Sin margen para tregua ni sosiego alguno, Javier Milei retoma con nuevo impulso la batalla cultural. Es el turno de los empresarios, más conocidos como “empresaurios” en la jerga mileísta.
Nobleza obliga a admitir que, extraviados en la dinámica de las nuevas formas de comunicación digital, algunos connotados referentes de la industria nacional se dejan arrastrar al sincericidio.
Las declaraciones del CEO de la cadena Neumen, Roberto Méndez, van en ese sentido: “Nunca ganamos tanta plata como cuando nos permitieron hacer lo que estábamos haciendo”.
Méndez reconoció que “en algunos momentos las remarcaciones alcanzaron niveles del 70%, superando ampliamente los parámetros habituales de rentabilidad”.
Cabe advertir a los potenciales entrevistados que las extensas conversaciones en podcast y streaming están haciendo estragos. La gente se larga fascinada a la incontinencia verbal y pierde noción del contexto. Las cápsulas o clips que los productores levantan a las redes hacen el resto. Le pasó al mismísimo Mauricio Macri, que aseguró que “hoy un pobre vive mejor que un rey hace 100 años”. Hasta Margarita Barrientos le salió al cruce.
Javier Milei no necesita quien le escriba. Se la ponen en bandeja.
“Hacen del nacionalismo barato una bandera para robar a los argentinos”, les replicó Milei tras tildarlos de delincuentes. Dedos marcados de todos los chorros. Chatarrín y Gomín activaron a full el principio de revelación. VLLC.
Don Chatarrín de los Tubitos Caros, Don Gomita Alumínica y el señor Lengua Floja son solo algunos de los elegidos de la lista. Milei no se priva de degradar a quien elige como señalado de turno. Su mensaje es claramente disciplinador.
Los logros parlamentarios acopiados durante las extraordinarias no alcanzaron a morigerar el modo beligerante que el libertario retomó en un febrero caliente.
Tras la embestida contra el CEO de Techint, Paolo Rocca —cuando este decidió activar el procedimiento antidumping tras haber perdido la licitación de los tubos para el gasoducto Vaca Muerta–Río Negro—, la emprendió contra Javier Madanes Quintanilla por disponer el cierre de la emblemática FATE, a quien acusa de utilizar la movida para presionar por los aranceles del aluminio. Méndez se metió solito en el brete. A pura voluntad. Quiso colaborar, pero no se supo expresar. Necesita alguien que lo asesore.
Otro que se fue de boca fue Mario Grinman, titular de la Cámara de Comercio. La idea de que “muchos vamos a quedar en el camino” y que este es “el precio que hay que pagar para tener una Argentina normal” no fue precisamente bien recibida por los empresarios.
Milei sale a enfrentar las críticas contra la apertura de las importaciones con los tapones de punta. No hay espacio para debate alguno en torno a las medidas económicas y su impacto en el mundo del trabajo y la producción. Si las cosas se desmadran, ya se sabe de quién es la culpa. Los hombres de negocios pasan al frente para encarnar al nuevo enemigo. Son los malos de esta película.
Por aquello de que no hay mejor defensa que un buen ataque, Javier Milei se adelanta estigmatizando a los empresarios. Busca neutralizar el debate que inexorablemente se viene: el relacionado con la caída de los puestos de empleo asociada a la apertura de la economía.
Como en los tiempos de Cristina Kirchner, los nominados se recluyen en el silencio. No atinan a defenderse, temen provocar a las fieras. El mensaje baja claro desde lo más alto del poder. Hay “tabula rasa” para quien se alinee sin objeciones. Para el resto, ni piedad.
Con los sindicalistas, en cambio, el león libertario está en modo benevolente. El Presidente no parece ensañado, al menos hasta aquí, con los dirigentes cegetistas. Indulgencia para con los “sindi garcas”.
El diálogo entre los popes cegetistas y los operadores del Ejecutivo sobrevive a las tensiones del momento.
Más allá de marchas y demostraciones de fuerza, la relación con el sindicalismo cegetista se mantiene en un equilibrio inestable. La controvertida reforma laboral, que la conducción cegetista ha definido como “precarizadora e inconstitucional”, no llega siquiera a rozar la cuota sindical ni los aportes solidarios. La caja está a salvo.
A la hora de negociar, los popes de la CGT se concentraron en la defensa de lo troncal: sostener el poder sindical. Ya se sabe. Sin recursos no hay paraíso. Hace al más elemental sentido común: cuando un avión se despresuriza, los más fuertes se ponen la mascarilla. Con oxígeno suficiente podrán atender a los más débiles. Eso argumentan para justificar la prioridad de paso con la que se aseguraron los ingresos.
El “coloso” tendrá que esperar. La idea de Federico Sturzenegger de aplicarles el sablazo a los sindicalistas, de vaciarles la caja, no está dentro de las prioridades mileístas. En los días que corren se impone el pragmatismo político en sus formas más groseras. Maquiavelo no está muerto, goza de buena salud.
El Gobierno también sabe que para avanzar sin que lo piqueteen necesita interlocutores válidos bajo una conducción clara, y no una representación sindical dispersa y fragmentada. Nada nuevo bajo el sol.
Perdidas las batallas parlamentarias, los que se oponen a la nueva Ley Laboral, trasladan sus refriegas a la Justicia.
La dirigencia cegetista revisa las posibilidades de declarar la inconstitucionalidad de la nueva norma. Mientras establece consultas con constitucionalistas de peso —el caso de Alberto García Lema—, se fija un plazo de 72 horas, a contar desde la aprobación de la ley, para presentar el recurso de inconstitucionalidad. Pretenden ser los primeros en echar mano a esta estrategia. Consideran que son la única organización con volumen político para encarar este tema. Exploran capítulo por capítulo, artículo por artículo, para detectar inconstitucionalidades objetables, tanto en relación con los derechos colectivos como con los individuales.
La afectación del derecho de huelga y la definición acerca de cuáles son los servicios esenciales están al tope de los asuntos por los que se piensa recurrir a la Justicia. La caída de la ultraactividad, la prelación de los convenios por empresa, así como la reglamentación de las asambleas, son cambios que los sindicatos resisten y sobre los que intentarán medidas de no innovar.
La desvinculación de la responsabilidad solidaria de la empresa principal en relación con sus contratistas supone, según la mirada de los representantes gremiales, una clara afectación a los derechos individuales que también se proponen objetar ante la Justicia.
Otro asunto que hace ruido entre los sindicalistas es la creación del FAL. Con un nombre que resuena setentista, porque remite al diabólico Fusil Automático Liviano, el Fondo de Asistencia Laboral es también un tiro por elevación a la matriz ideológica del libertarianismo. Una flagrante contradicción que los cegetistas se deleitan al exponer.
Según sus detractores, el nuevo fondo —que obliga a las empresas a abrir cuentas para financiar las indemnizaciones— no sólo debilita los recursos de la ANSES al redireccionar dineros que hoy van al SIPA, Sistema Integrado Previsional Argentino, hacia el sector privado, sino que también implica una abierta e inédita intromisión del Estado en la relación laboral entre privados.
Milei llega a la apertura de las sesiones ordinarias con muchos logros para exponer, a pesar de las resistencias. Con la oposición sin capacidad de reacción, la interna del kirchnerismo y la resistencia a Cristina Kirchner de buena parte del peronismo, los libertarios se preparan para avanzar con todas las reformas que se proponen.
Prepara su discurso sobre el Estado de la Nación en modo celebratorio. Le sobran argumentos. Llega al segundo tramo de su mandato empoderado. Con el frente opositor desarticulado y montado en el pragmatismo, ha logrado imponer buena parte de las reformas que viene militando y se prepara para ir por más.
Según el último documento del Observatorio de la Deuda Social Argentina de la UCA, la transición es todavía inestable. Se señala que, si bien la estrategia oficial ha logrado estabilizar las variables críticas, recomponer el superávit fiscal, desacelerar la inflación y avanzar en reformas estructurales, la economía sigue transitando una etapa frágil.
El Observatorio advierte que el límite principal del enfoque libertario reside en su bajo impacto sobre la creación de empleo productivo y bien remunerado. Se señala la falta de mecanismos inclusivos de transición y se pone el foco en la desarticulación del entramado productivo existente, lo que amenaza con profundizar la informalidad.
La sola aprobación de la controvertida ley de modernización laboral no garantiza la generación de empleo. El cierre de empresas y la pérdida de puestos de trabajo registrados buscan compensación en el cuentapropismo y el emprendedurismo.
El estudio de la UCA sostiene que la economía crece, pero no el empleo. Este es, probablemente, el desafío más grande que tiene que enfrentar el gobierno de Milei en el segundo tramo de su mandato.
La macro puede ordenarse y el relato puede imponerse a fuerza de ruido y escarnio disciplinador. Pero sin inversión no hay empleo y sin empleo no hay modelo sostenible ni paciencia social infinita.
Convertir a los empresarios en el nuevo enemigo funcional puede servir para ganar tiempo y garantizar silencios, pero no crea puestos de trabajo ni recompone el tejido productivo. El problema no es la confrontación: es negar el debate de fondo.
Si la economía crece y el empleo se destruye, la batalla cultural pierde sentido y consistencia, deja de ser una cruzada épica para terminar en mera coartada.