La más reciente Cumbre del Mercosur dejó un saldo político ambiguo. Por un lado, confirmó la voluntad de los países miembros de sostener la institucionalidad del bloque y preservar los espacios de diálogo regional, aún en un contexto de tensiones internas y agendas divergentes. La asistencia de los presidentes, incluida la decisión de último momento de Argentina de participar, funcionó como un gesto político relevante en favor de la continuidad del Mercosur como marco de coordinación regional. Sin embargo, ese mensaje positivo quedó eclipsado por un revés de mayor peso: una nueva postergación de la firma del acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea, desplazada formalmente hacia enero de 2026 tras la falta de consenso dentro de la UE.
El anuncio de que el acuerdo no se firmaría durante esta cumbre —cuando había sido presentado como el eje central y el principal logro político-diplomático de Brasil— expuso con claridad las limitaciones actuales del proceso. “La resistencia de Francia e Italia refleja la creciente dificultad europea para lograr mayorías internas en materia comercial”, incluso después de 25 años de negociaciones.
El principal obstáculo volvió a situarse del lado europeo. La negativa a avanzar con la firma respondió, en esta oportunidad, a la falta de consenso interno dentro de la Unión Europea, en particular por la oposición de países como Francia, Italia, Hungría y Polonia, cuyas posiciones resultaron determinantes para bloquear la aprobación del acuerdo en el Consejo Europeo. Concretamente, fueron las presiones de grupos económicos que reclaman instrumentos de protección comercial frente a eventuales importaciones sudamericanas los que incidieron de manera directa en la definición de las posturas nacionales.
Las manifestaciones de agricultores que colapsaron Bruselas días atrás ofrecen un ejemplo concreto de esta dinámica: cientos de tractores y protestas masivas reclamaron resguardos frente a la eventual llegada de productos sudamericanos considerados más competitivos o con estándares distintos, presionando a los gobiernos a endurecer sus posiciones.
Este clima político, acompañado por la consecuente aprobación de reglas provisorias orientadas a proteger al sector agrícola europeo, termina de confirmar que las prioridades domésticas hoy pesan más que la construcción de consensos externos de largo plazo, dejando a la Unión Europea con un margen cada vez más acotado para asumir compromisos comerciales amplios y perdurables.
Del lado sudamericano, el desgaste político se hace evidente. “La falta de resultados tangibles alimenta los argumentos de quienes proponen una mayor apertura alternativa” hacia otros mercados —como China o EE. UU.— y una revisión de las prioridades estratégicas del Mercosur, para no quedar atados indefinidamente a socios que no logran consolidar sus propios acuerdos. Esta dinámica podría reconfigurar las agendas comerciales de la región, incentivando negociaciones más pragmáticas –incluso bilaterales– frente a los estancamientos multilaterales prolongados.
Si el acuerdo finalmente no logra concretarse en enero, este revés puede operar como una bisagra. El retraso en la firma no solo erosionó la narrativa de éxito diplomático que Brasil buscaba, sino que también expuso las tensiones entre prioridades internas y compromisos de larga data en la escena global.
En un escenario global marcado por el debilitamiento del multilateralismo comercial y el avance de estrategias más fragmentadas y pragmáticas, el Mercosur sigue enfrentando el desafío de redefinir su rumbo. La pregunta que queda abierta hoy es si el bloque será capaz de adaptarse al cambio de época, preservando intereses nacionales, o si seguirá atrapado en negociaciones que ya no reflejan las prioridades ni las dinámicas del comercio internacional del siglo XXI.