento de los lazos comunitarios, sostener proyectos culturales también es sostener democracia.

Las experiencias internacionales muestran que las ciudades y regiones que invierten en cultura generan además innovación, turismo, industrias creativas y empleo calificado. No es casual que los territorios más dinámicos del mundo entiendan que un museo, un festival, una editorial independiente o una producción audiovisual no son “gastos secundarios”, sino motores de desarrollo.

La propia ley santafesina incorpora una mirada amplia sobre qué se entiende por cultura: artes visuales, escénicas, libros, música, patrimonio, diseño, contenidos digitales y formación cultural. Esa inclusión resulta especialmente valiosa porque reconoce que la cultura del siglo XXI ya no vive únicamente en los escenarios tradicionales. También habita plataformas, narrativas digitales, experiencias inmersivas y nuevos lenguajes juveniles.

Ahí aparece otro desafío central: democratizar verdaderamente el acceso a estos mecanismos y explicita el impacto territorial de la cultura: fortalecer “el ecosistema creativo”, beneficiando artistas, instituciones y comunidades locales.

Una Ley de promoción de la cultura puede transformarse en una enorme herramienta de innovación. Obviamente, con el cuidado pertinente que no quede restringida a los sectores históricamente más visibles y con mayores posibilidades de gestión. Ha ocurrido que las políticas culturales terminaron beneficiando a quienes ya tenían capital social, contactos o estructuras institucionales consolidadas.

Es por eso que esta legislación apunta a garantizar transparencia y acompañamiento técnico para que artistas emergentes, colectivos culturales barriales, espacios independientes y proyectos comunitarios puedan acceder en igualdad de condiciones, como ya se viene haciendo con algunos programas, como el RE-SUENA, por ejemplo, que funciona como contención para jóvenes de barrios populares.

Hay además un aspecto poco mencionado: el potencial educativo de esta ley. En una época donde gran parte de los adolescentes y jóvenes construyen identidad a través de consumos culturales digitales, pensar políticas culturales también es pensar políticas pedagógicas. Un proyecto audiovisual, un festival comunitario, una experiencia de arte urbano o una producción transmedia pueden convertirse en espacios de aprendizaje tan potentes como muchas aulas tradicionales.

La cultura enseña. Enseña sensibilidad, pensamiento crítico, memoria, diversidad y capacidad de imaginar otros mundos posibles. Y quizás allí radique el aspecto más transformador de esta reglamentación: la posibilidad de dejar de pensar la cultura como un lujo para empezar a entenderla como una necesidad estratégica.

Las sociedades que abandonan la cultura suelen perder también capacidad de diálogo, creatividad y cohesión social. En cambio, las que la fortalecen construyen ciudadanía más crítica, comunidades más participativas y economías más innovadoras.

Santa Fe tiene ahora una oportunidad histórica. Y el éxito de esta ley depende de la visión política y social que la sostenga. Porque financiar cultura no es solamente apoyar artistas, es decidir qué sociedad queremos ser.