Durante años, desde distintos espacios de gestión y trabajo territorial, he podido observar una realidad que persiste silenciosa en nuestro país: miles de personas siguen sin acceder a su Documento Nacional de Identidad (DNI). No figuran en ningún registro y, por lo tanto, no existen administrativamente. Esta invisibilidad los margina del sistema educativo, la salud pública y el empleo formal, condenándolos a la precariedad total.
Hoy, celebro que el Ministerio de Capital Humano, bajo la conducción de Sandra Pettovello, haya decidido avanzar de manera concreta en la aplicación de la Ley 27.654. Esta medida, articulada con el Registro Nacional de las Personas (RENAPER), dirigido por Pablo Santos, y la Subsecretaría de Promoción Humana, a cargo de Martín Lepera, es un giro fundamental. La Ley 27.654 no es un simple trámite; reconoce que la identidad es el primer paso hacia la inclusión, y su artículo 7 establece medidas precisas para garantizar este derecho primario en todo el territorio nacional.
Desde mi rol como Director de Planeamiento y Fiscalización de Centros de Documentación y con la experiencia de años trabajando en políticas públicas, puedo afirmar que el principal obstáculo para la eficacia no es la falta de recursos, sino la endémica falta de datos confiables.
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En mi libro Apuntes desde la calle demuestro con claridad cómo, solo en la Comuna 3 de la Ciudad de Buenos Aires, los relevamientos independientes duplican sistemáticamente las cifras oficiales de personas en situación de calle o sin documentación.
“Esta brecha entre los números del papel y la realidad del territorio es mucho más que un error estadístico: es la causa principal de la ineficacia de incontables políticas sociales.” No medir correctamente el problema es no reconocerlo, y sin reconocimiento no hay solución. La negación estadística se traduce, inevitablemente, en negación social.
Por eso, el cumplimiento de la Ley 27.654 no es solo una obligación legal, sino también un compromiso ético y humano ineludible.
Cada persona que obtiene su DNI recupera algo más que un plástico: recupera su identidad, su historia, su nombre y, fundamentalmente, su derecho a existir frente al Estado. “Detrás de cada número hay un rostro, una historia y una esperanza renovada.”
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El trabajo que estamos llevando adelante junto al Ministerio de Capital Humano y al RENAPER apunta precisamente a este objetivo: a construir un país donde nadie quede fuera por no estar contado. Y eso comienza, simplemente, por reconocer que la identidad no es un privilegio, sino el derecho que hace posible el ejercicio de todos los demás.