El caso de las Propofest tiene una dimensión que ningún procesamiento va a poder responder del todo. El sistema de salud no tiene en Argentina un dispositivo real de contención para profesionales con consumo problemático de sustancias que garantice confidencialidad, tratamiento y reinserción sin consecuencias disciplinarias automáticas. La disyuntiva concreta para alguien en esa situación está entre el silencio o perderlo todo.
Esto no exime de responsabilidad penal a quienes sustrajeron medicamentos hospitalarios ni hace desaparecer el daño causado. La ética médica no es un argumento de defensa en sede penal, pero sí es un argumento que la política de salud pública debería tomar en serio, porque el sistema que no le ofrece una salida a un profesional con adicción va a seguir produciendo este tipo de casos.
La medicina entrena a sus profesionales para reconocer el daño en los otros
Nadie entrena a los médicos para reconocer los problemas de adicción en sí mismos. El derecho penal llega cuando ya es tarde, con las herramientas que tiene, que no son todas las necesarias, y deja siempre abierta la misma pregunta: si el sistema hubiera funcionado de otra manera, ¿estaríamos hablando de lo mismo?
Tres causas, tres imputados, dos muertos y una pregunta que la calificación penal todavía no responde del todo
Cuando los casos judiciales se vuelven noticia masiva, la cobertura periodística acelera al ritmo de las novedades y muchas veces los conceptos jurídicos quedan poco claros. Con el caso de las Propofest pasa algo semejante. Hay tres imputados con diferentes grado de responsabilidad, dos muertes que orbitan la investigación sin haberse integrado formalmente a ella, fármacos robados de hospitales públicos y privados, y una estructura procesal partida en tres juzgados que investigan piezas del mismo rompecabezas sin una foto completa todavía.
Una cuestión de fondo que queda por resolver
Leclercq era residente y no tenía autoridad formal sobre el stock del hospital. La posición de garante que exige el artículo 173 inciso 7° se sostiene de manera más endeble en su caso que en el de Boveri.
Hasta acá, hay tres imputados por un delito contra la propiedad, causa en instrucción ordinaria, sin competencia federal, pero hay una variable que puede volar ese esquema por los aires, y es el fentanilo.
El propofol no figura en el listado de sustancias controladas del Decreto 722/91, y por eso la causa no fue al fuero federal y se investiga como una defraudación al patrimonio de un hospital. Pero el fentanilo sí integra la Lista I del Anexo del Decreto 722/91 como estupefaciente sujeto a fiscalización, lo que lo pone dentro del alcance de la Ley 23.737.
Y el fentanilo aparece en la autopsia de Zalazar, en el propio reconocimiento de Leclercq ante la AAARBA, y en las 112 ampollas halladas junto al cadáver del enfermero Betancourt. Si se confirma que el desvío de fentanilo era parte del circuito la calificación legal, da un salto que no tiene vuelta atrás.
El artículo 5 de la Ley 23.737 establece penas de cuatro a quince años para quien entregue, suministre o facilite estupefacientes, sea a título gratuito u oneroso. Las agravantes del artículo 11 elevan esas escalas a seis y veinte años cuando el autor es profesional del arte de curar o cuando la víctima se encuentra en situación de dependencia.
Además, la presencia del fentanilo activaría la competencia federal, desplazando a los tres juzgados actuales y poniendo la causa en manos de otro magistrado con otra lógica investigativa.
Hay una pregunta que es inevitable, si Zalazar murió por sobredosis y los fármacos venían del circuito que armaron estos médicos, ¿por qué nadie está imputado por su muerte? El derecho penal moderno no castiga por haber estado en la cadena causal que condujo a un resultado dañoso. Para imputar un resultado como responsabilidad penal, es necesario que ese resultado sea la realización del riesgo específico que el autor creó. Si ese nexo no existe, si hay una cadena causal interrumpida por la conducta autónoma de la propia víctima, el resultado queda fuera del ámbito de protección de la norma.
Zalazar era anestesiólogo y sabía exactamente lo que estaba haciendo
El fallecido sabía lo que hacía cuando se insertó esa vía en el pie. Conocía las propiedades del propofol y el fentanilo con un nivel de precisión que muy poca gente en el mundo tiene. Si tomó la decisión de autoadministrarse esas drogas, tomó también la decisión de asumir el riesgo sobre su propia vida. Eso es lo que la doctrina penal llama autopuesta en peligro, que es cuando la víctima protagoniza libre y conscientemente su propia exposición al daño, por lo que el resultado le pertenece a ella, no a quien facilitó el medio.
Igualmente, si alguien estuvo presente durante la sobredosis y no llamó a la ambulancia, hay otras figuras que podrían entrar en juego, como el abandono de persona del artículo 106, por ejemplo. Y si la presencia de Leclercq y Lanusse en el departamento de Zalazar, registrada por las cámaras del edificio poco después del fallecimiento, derivó en la manipulación del teléfono y en la desaparición del iPad que su hermana vio salir del departamento, eso es potencialmente entorpecimiento de prueba, que es otro delito.
Por ahora, la causa por la muerte de Zalazar corre en el Juzgado N°60 sin imputados, pero las pericias en los dispositivos electrónicos que fueron secuestrados pueden cambiar eso.
Por otro lado, a principios de abril, el enfermero Eduardo Betancourt fue hallado muerto en otro departamento de Palermo. En este caso habrían sido ampollas sin adulterar, pero el dato persiste como inquietud.
Betancourt no tenía vínculos conocidos con Zalazar ni con los imputados de las otras causas, pero si comparten geografía, metodología y el final. Aunque son dos casos abiertos que investigan hechos separados ambos presentan el mismo patrón en pocas semanas, en el mismo barrio, con las mismas sustancias.
Muchas preguntas sin responder pero distintas pistas que siguen apareciendo e incriminan cada vez más a los involucrados en la causa.