La Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático 2025 o COP30, celebrada en Belém, Brasil en noviembre último, marcó un hito simbólico: el décimo aniversario del Acuerdo de París y la primera revisión completa de los compromisos climáticos nacionales, conocidos como Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional (NDC). Esta edición, denominada la “COP de la Implementación”, buscó pasar de las negociaciones a la acción, integrando inclusión social, protección de ecosistemas y soluciones tecnológicas. El escenario amazónico reforzó la importancia de la biodiversidad y la participación de comunidades indígenas en la agenda climática.
Entre los resultados más relevantes, se adoptaron indicadores voluntarios para medir avances en la Meta Global de Adaptación, aunque persisten vacíos sobre su financiamiento. El texto final “llama” a triplicar los fondos para adaptación hacia 2030, sin establecer una hoja de ruta clara ni compromisos vinculantes. En paralelo, se lanzó el Belém Action Mechanism (BAM), un marco que incorpora principios de justicia social y derechos humanos en la transición energética, garantizando la participación de comunidades indígenas y afrodescendientes. Además, el Belém Health Action Plan introdujo por primera vez un plan global para integrar la salud en la adaptación climática, con respaldo financiero internacional y enfoque regional para América Latina, reconociendo que los impactos del cambio climático sobre la salud —como olas de calor, enfermedades vectoriales y eventos extremos— requieren respuestas coordinadas.
En materia de mercados de carbono, hubo avances técnicos en el Artículo 6, pero se pospuso la definición de metodologías basadas en naturaleza hasta 2026. El texto final evitó incluir la eliminación de combustibles fósiles, aunque 80 jurisdicciones se comprometieron voluntariamente a trabajar en una hoja de ruta, lo que envía una señal política relevante. Por otro lado, la COP incluyó por primera vez a la naturaleza como eje central, reconociendo su rol en mitigación y adaptación. El lanzamiento del Tropical Forest Forever Facility (TFFF), con 6.500 millones de dólares para proteger ecosistemas, es una señal de que la protección de ecosistemas y la participación de comunidades indígenas se consolidan como prioridades. La protección de ecosistemas y la participación de comunidades indígenas se consolidan como prioridades. Sin embargo, la ausencia de una hoja de ruta contra la deforestación y la postergación de metodologías para créditos basados en naturaleza hasta 2026 muestran que los avances son parciales.
Otro hito fue la presentación del Global Circularity Protocol, que invita a las empresas a incorporar métricas circulares en sus modelos de negocio. La circularidad, junto con la gestión hídrica —que la COP posicionó como pilar de resiliencia—, se convierte en un diferenciador competitivo.
Adicionalmente, la tecnología emergió como protagonista en Belém. La inteligencia artificial se perfila como herramienta para acelerar la descarbonización, optimizar redes eléctricas y mejorar la eficiencia en procesos industriales. Sin embargo, su despliegue implica trade-offs energéticos que exigen gobernanza y evaluación de impactos.
¿Cuáles son las implicancias de estos acuerdos y programas para nuestra región? En primer lugar, el balance global de las NDC presentadas hasta el momento fue contundente: el mundo seguirá un camino hacia un aumento de temperatura cercano a 2,5°C, lo que subraya la urgencia de acelerar la acción climática. En este contexto, las presiones por la mitigación se incrementarán en los próximos años. Las empresas que desarrollen planes de transición alineados a las NDC podrán acceder a capital internacional y reducir riesgos regulatorios. En paralelo, la presión por integrar riesgos climáticos en las valuaciones financieras se intensifica. Las compañías deberán incorporar el costo de la inacción en sus decisiones estratégicas, lo que impactará en fusiones, adquisiciones y acceso a crédito. Este escenario plantea un importante desafío que requerirá articular esfuerzos público-privados y desarrollar mercados de carbono locales que permitan monetizar la reducción de emisiones.
Adicionalmente, la inclusión de la naturaleza como eje central y el lanzamiento de mecanismos como el BAM y el TFFF son señales claras de que la protección de ecosistemas será prioritaria. Para América Latina, donde la biodiversidad es un activo estratégico, esto implica tanto oportunidades como riesgos: los países y empresas que lideren mecanismos innovadores de financiamiento para conservar bosques y océanos podrán atraer capital y mejorar su reputación global. Además, la integración de salud y clima mediante el Belém Health Action Plan abre un nuevo frente: vincular políticas sanitarias con adaptación climática, clave para sectores como agroindustria, energía e infraestructura.
Y, por último, el posicionamiento de la IA como una herramienta para acelerar la transición energética y la descarbonización abre oportunidades para startups y corporaciones tecnológicas en América Latina, especialmente en soluciones de monitoreo, trazabilidad y gestión de datos climáticos.
La COP30 confirmó que la acción climática debe ser integral y acelerada. Para América Latina y Argentina, el reto es doble: cerrar brechas de financiamiento y gobernanza, y escalar soluciones con cooperación multisectorial. Las empresas que actúen ahora podrán acceder a capital, reducir riesgos y liderar la transición hacia un modelo sostenible. El futuro será sustentable, digital y resiliente, pero solo para quienes se anticipen.
El autor es Director de Servicios de ESG en KPMG Argentina