Milei vuelve de Davos con los ánimos recargados, luego de un bálsamo de popularidad. El Presidente, tan afecto a los reconocimientos, las exaltaciones narcisistas y las actitudes auto-celebratorias, disfrutó su protagonismo internacional.
Más aún en un contexto donde no solo su alineamiento político sino su sintonía personal con Donald Trump le da cada vez más visibilidad global, aunque a expensas de un compromiso que parece horadar muchos de los principios que -con los matices de los diferentes gobiernos- supieron apuntalar la política exterior argentina: la apuesta por el multilateralismo y la activa participación en las organizaciones del sistema de la ONU, la no injerencia en los asuntos internos de otros países, y el compromiso con la paz.
Lo cierto es que tras la incursión internacional del Presidente, el oficialismo ajusta su estrategia parlamentaria de cara a una segunda etapa de sesiones extraordinarias en el Congreso que tendrá como eje central la discusión de la ley de reforma laboral. Y, muy probablemente, en el marco de este “veranito” en donde el gobierno libertario parece usufructuar un clima caracterizado por la pax cambiaria, el dominio casi absoluto de la agenda ante la profunda crisis del peronismo, los altos niveles de aprobación de gestión y la relación “privilegiada” con los Estados Unidos, hay muy altas probabilidades de que consiga la aprobación de una reforma que le fue esquiva a todos sus antecesores no peronistas desde el retorno a la democracia.
Sin embargo, conforme se sequen las hojas de los árboles y los plúmbeos cielos que caracterizan el otoño comiencen a asomar, el Gobierno habrá de enfrentarse inevitablemente a algunos desafíos e interrogantes aún no resueltos, y a una potencial conflictividad que se encuentra solapada por la combinación de los factores descriptos.
En este sentido, al igual que otros gobiernos, Milei se enfrentará al temido síndrome del tercer año. Y si bien es cierto que -a priori- su gobierno luce mejor pertrechado para ello que el de, por ejemplo, Mauricio Macri, no deja de constituir un desafío importante para un gobierno que suele festejar de antemano y embriagarse con victorias provisionales. Como particularidad para este 2026, y a diferencia de lo ocurrido durante sus dos primeros años de mandato, las amenazas que se ciernen en el horizonte libertario no provienen ya de la política sino de la economía.
Tras terminar el año acatando las “recomendaciones” del FMI y otros actores del establishment financiero internacional respecto a las modificaciones en el sistema de flotación para morigerar el atraso cambiario así como a la necesidad de comenzar a acumular reservas, el Gobierno comienza el 2026 con un escenario de calma cambiaria, aunque asentada en un frágil equilibrio.
El regreso del tan mentado carry trade es, sin dudas, una clara evidencia de ello. La apuesta por este mecanismo que, al incentivar las colocaciones en pesos y desalentar la dolarización, oficia transitoriamente como herramienta para contener el dólar y la inflación, tiene como contracara la convalidación de altísimas tasas que encarecen el crédito y comprometen la recuperación económica.
El telón de fondo de esta nueva apuesta por el carry trade es, fundamentalmente, el de una inflación que en diciembre alcanzó un pico del 2,8% mensual, encadenando 7 meses consecutivos de suba tras el piso del 1,5% alcanzado en mayo del año pasado, aún en un escenario de dólar contenido y escaso nivel de actividad. Preocupa, incluso, el hecho de que la inflación núcleo haya alcanzado el 3%, lo que da cuentas no solo de que la batalla de la inflación no está ganada, sino que el proceso de desinflación no será ni tan fácil ni tan rápido como prometió Milei.
Los costos de este precario equilibrio se manifiestan con mayor crudeza en la economía real, donde la actividad volvió a estancarse en el último trimestre -con caídas en industria y construcción-, un salario real que enfrenta límites para crecer sin provocar apreciación cambiaria, y un panorama del empleo que comienza a mostrar signos preocupantes de empeoramiento.
Si bien es cierto que el desempleo se recuperó el año pasado frente a un 2024 en el que había alcanzado el 6,9% en el tercer trimestre, ya muestra un empeoramiento en comparación con 2023: en el tercer trimestre del año pasado fue del 6,6%, frente al 5,7% de 2023. Con un agravante que es consistente con el cierre de empresas y pérdida de empleos formales que dan cuenta tanto indicadores públicos como informes privados: el crecimiento del cuentapropismo y la informalidad.
Todo ello, agravado por las políticas de apertura indiscriminada que llevó a que en 2025 las importaciones crecieran casi 3 veces más que las exportaciones. Y si bien la balanza exterior continua siendo superavitaria gracias al aporte del sector energético, minero y agroindustrial, se trata de actividades de escasa mano de obra intensiva.
Así las cosas, ante un escenario que parece acotar el margen para una reactivación económica más firme, pareja desde el punto de vista sectorial y palpable en el bolsillo de la gente, el Gobierno enfrentará este año un triple dilema que cada vez resulta más difícil de sostener: engrosar las reservas, continuar con el proceso de desinflación y comenzar a crecer. Tres objetivos que no pueden alcanzarse al mismo tiempo, al menos en un corto plazo en donde cualquier combinación que intente privilegiar alguno de estos objetivos acaba por tensionar inevitablemente a los otros.